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El equipo de mediadores a cargo de la negociación en el caso de la bancarrota de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), confirmó a la jueza federal Laura Taylor Swain, que a pesar de que durante las pasadas semanas la Junta de Control Fiscal (JCF) estuvo compuesta por un solo integrante -John E. Nixon- las discusiones continuaron entre las partes.

La aseveración surgió en respuesta a las preocupaciones esbozadas por la representación legal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), en cuanto al pago mensual de honorarios por servicios de consultoría y asesoría durante espacios de tiempo en los que no se lleva a cabo mediación conducente a una resolución al caso.

“El mediador principal (el juez Brendan L. Shannon), explicó a los abogados de Aafaf que, a pesar de la incertidumbre actual con respecto a la composición de la junta fiscal, el equipo de mediación y su asesor financiero PJT Partners, han continuado adelantando, entre otras cosas, el sostener discusiones con varias de las partes y realizado otros análisis y labores necesarias”, informó la jueza retirada Shelley C. Chapman, quien también forma parte del ente asignado por Swain para la mediación.

En ese sentido, Chapman añadió que las conversaciones con las partes “se están llevando a cabo tanto en persona como a través de (la plataforma) Zoom y que reuniones adicionales han sido calendarizadas para las próximas semanas”.

“Este trabajo continuo se lleva a cabo con la meta de permitir que el equipo de mediación esté listo para trabajar con una nueva composición de la junta fiscal tan pronto sea constituida”, destacó Chapman.

Controversia por despidos

Cabe destacar que el viernes pasado, la jueza federal del Distrito de Puerto Rico María Antongiorgi Jordán ordenó a la administración del presidente Donald Trump a restituir a tres de los seis integrantes que el primer ejecutivo destituyó de la JCF -Arthur González, Andrew G. Biggs y Betty A. Rosa- al determinar que sus despidos fueron contrarios a la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa).

“La corte tiene un tremendo respeto por la oficina del presidente. Más allá de esto, Promesa otorga al presidente autoridad significativa al otorgarle el poder de remover a algún miembro de la junta. Esta provisión estatutaria, sin embargo, también limita su discreción, ya que despidos que no sean por una causa no son legales bajo la Ley (Promesa)”, sentenció la jueza Antongiorgi Jordán.

La togada recalcó que el presidente debe establecer el estándar más alto de la nación, no solo haciendo cumplir la ley, sino también manteniendo dentro de los límites que estos estatutos fijen.

“Cuando un presidente ignora la ley, los cimientos de la democracia comienzan a quebrarse. Una democracia fuerte descansa en una vigilancia constante para asegurar que sus líderes sigan las reglas que juraron defender. En este caso, el presidente intentó remover a los demandantes de la junta fiscal sin siquiera intentar articular una ‘causa’. Dicha acción fue claramente contraria a la ley”, sostuvo Antongiorgi Jordán.

Levantan bandera por pago de honorarios

En cuanto a la preocupación expresada por Aafaf sobre el pago de honorarios por consultoría durante la mediación, el señalamiento surgió en respuesta a la solicitud presentada por la junta fiscal a nombre del equipo de mediación para extender la vigencia de los negociadores en el caso hasta el 1 de abril del 2026.

En el escrito por medio del cual se pidió a la corte la extensión de tiempo, se especificó que “Aafaf no objeta la extensión de la mediación o de su principal mediador, sin embargo, Aafaf está preocupada sobre continuos honorarios mensuales mientras no hay asuntos mediados. Aafaf solicita que los honorarios sean pausados hasta que reinicie la mediación y la revisión de los honorarios a pagar”.

En mayo la jueza Swain dio el visto bueno a la contratación de PJT Partners por parte del equipo de mediación para ofrecer servicios de asesoría a una tarifa que asciende a $1 millón mensuales. Dicha propuesta solo fue objetada por el Comité Oficial de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés).

A raíz de los despidos en la junta fiscal, la controversia con relación a la reclamación por gastos administrativos ascendente a $3,700 millones presentada en abril 7 de 2025 por los bonistas opositores al Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) se encuentra paralizada por la corte.

Tras las cesantías, el 90% de bonistas y acreedores de la corporación pública firmaron un acuerdo de colaboración para oponerse al plan propuesto por la JCF para reestructurar la deuda de la AEE y, en cambio, buscar una potencial transacción monetaria que ponga fin a la quiebra.

La próxima vista ómnibus sobre los procesos bajo la Ley Promesa del gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades está pautada para el próximo 22 de octubre.

FUENTE: El Vocero