AAFAF - Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico

Publican estadísticas económicas de Puerto Rico

 

Por primera vez, el Negociado de Análisis Económico de Estados Unidos (NAE) incluyó a Puerto Rico en los informes de estimados anuales del Producto Interno Bruto (PIB), iniciativa que acorde con varios funcionarios gubernamentales comienza a proveer visibilidad a la Isla.

 

De igual manera, los funcionarios gubernamentales describieron la incursión del País en el NAE como un paso de avanzada para la planificación de estrategias para el desarrollo financiero de la Isla.

 

“Esto es histórico. Es la primera vez que se publica esta versión prototipo sobre un análisis y los estimados del crecimiento económico de Puerto Rico. Es algo que se había reclamado por mucho tiempo. La primera fase se anunció el año pasado para esta misma fecha y ahora se completa, dándonos una perspectiva económica que nos permitirá hacer análisis posteriores y tomar mejores decisiones. Este es un logro importante para la Isla. Ahora podemos adoptar mejores prácticas y tener datos comparables a nivel internacional”, declaró Manuel Laboy, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) sobre el logro compartido con la Junta de Planificación (JP).

 

Los datos estadísticos publicados correspondientes a los años comprendidos entre 2012 y 2018 incluyeron el gasto del consumidor, la inversión fija privada, la inversión en inventarios privados, las importaciones y exportaciones y el gasto público. Estos mostraron que la economía de Puerto Rico, -medida por el PIB ajustado por inflación- se expandió de 2012 a 2014, antes de contraerse en 2015 y continuar disminuyendo hasta 2018, provocado principalmente por el impacto del huracán María.

 

De las estadísticas se pudo desprender que las exportaciones de bienes y servicios representaron un factor clave para los cambios en el PIB real durante este periodo, en el cual la volatilidad se reflejó en el comercio de bienes, donde figuraron productos farmacéuticos químico-orgánicos y dispositivos médicos.

 

“El informe resalta a la industria farmacéutica, la manufactura y dispositivos médicos, quedando demostrada su importancia. Hay que seguir trabajando con el gobierno federal y apostando a que vengan a Puerto Rico, viendo el trasfondo y el comportamiento de esta industria”, acotó Laboy.

 

Por su parte la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, resaltó el beneficio de poder presentar datos certeros que brinden un panorama más completo a los congresistas sobre las necesidades de la población puertorriqueña.

 

“Esto es un logro mayor, que permite la integración de Puerto Rico a los estudios de economía, importación y exportación en los Estados Unidos. Esto me ayuda en el Congreso, ya que muchas de las trabas que encontraba cuando pedía trato igual para Puerto Rico en los programas federales -a base de fórmulas- era que no había datos confiables y ahora los tenemos. Este es un hito importante e histórico para mejorar nuestra comprensión de la economía de la Isla”, dijo.

 

“Seguiremos trabajando en el Congreso para asegurar que NAE cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo de mejorar las estimaciones del PIB para Puerto Rico y, por lo tanto, poder lograr su meta a largo plazo de incluir e integrar los territorios de Estados Unidos en sus estimaciones del PIB a nivel nacional”, agregó González Colón.

 

Las estadísticas evidenciaron que la mayor disminución del PIB real se registró en 2017, lo que refleja el impacto generalizado de los huracanes Irma y María en las exportaciones de bienes, la inversión privada en inventarios y el gasto de los consumidores. En 2018 el PIB real disminuyó 0.9%. Aunque el gasto de los consumidores, la inversión privada en inventarios privados y la actividad de la construcción crecieron significativamente en el año posterior a los huracanes, estos aumentos fueron contrarrestados por un aumento en las importaciones y una disminución en las exportaciones.

 

De igual manera, las estadísticas registraron que las mayores disminuciones en el gasto real de los consumidores se produjeron en 2014 y 2017. Dicha tendencia fue adjudicada a que en 2014, en la medida que los salarios disminuían y los precios al consumidor continuaban aumentando, los residentes redujeron sus gastos tanto en bienes como en servicios.

 

Fuente: El Vocero

El refinanciamiento resultó además en la reducción de la deuda total que existía previo a la transacción de $300.5 millones

 

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) Omar J. Marrero Díaz anunció que Puerto Rico logró acceder a los mercados de capital luego que la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) y Administración de Vivienda Pública (AVP), refinanciaran los bonos vigentes de la AFV, generando ahorros que alcanzaron cerca de $43 millones en el servicio de la deuda.

 

Marrero Díaz explicó que el refinanciamiento de los Bonos en Circulación se llevó a cabo mediante la emisión de $249.6 millones en bonos de refinanciamiento del Programa de Fondos Capitales de Modernización (“Bonos de Refinanciamiento”). El refinanciamiento resultó además en la reducción de la deuda total que existía previo a la transacción de $300.5 millones al lograr utilizar fondos en las cuentas de dichas emisiones y en la venta de bonos nuevos a primas que generaron fondos adicionales.

