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La jueza Laura Taylor Swain advirtió que espera que para diciembre se resuelva la disputa entre LUMA Energy y el gobierno de Puerto Rico con relación a la entrega de información por parte del consorcio, presuntamente necesaria para la confección de los estados financieros auditados de la Autoridad de Energía Eléctrica correspondientes al año fiscal 2023.

“Espero que para el próximo reporte de estatus este asunto ya esté resuelto y continuaremos moviéndonos hacia adelante. De no ser así, asume que me lo harán saber y cualquier aplicación necesaria se llevará a cabo”, comentó la magistrada luego de que ayer durante una vista ómnibus sobre los procesos bajo la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa) la situación fue presentada ante su atención por uno de los representantes legales de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), el licenciado Luis Marini Biaggi.

Durante su turno, el abogado informó a la jueza Swain sobre disputas entre el gobierno y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con LUMA Energy, incluyendo la situación sobre la información financiera que se le ha requerido al operador del componente de transmisión y distribución de la red eléctrica.

“Todavía el gobierno tiene pendiente la emisión de estados financieros auditados del 2023 de la AEE. Para esto, el gobierno solicitó a LUMA proveer ciertos datos financieros y solicitó ayuda a la junta fiscal para ver si se puede resolver el asunto. Queremos plantear el asunto y vamos a informar sobre su estatus en el próximo reporte”, indicó el licenciado Marini Biaggi al hacer referencia al informe que tendrá que presentar Aafaf para la próxima vista ómnibus, pautada para el 11 de diciembre.

Con relación a la controversia, una de las abogadas de la Junta de Control Fiscal (JCF), la licenciada Margaret Dale, dijo a la corte que el ente de supervisión “ha estado involucrado en el asunto y continuará trabajando con las partes lo mejor que podamos”.

El martes pasado, el director ejecutivo de Aafaf, el licenciado Francisco Domenech Fernández, reveló que el Departamento de Hacienda tuvo que asumir jurisdicción y convertirse en el ‘project manager’ de los estados auditados financieros de la AEE debido a la alegada intransigencia por parte del consorcio de someter la información requerida por el gobierno.

Cabe destacar que el pasado lunes, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, cursó una carta al presidente de LUMA, Juan Saca, y con copia al director ejecutivo de la JCF, Robert Mujica, detallando el orden de los acontecimientos que llevaron a que la agencia tuviera que asumir la responsabilidad de la preparación de los estados financieros auditados de la corporación pública.

LUMA alega datos inexactos e incompletos

En declaraciones escritas, el consorcio expresó que la misiva “no refleja la causa subyacente de los retrasos relacionados con los estados financieros auditados de la AEE”.

LUMA adjudicó como “principales factores detrás del retraso” el que “los consultores de la AEE, algunos de los cuales han estado sin contratos activos durante un período de tiempo significativo, aún no han presentado la información relacionada con la AEE que es necesaria para que LUMA pueda proveer los informes requeridos” y que “la AEE presentó información para certificación que se considera inexacta o incompleta”.

“Es importante tener en cuenta que LUMA no tiene absolutamente nada que ver con los cálculos de las pensiones, ya que esta es responsabilidad exclusiva de la AEE”, agregó el consorcio.

Aflora disidencia entre grupos de bonistas

Por otro lado, durante la vista salieron a relucir visiones encontradas entre los grupos de bonistas y acreedores de la AEE con relación a cómo se debe proceder con la reclamación por gastos administrativos ascendente a $3,700 millones que se alega fue utilizado ilegalmente de los ingresos netos de la corporación pública.

Por un lado, el licenciado G. Eric Brunstad -abogado del grupo Ad Hoc de bonistas de la AEE- dijo a Swain que tanto ellos como los bonistas representados por la firma Assured Guaranty favorecen el retomar los diálogos conducentes a establecer un calendario para el descubrimiento de prueba sobre la controversia.

En marzo del 2025, Swain accedió a levantar la paralización (stay, en inglés) de litigios relacionados con la quiebra de la AEE específicamente para las controversias relacionadas a reclamaciones por gastos administrativos y el alegado mal manejo de ingresos netos, sin embargo, el pleito quedó en suspenso luego de que el presidente Donald Trump despidió a seis de los siete integrantes de la junta fiscal.

“AEE continúa gastando el colateral de los bonistas sin las protecciones adecuadas, por lo que proponemos reunirnos y conferir con la junta fiscal para discutir un calendario revisado de litigio a presentar a la corte. Previamente, ya se había progresado con varios asuntos sobre el descubrimiento de prueba”, puntualizó Brunstad.

En cambio, el licenciado Thomas E. Lauria, quien forma parte de la representación de los grupos de acreedores representados por la firma GoldenTree Asset Management, solicitó a Swain dejar pendiente cualquier decisión relacionada a las reclamaciones por gastos administrativos para la vista de diciembre.

“Enfrentamos un dilema shakesperiano. Por un lado, creemos fuertemente en la veracidad de nuestra postura y estamos preparados para proceder con la litigación y retornar al campo de batalla. Por el otro, entendemos que una resolución consensuada y negociada no solo es más práctica, sino que tal vez sea la única solución al caso”, expuso Lauria.

El abogado de GoldenTree basó su pedido en la actual incertidumbre que existe sobre el futuro de la JCF, que refuerza su postura.

“El hecho es que la composición de la junta fiscal pudiera cambiar en cualquier momento. De ocurrir, su postura sobre ciertos asuntos ante la corte podría cambiar, lo que convertiría lo que se invirtió en litigio en una pérdida de tiempo y modificaría la perspectiva de una resolución consensual”, continuó Lauria.

Mientras que el licenciado Luc A. Despins -abogado del Comité Oficial de Acreedores no Asegurados- dijo que el bando de GoldenTree simplemente están esperando por un cambio en la JCF que los favorezca a nivel de la mediación.

“No podemos especular sobre qué va a pasar o cuando podría suceder que surjan nuevos miembros en la junta fiscal y si estos van a tomar una postura distinta que tenga un efecto en poner fin al litigio”, agregó Despins, quien se unió al reclamo del grupo Ad Hoc.

Tras escuchar a los bonistas, la jueza Swain ordenó a las partes a reunirse y enfocar la discusión en la naturaleza y secuencia del descubrimiento de prueba sobre la controversia de gastos administrativos de la AEE de manera que puedan presentar un reporte conjunto a la corte en o antes del 24 de noviembre.

FUENTE: El Vocero