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El 90% de los bonistas y acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) firmaron un acuerdo de colaboración para oponerse al Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) propuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF) y negociar una potencial transacción monetaria que ponga fin a la bancarrota de la corporación pública.

El acuerdo de colaboración fue notificado a la jueza Laura Taylor Swain a través de una moción conjunta presentada por los grupos que originalmente rechazaron el plan -incluyendo a las firmas GoldenTree Asset Management, Syncora Guarantee, la National Public Finance Guarantee Corporation y Assured Guaranty- y los bonistas del grupo Ad Hoc que había alcanzado un acuerdo con la junta fiscal, entre los cuales figuran las firmas BlackRock Financial Management Inc. y Nuveen Asset Management LLC.

EL VOCERO supo que precisamente fueron los despidos presidenciales en la junta fiscal lo que precipitó la determinación del grupo Blackrock para unirse al bando opositor al PAD.

“El grupo Blackrock había concretado un acuerdo separado al resto de los bonistas con la versión previa de la junta fiscal, lo cual fue utilizado para ejercer presión a los opositores al plan para aceptar términos”, planteó una fuente de este medio que solicitó permanecer en el anonimato.

En ese sentido, la analista de mercado de bonos y quiebra, Cate Long, señaló que uno de los aspectos que hacen “inconfirmable” la quinta versión enmendada del PAD que fue presentada ante la corte de quiebras en marzo del 2025 es que se pretende ofrecer una mayor recuperación de su inversión a los bonistas representados por BlackRock y Nuveen que al resto de los acreedores.

“Ahora que el presidente Trump despidió a la mayoría de los miembros de la junta fiscal que llegaron a ese acuerdo, es probable que BlackRock y Nuveen vieron el ‘writing on the wall’ (lo escrito en la pared) y se dieron cuenta de que estarán en una mejor posición al unirse con el resto de los bonistas opositores al PAD”, sostuvo Long.

Para el licenciado John Mudd, especialista en procesos de quiebras, la movida era de esperarse a consecuencia de la determinación del presidente estadounidense Donald Trump de despedir a seis de los siete integrantes del ente de supervisión financiera.

Dijo que el cambio de parecer de los mencionados grupos de bonistas muy bien podría representar un golpe fatal para las posibilidades de confirmación del plan fiscal que impulsa la JCF.

Sin embargo, Mudd recalcó que el futuro de la propuesta dependerá de la nueva composición del ente creado en 2016 por el Congreso estadounidense con la aprobación por parte del Congreso federal de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa).

“No hay indicación de cuándo Trump nombrará a la nueva junta, pero probablemente Swain esperará a que los nombre, por lo que se atrasará aún más el final de la quiebra de la AEE”, advirtió Mudd.

Cambia el panorama

Mientras que el presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE (Ajaee), Johnny Rodríguez Ortiz, dijo que el nuevo frente común integrado por la gran mayoría de bonistas “cambia totalmente el panorama”.

“Algo tienen que estar tramando porque para que estas personas (BlackRock y Nuveen) dejen lo que ya tenían en mano para tirarse a lo desconocido; simplemente no cuadra. Debe conocer de antemano que esta nueva junta va a darle un buen pellizco al fondo de emergencia del gobierno (central) y el resto de los sobre $12,000 millones que están pidiendo se terminará financiando con un aumento de entre seis a ocho centavos por kilovatio hora por los próximos 50 años”, reclamó Rodríguez Ortiz.

En ese sentido, el líder de la Ajaee mostró preocupación de que una potencial transacción monetaria con los bonistas conlleve una reducción en el pago de las pensiones y recortes en beneficios marginales.

“El consenso es que esta nueva junta viene a resolver a la brevedad posible la quiebra”, insistió.

Limitado el campo de acción de la junta

El pacto de cooperación entre bonistas establece que “las partes han determinado de manera independiente a la fecha de efectividad (del acuerdo) que se oponen al plan incluyendo y no limitado los distintos tratos propuestos de bonos” y “que no tienen la intención de apoyar, asistir, unirse, participar o votar a favor del plan de ajuste en su forma actual”.

Asimismo, el acuerdo establece que los bonistas podrán continuar participando en la mediación ordenada por la corte de quiebra, negociaciones y discusiones con la junta fiscal.

“Las partes desean y están comprometidas para trabajar de manera colaborativa y colectiva con respecto a cualquier discusión o negociación relacionada a propuestas presentadas por la compañía (AEE) o la JCF para una potencial transacción y su oposición al plan que permita una negociación más efectiva y preservar sus derechos de reclamación”, reza el acuerdo.

El compromiso de trabajar como un frente común limitará la capacidad de la junta fiscal de negociar y alcanzar acuerdos específicos con grupos particulares de bonistas, tal y como había hecho en el pasado para alcanzar el apoyo de poco más del 40% de los acreedores.

Al ser cuestionada sobre el impacto del acuerdo de colaboración de la amplia mayoría de los bonistas, la junta fiscal se limitó a expresar que “nuestra posición se refleja en el informe de situación que presentamos ayer (lunes) ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos.

Solicitan paralización

En dicho reporte, el organismo de supervisión indicó a la corte que, a pesar de que apenas cuenta un solo integrante activo, se encuentra en posición para continuar con caso de la bancarrota de la corporación pública que solo tiene una litigación activa en estos momentos: la reclamación por gastos administrativos presentada por los opositores al PAD y que incluye sobre $3,700 millones de alegados ingresos netos utilizados para defender a la corporación pública.

“Los asuntos legales presentados como parte de la reclamación de gastos administrativos y sus correspondientes objeciones fueron argumentadas ante la corte el 23 de julio del 2025, por lo que se encuentran ‘sub judice’ (bajo consideración del tribunal)”, mencionó la JCF, que además se expresó a favor posponer el proceso hasta que Trump haga los nombramientos.

En la tarde de ayer, las firmas GoldenTree Asset Management, Syncora Guarantee, la National Public Finance Guarantee Corporation y Assured Guaranty solicitaron a la corte la paralización de su reclamación por gastos administrativos hasta que el presidente Trump no nomine a los nuevos integrantes a la JCF.

Con respecto a otros asuntos pendientes en casos del Título III de la Ley Promesa, incluyendo reconciliaciones y otras controversias, al igual que otros aspectos de la bancarrota de la AEE, la junta fiscal afirmó que “dichos asuntos pueden y deben proceder su curso normal”.

Gobierno continuará negociando

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Francisco Domenech Fernández, insistió en que el cambio de postura de BlackRock y Nuveen no cambia la postura del gobierno en cuanto al manejo de la bancarrota de la AEE.

“Vamos a continuar sosteniendo conversaciones con todas las partes envueltas en el proceso de Titulo III de la AEE para llegar a un acuerdo que provea para una red eléctrica estable y que funcione, con el menor impacto posible a la tarifa que pagan los consumidores”, declaró el también secretario de la Gobernación.

FUENTE: El Vocero