 

“Esta transacción logra alcanzar, en promedio, ahorros en el servicio de la deuda de sobre $8.5 millones anuales, cuyos fondos podrían utilizarse para el beneficio del Programa de Modernización de Vivienda Pública. Los bonos de la presente emisión tienen vencimientos similares a los de los Bonos en Circulación de 2020 a 2028. Esta transacción representa un paso importante en el regreso de Puerto Rico a los mercados de capital y demuestra una vez más, que estamos restableciendo la confianza en Puerto Rico”, indicó por escrito Marrero Díaz, quien también funge como principal oficial financiero del Gobierno de Puerto Rico.

 

La transacción recibió una demanda sustancial por parte de inversionistas tradicionales, con sobre $750 millones en indicaciones de interés, resultando en una demanda que superó por más de tres veces la cantidad de bonos disponibles. El costo total de interés, incluyendo gastos asociados con estructurar y vender la nueva emisión, resultó ser 1.27%.

 

Actualmente, la AFV tiene aproximadamente $300 millones en bonos vigentes emitidos bajo el Programa de Fondos Capitales del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD, por sus siglas en inglés), con vencimientos entre 2020 y 2027. La AFV emitió sus bonos en los años 2003 y 2008 y prestó el producto de dichas emisiones a la AVP para realizar mejoras y modernizar proyectos residenciales públicos en toda la Isla conforme a los propósitos del programa federal.

 

El principal e intereses de los bonos refinanciados y los bonos nuevos son pagaderos únicamente de las asignaciones de fondos federales que realiza el Congreso de los Estados Unidos cada año para proyectos de mejora y modernización de residenciales públicos a través de HUD. Los bonos no constituyen una deuda, obligación o promesa de pago del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades o corporaciones públicas.

 

La AVP tiene a su cargo el desarrollo y la operación de las unidades de vivienda pública y recibe subsidios y subvenciones de HUD. Su política pública va dirigida a lograr una administración altamente eficiente con el norte de mejorar la calidad de vida en los residenciales públicos, fomentar la actividad comunitaria y el desarrollo integral de los puertorriqueños que viven en dichos proyectos de vivienda. Es importante recalcar que, aunque la fuente de repago de los bonos consiste en los subsidios y subvenciones de HUD, la reducción en el servicio de la deuda que resultaría del propuesto refinanciamiento redundaría en más fondos disponibles para llevar a cabo la misión de AVP.

 

Por su parte, la AFV cumple el propósito de proveer financiamiento y servicios para crear y preservar viviendas de interés social, y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Puerto Rico, proveyendo opciones de financiamiento para familias de ingresos bajos o moderados.

 

Fuente: Primera Hora

Por primera vez, la agencia federal publicará datos en torno al Producto Interno Bruto de la misma manera en que analiza la economía de los 50 estados y otros territories

 

Con la intención de publicar los datos regularmente, por primera vez, el Negociado de Análisis Económico (BEA, en inglés) del Departamento de Comercio de Estados Unidos ha publicado este lunes, un prototipo de lo que sería la serie estadística del Producto Interno Bruto de Puerto Rico (PIB) de Puerto Rico.

 

La divulgación de la nueva herramienta de análisis económico, lo que constituye un hito para Puerto Rico, pero también para el BEA, fue dada a conocer por la directora interina de la dependencia federal, Mary Bohman, la especialista a cargo del proyecto, Aya Hamano, y la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

 

Según Bohman, luego de recibir una asignación especial para asistir a la isla en la compilación de datos en torno a su PIB y hacer un primer ejercicio analítico a esos fines, el BEA ahora tiene fondos recurrentes en su presupuesto para producir la serie anual. Entre decenas de series estadísticas, el BEA publica el PIB de todos los estados de Estados Unidos y lleva décadas, publicando la serie para otros territorios como las Islas Vírgenes y las Islas Marianas del Norte.

 

Es decir, y en términos simples, la serie acerca del PIB de Puerto Rico que publicará el BEA será comparable con la serie de Producto Interno Bruto por Estado (“GDP by State”) de la dependencia federal.

 

Empero, en este momento, los datos para Puerto Rico se publicarán anualmente. La serie estadística de los estados, incluye divulgaciones acerca del comportamiento de la economía cada trimestre.

 

De acuerdo con la experta, el ejercicio puesto en vigor desde el BEA se ha hecho considerando las metodologías vigentes a nivel internacional e incorporando métodos que la Junta de Planificación (JP) no suele aplicar.

 

En principio, el BEA recibió una asignación de $2 millones para el proyecto en el que colaboraron la JP, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR).

 

“Es un paso adelante”, indicó Bohman al subrayar que el trabajo que hará el BEA es una herramienta “complementaria” al trabajo analítico que lleva a cabo la Junta de Planificación.

 

Según Vázquez Garced, la publicación del nueva herramienta analítica debe ayudar a tomar más y mejores decisiones de política pública, pero también de contribuir a mejorar la confianza de los inversionistas en Puerto Rico y recobrar el acceso a los mercados de capital.

 

La diferencia entre el PIB y el PNB

Al divulgar la serie, Hamano subrayó que los datos compilados por el BEA ofrecen una historia bastante similar a la que Puerto Rico reporta y que demuestra que la isla lidia con una contracción económica desde hace algunos años.

