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La confección de una nueva Junta de Control Fiscal (JCF) afín a grupos de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que reclaman un pago de sobre $12,000 millones podría echar por la borda la versión enmendada del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) propuesto a principios del 2025, y que establecía que la economía de la isla no aguanta aumento tarifario alguno para servicio de la deuda.

El asesor legal de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, Juan José Jiménez Lizardi, expresó su preocupación sobre el impacto que tendrá en el caso de la bancarrota de la AEE los despidos de cinco de los siete integrantes del ente de supervisión congresional.

“Nuestra preocupación es que una nueva junta fiscal quiera revisar el PAD con la meta de resolver la quiebra inmediatamente con un acuerdo favorable a los bonistas. El cálculo que se hizo con el último plan fiscal de la Autoridad apuntó a que no hay ingresos netos y que el dinero que se recaude a futuro debe ser destinado a mejoras operacionales y los gastos esenciales. Se tendría que hacer una gimnasia mental de cálculos para sostener lo contrario”, comentó.

Jiménez recordó que uno de los argumentos esbozados por los grupos de bonistas que se oponen al PAD como parte de su reclamación por gastos administrativos presentada a principios de 2025 es que cualquier mejora a la red eléctrica debe llevarse a cabo después de saldar la deuda.

“Las mociones del reclamo de gasto administrativo, que es otra herramienta legal que están utilizando los bonistas para alargar el proceso es que el deudor simplemente tiene que estar bien para operar y cualquier cosa por encima de ese mínimo son mejoras que no deberían deducirse del pago de la deuda”, abundó.

Durante la pasada vista ómnibus de los procesos bajo el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa), los bonistas denunciaron que la AEE ha utilizado parte de los alegados ingresos netos para gastos no operacionales, incluyendo $700 millones invertidos en tres proyectos de mejoras.

Ante las discrepancias evidenciadas durante la vista, la jueza Laura Taylor Swain ordenó a las partes a continuar las discusiones bajo el proceso de mediación de manera que para el 25 de agosto presenten un reporte conjunto que incluya propuestas sobre metodología, alcance y calendario para discutir la controversia.

“Debido a que todavía es un caso del Título III como proceso de quiebra, cualquier acuerdo que lleguen las partes todavía requerirá de un PAD, sin embargo, si una nueva junta está dispuesta a conceder todos los reclamos de los bonistas y acelerar el proceso vendría entonces una enmienda al plan con el que los bonistas estén satisfechos y se movería todo a una vista de confirmación donde el rol de la jueza es determinar si el acuerdo es viable o no”, explicó Jiménez.

Al zafacón acuerdos previos

Por su parte, el abogado especializado en casos de quiebras, el licenciado Rolando Emanuelli Jiménez, mencionó que para llevar ante la jueza Laura Taylor Swain una resolución consensuada entre bonistas y la junta fiscal, primero tendrán que enmendar tanto el plan fiscal certificado y el presupuesto de la AEE, ya que estos números establecen que no hay espacio para el servicio de la deuda.

“Posiblemente, también tendrían que deshacer todos los acuerdos previos con grupos de bonistas como BlackRock y los prestamistas de líneas de combustible de la AEE y establecer un solo acuerdo global porque de lo contrario enfrentarían problemas de confirmación si son acuerdos individuales”, agregó.

Ambos indicaron que, en caso de haber un acuerdo entre bonistas y la JCF para tranzar la bancarrota de la corporación pública, se daría un mayor desbalance en sala al que hubo durante las vistas de confirmación del 2024, cuando los tiempos que tuvieron para argumentar en sala del Sistema de Retiro de Empleados de la AEE y el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) fueron comparativamente menores a los de los bonistas.

“En el caso de no tener un representante legal que nos defienda, habrá que buscar maneras de seguir interviniendo, porque no podemos dejar que la AEE sea amarrada con un chaleco de fuerza a que por 50 años no pueda utilizar sus ingresos para mejoras y trabajos en su red”, advirtió Jiménez.

Llamado a la calma

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Francisco Domenech Fernández, hizo un llamado a la calma al asegurar que una vez el presidente Trump haga las designaciones de los cinco nuevos miembros de la junta fiscal, el gobierno local procurará una reunión para establecer una efectiva relación de trabajo con los mismos.

“Los bonistas han proyectado la decisión mucho más favorable de lo que en realidad fue a su favor al decir que pueden recuperar $8,000 millones en deuda, más entre $3,000 a $4,000 millones en intereses, pero continúan obviando el hecho de que hubo cosas que se decidieron en contra de ellos y lo más importante, que será la jueza (Laura) Taylor Swain quien tendrá que determinar cuánto el pueblo de Puerto Rico puede pagar”. Francisco Domenech, Director ejecutivo de Aafaf

“Los asuntos pendientes siguen en pie, así como el plan de manejo y trabajo de los próximos temas a tratarse. Nada ha cambiado, lo que incluye el seguir adelantando los temas de energía, restructuración de la deuda de la AEE, el cumplimiento con el Plan Fiscal, entre otros. Como suele suceder comúnmente en empresas privadas y públicas, se trata de continuar trabajando de la misma manera y con los mismos propósitos, con una cantidad distinta de miembros”, indicó el también secretario de la Gobernación.

En cuanto al PAD de la AEE, Domenech Fernández comentó que el resultado del proceso de revisión tarifaria por el servicio eléctrico ordenado por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) podría obligar a una nueva enmienda.

“Lo que el Negociado decida en estas solicitudes va a afectar el Plan de Ajuste y el Plan Fiscal de la AEE, por lo que la junta fiscal, en conjunto con nosotros, tendrá que volver a sentarse, evaluar los números y proyecciones y reformular la propuesta. Lo importante aquí es que lo que vaya a decir el Negociado impacte lo menos posible a unos consumidores que ya están agobiados con un sistema caro que les ha fallado”, expresó Domenech Fernández al recordar que la versión actual del PAD ya ha experimentado cinco enmiendas.

Tomaría un año definir el pago

De otro lado, el director de Aafaf anticipó que la discusión dentro del caso de la reclamación por gastos administrativos presentada por los bonistas opuestos al PAD podría retrasar hasta un año la conclusión de la quiebra de la AEE.

“Parte de lo que he estado haciendo, tanto como secretario de la Gobernación y director de Aafaf, es tratar de ser una pieza clave para que se mueva el proceso hablando con la Junta, Energía Eléctrica y los distintos componentes del caso que en este último año estuvo un poco más paralizado debido a la mediación”, mencionó.

“Los bonistas han proyectado la decisión mucho más favorable de lo que en realidad fue a su favor al decir que pueden recuperar $8,000 millones en deuda, más entre $3,000 a $4,000 millones en intereses, pero continúan obviando el hecho de que hubo cosas que se decidieron en contra de ellos y lo más importante, que será la jueza (Laura) Taylor Swain quien tendrá que determinar cuánto el pueblo de Puerto Rico puede pagar”, concluyó.

Por su parte, la junta fiscal se limitó a indicar que será la corte de quiebras bajo el Título III de la Ley Promesa quien determinará el tiempo que será necesario para atender la reclamación por gastos administrativos de los bonistas.

FUENTE: El Vocero