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Washington D.C. - Ocho semanas después que iniciara los despidos en la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el presidente Donald Trump mantiene las seis vacantes que creó, lo que ha dejado en el limbo el mismo proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cuya lentitud cuestionó.

“Es raro que sacara a toda esa gente sin un plan para reemplazarlos”, comentó el profesor de Quiebras de la Escuela de Derecho de la Universidad de Indiana Alvin Velázquez, quien presidió el Comité de Acreedores no Asegurados durante el proceso de reestructuración de la deuda del gobierno central.

En medio de la presión de un grupo de bonistas que objetó el Plan de Ajuste de la deuda de la AEE, Trump destituyó, el 1 de agosto, a cinco integrantes de la JSF, que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico.

Al anunciar las primeras destituciones, hace unos dos meses, la Casa Blanca cuestionó el tiempo que ha tomado reestructurar la deuda de la AEE, la efectividad del ente fiscal, el gasto general de más de $2,000 millones y que no haya detenido la corrupción en el gobierno de Puerto Rico.

Inicialmente, Trump despidió al entonces presidente del ente fiscal, el exjuez de Quiebras Arthur Gonzalez; a la educadora Betty Rosa, comisionada de Educación de Nueva York; al inversionista Juan Sabater; al ejecutivo Luis Ubiñas; y al expresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico Cameron McKenzie.

Doce días después, destituyó a Andrew Biggs, experto del grupo de estudio conservador American Enterprise Institute (AEI), un día después que criticara los despidos de sus excolegas.

El único miembro actual de la Junta es John Nixon, recomendado por el liderato republicano del Congreso.

Hace una semana, Biggs, Gonzalez y Rosa presentaron una demanda, en el Tribunal Federal de San Juan, en la que sostienen que sus despidos fueron ilegales, por entender que la ley Promesa requiere justa causa y que el poder sobre el ente fiscal corresponde al Congreso, debido a que el Tribunal Supremo estadounidense determinó que son funcionarios “territoriales”.

La ley Promesa permite al presidente de Estados Unidos, si decide no enviar los nombramientos al Senado, seleccionar directamente un integrante de la JSF y escoger el resto de recomendaciones de los líderes del Congreso: dos de listas del líder de la mayoría del Senado; dos sugeridos por el presidente de la Cámara baja; uno propuesto por el líder de la minoría del Senado; y otro por el líder de la minoría de la Cámara baja.

No está claro si el presidente Trump aguardará a que se resuelva la demanda judicial presentada por los tres exdirectivos de la JSF para comenzar a anunciar nombramientos.

En teoría, no debe tener problemas para designar, al menos, al directivo que puede nombrar directamente bajo el método alternativo que se ha seguido en ediciones anteriores de la JSF, el cual sustituiría a Sabater.

“No es que al presidente Trump se le conozca por su respeto a las cortes, pero me imagino que esperaría, por lo menos, a una decisión del Tribunal Federal de Distrito. Uno de los remedios que piden es que se les restituya”, dijo el abogado y economista Sergio Marxuach, director de Política Pública del grupo de estudio del Centro para una Nueva Economía (CNE).

Hace unos días, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries (Nueva York), dijo a preguntas de El Nuevo Día que la Casa Blanca no le ha consultado en torno al nombramiento que puede recomendar.

“Me parece que le están dando la consideración necesaria para nombrar personas que van a ejercer poderes plenarios congresionales a nombre del pueblo americano… La ley requiere insumo del Congreso. Entiendo que es la única junta que requiere eso”, indicó Javier Ortiz, estratega republicano.

La gobernadora Jenniffer González, durante sus reuniones de este mes en Washington D.C., no mostró preocupación con la lentitud de Trump en darle forma a la edición 4.0 de la JSF debido a que los candidatos “tienen que pasar por un proceso de investigación”, que incluye examinar su historial profesional y personal.

En ese sentido, la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli, no había descartado que Trump esperara a octubre para hacer sus designaciones.

La sacudida de agosto en la JSF, que le permitiría a Trump tener cinco de siete miembros propuestos por republicanos, coincidió con una campaña de bonistas liderados por Golden Tree Asset Management –en la que fue clave la activista ultraconservadora Laura Loomer, quien se reunió con el presidente de Estados Unidos una semana antes de los primeros cinco despidos– en contra de la oferta de la JSF hacia los acreedores y los gastos del ente fiscal.

Pero la decisión ha dejado en el aire el proceso de reestructuración de la deuda de la AEE, debido a que la ley Promesa requiere, al menos, cinco votos para la JSF poder aprobar un nuevo Plan de Ajuste.

Con el proceso sobre la deuda de la AEE en pausa, que ha costado más de $400 millones, en las últimas semanas, la JSF, bajo la dirección de Nixon, ha estado dedicada a hacer ajustes presupuestarios y administrativos en el gobierno de Puerto Rico.

También tiene pendiente decidir si autoriza el pacto del gobierno de Puerto Rico con New Fortress Energy (NFE) para el suplido de gas natural licuado (LNG, en inglés), que tendría una extensión de siete años y asciende a $4,000 millones. Un contrato anterior, a 15 años y a un costo de $20,000 millones, había sido frenado por el ente fiscal.

Demócratas del Congreso –al igual que Biggs y el expresidente de la JSF David Skeel– han expresado preocupación de que el presidente Trump quiera tener una Junta que defienda a los bonistas y promueva un Plan de Ajuste que obligue a pagar tarifas mucho más altas de electricidad, que frenen cualquier posibilidad de mejorar la economía de Puerto Rico.

El Plan de Ajuste propuesto por la JSF hubiese permitido pagar $2,600 millones de la deuda de la AEE, que por concepto de bonos asciende a $8,500 millones, pero que ha sido combatido por bonistas como Golden Tree, que aspiran a un pago de $12,000 millones incluyendo intereses.

“La Junta siempre ha sido política, pero el mito era que iba a ser independiente para que tomara las decisiones que los políticos (de Puerto Rico) no quieren tomar. Pero, ahora (abren la puerta) a una Junta que proteja a los bonistas”, dijo el profesor Velázquez.

Ante la falta de poder del integrante de la JSF Nixon para avanzar la reestructuración de la deuda de la AEE, Velázquez se pregunta si el gobierno de Puerto Rico pudiera tratar de reclamar la representación de la empresa pública ante el tribunal de bancarrota territorial que encabeza la jueza Laura Taylor Swain.

“En Derecho Laboral, se debate si en un caso en el que la Junta Nacional del Trabajo no tiene quorum, los estados pueden gobernar esos asuntos. Aquí –en el caso de la ley Promesa–, el asunto es nuboso, pero debería traerse la pregunta”, indicó Velázquez.

Fuente: El Nuevo Día