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El secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Francisco Domenech, atribuyó al reclutamiento de la firma Houlihan Lokey y a sus propias gestiones la extensión, hasta el 24 de marzo, concedida por la jueza federal Laura Taylor Swain a la paralización de litigios en el caso de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Los resultados están ahí. Los mediadores estaban cansados de la mediación, listos para tirar la toalla y (dejar) que el tribunal resolviera el litigio, y fueron las gestiones de este servidor, en conjunto con las de Houlihan Lokey, por instrucciones de la gobernadora, las que convencieron a los mediadores a pedir que se extendiera la paralización de litigios por 45 días para que las partes volvieran a entablar conversaciones”, acentuó el jefe del gabinete de Jenniffer González.

En entrevista con El Nuevo Día desde su oficina en La Fortaleza, Domenech defendió tanto a su persona como a Houlihan de los señalamientos de conflictos de intereses que se han levantado en torno a su papel en el complejo trámite de reestructuración de la AEE. Tanto Domenech, por medio de su firma de cabildeo Politank, como Houlihan ofrecieron anteriormente servicios a acreedores de la corporación pública, el primer emisor de deuda del gobierno puertorriqueño que incumplió con el repago de sus obligaciones a mediados de la década pasada.

“Hace más de cinco años que este servidor dejó de rendirle servicios a acreedores de la AEE o cualquier deuda. No hay conflictos porque los acreedores actuales de la AEE no fueron los que este servidor representó cuando representó a los acreedores de la AEE. Creo que una persona que conoce los procesos de reestructuración, que conoce cómo piensan los asesores financieros, abogados de quiebra que estas firmas tienen, que conoce cómo son las tácticas y cómo piensan los acreedores, es lo que vio la gobernadora en mí y, al haber pasado un período de más de cinco años sin representar acreedores, (me consideró) la persona idónea para liderar los esfuerzos para llevar una buena reestructuración en beneficio de los consumidores”, sostuvo el abogado, quien dijo que vendió su participación en Politank el pasado 31 de diciembre, el día antes de ser nombrado secretario de la Gobernación y jefe de la AAFAF.

Abundó que ninguno de sus socios en Politank –la firma que fundó en 2010 con el expresidente senatorial Kenneth McClintock– brindó servicios a acreedores después de 2020, cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los principales bonistas mantenían un acuerdo de apoyo a la reestructuración que hubiera recortado el 32% del principal de la deuda de la AEE, pacto que el exgobernador Pedro Pierluisi canceló en 2022.

El nuevo director ejecutivo de AAFAF –rol en el que sustituyó a Omar Marrero– se expresó en términos similares sobre Houlihan, cuyo director general, Stephen Spencer, criticó en marzo de 2017 al entonces gobernador, Ricardo Rosselló, por sus gestiones para encontrar una solución a las deudas de la AEE y otras empresas estatales. En una columna publicada en este diario, Spencer censuró que Rosselló, supuestamente, no demostrara “un esfuerzo de buena fe” para alcanzar un acuerdo con los acreedores y, en su lugar, impulsara a la AEE a la protección del Título III de la ley Promesa, como ocurrió unos meses después.

Este miércoles, la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público expresó “preocupación” con el reclutamiento de Houlihan, advirtiendo que había representado a bonistas de la AEE desde 2014 hasta que la empresa estatal se acogió al Título III.

“Houlihan representó a los bonistas de esa época, antes del Título III. No son los bonistas de hoy en día. Pero, precisamente, no estamos gastando horas con Houlihan en que aprendan qué es el problema de reestructuración de la deuda. Tan solo eso ha sido un ahorro”, ripostó Domenech, argumentando que la firma cuenta con mayor bagaje en ese tipo de negociaciones que Ankura, que hasta ahora ofrecía los servicios de asesoría.

El también exdirector de campaña de González aseguró que, en adelante, Ankura se concentrará en otras tareas, como asistir en el desarrollo del plan fiscal de la AEE, por lo que no habrá “duplicidad” ni aumento en los gastos de consultoría.

¿Sobre la mesa el “cash” del gobierno?

De otra parte, Domenech reiteró que sacar a la AEE de la quiebra figura al tope de las prioridades de González, pero, al cuestionársele si se ha establecido una fecha para su resolución, subrayó que el gobierno no se pondrá “una camisa de fuerza”.

En campaña, González propuso, en más de una ocasión, saldar el principal de la deuda de la AEE de un solo pago, utilizando el efectivo disponible del gobierno central, una idea que fue cuestionada por expertos que señalaron que el repago a los acreedores debe provenir exclusivamente de los ingresos de la corporación pública. Al momento, las negociaciones están estancadas, toda vez que la JSF ha insistido en una oferta en torno a los $2,500 millones, mientras los bonistas reclaman su derecho a recobrar más de $8,000 millones, monto al que se le suman otras acreencias, como los pagos de pensiones.

El director ejecutivo de la AAFAF afirmó, en cambio, que recurrir a la liquidez del gobierno central solo se produciría después de que el Tribunal Federal confirme un Plan de Ajuste para la AEE.

“Se van a evaluar mecanismos que tenemos disponibles para que esa reestructuración de la deuda impacte lo menos posible a los consumidores. Dentro de la reestructuración, vamos a ver qué cantidad se acuerda para que tenga el menor impacto posible y, luego, se verá qué otras medidas tenemos disponibles para minimizar el impacto que tendrá en la factura”, enfatizó.

FUENTE: El Nuevo Día

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