 

En Puerto Rico, aunque la JP publica información acerca del PIB, con frecuencia la discusión se centra en el crecimiento del Producto Nacional Bruto (PNB), que busca medir el tamaño de la economía partiendo de la producción que generan de los individuos y empresas con sede principal en la isla. En esos datos, la constante ha sido la contracción desde el año 2006.

 

El PIB, en contraste, mide el valor de la producción de todo lo hecho en Puerto Rico, sean bienes o servicios, tanto de entidades con sede en la isla como la producción de los no residentes, como sería la industria farmacéutica.

 

La publicación de la serie por parte del BEA es fruto, además, de las recomendaciones del grupo de trabajo bipartita congresional que publicó un análisis de la economía de la isla y recomendaciones para sacarla de su estancamiento prolongado a luz de la ley federal Promesa en el 2016.

 

La divulgación de la nueva serie estadística se produjo durante una conferencia de prensa, donde participó además la comisionada residente Jennifer González, el secretario del DDEC y una de las figuras más activas en el desarrollo del proyecto, Manuel Laboy, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero y el director ejecutivo del IEPR, Orvil Disdier.

 

¿Qué dice la primera lectura del BEA sobre Puerto Rico?

La primera entrega analítica del BEA -que se produce un año después de que se anunciara la iniciativa- ofrece dos vistazos acerca del curso que ha seguido la economía de Puerto Rico.

 

La dependencia federal analizó el PIB de la isla entre los años calendario 2013 a 2018, haciendo hincapié en la balanza comercial, los gastos de individuos y del gobierno -desmenuzado a nivel estatal, federal y municipal- y la inversión de capital fijo.

 

Además, el análisis demuestra cómo los eventos asociados con el huracán María y el proceso de reconstrucción posterior al desastre -donde la inversión por parte del estado y los pagos de reclamaciones por seguro jugaron un rol decisivo- impactaron considerablemente las exportaciones, los gastos de consumo personal y la inversión en infraestructura.

 

Según la lectura del BEA, entre los años calendario 2012 a 2014, el PIB de Puerto Rico creció en buena parte por un alza considerable en las exportaciones, particularmente de fármacos, dispositivos médicos y compuestos químicos. En el año 2017, esa fuerza exportadora quedó anegada por los huracanes Irma y María.

 

Hacia el 2014, en términos reales, el PIB de Puerto Rico se ubicó en $110,045 millones. En ese año, porcentualmente hablando, la economía creció 2.4%. Pero desde el 2015 al 2018, el PIB se movió a terreno negativo, con contracciones interanuales de 0.6%, 3.4%, 6.5% y 0.9%, respectivamente.

 

A diferencia de los cálculos de la JP que suelen utilizar de referencia el valor del dólar a precios de hace más de cuatro décadas, las cifras provistas por el BEA analizan el desempeño de la economía considerando precios del 2012.

 

El golpe del huracán María fue tan brutal que en el 2017, el PIB cayó por debajo de los $100,000 millones. Específicamente, el BEA estima la cifra en $98,759 millones.

 

En el 2018, con todo y la fuerte inversión privada y pública, en especial por la inversión de recursos federales en la red eléctrica, el PIB retrocedió nuevamente, ubicándose en $97,861 millones.

 

En el 2018, según el informe y principalmente como resultado del desastre natural, la inversión privada en estructuras y equipos a nivel residencial y no residencial, dio un salto considerable, de unos $8,943 millones en el 2017 a $16,071 millones, para un alza anual de 89.2%, una cifra que no tendría comparable ni siquiera antes del período de estancamiento prolongado que experimenta Puerto Rico desde el 2006.

 

De acuerdo con el secretario Laboy, aparte de la relevancia que supone la integración de Puerto Rico a las series del BEA y sobre todo, a la producción estadística siguiendo parámetros internacionales, la primera lectura acerca del PIB de Puerto Rico demuestra el papel clave que juega el sector farmacéutico y de dispositivos médicos en la economía. Tales datos, sostuvo, ahora deben contribuir a los esfuerzos para promover a la isla como un jugador de peso en la cadena logística de salud de Estados Unidos como resultado del coronavirus.

 

Ejercicio que pende de un hilo

Si bien el BEA aportaría una nueva herramienta para medir la actividad económica de la isla, esta pende considerablemente de una pieza de información que ahora podría desaparecer.

 

Ello, porque el Negociado del Censo propone modificar la información que empresas importadoras, exportadoras y corredores de aduanas proveen al Sistema Automatizado de Exportaciones (AES) a través de un formulario conocido como Información Electrónica de Exportaciones (EEI). El Negociado del Censo propone eliminar el requisito de presentar este formulario, de donde el Censo y el BEA levanta la información vinculada a la balanza comercial.

 

A preguntas de El Nuevo Día, Hamano reconoció que el BEA depende “fuertemente” de los datos que surgen del EEI.

 

“La actividad comercial en esos números es lo que está guiando mucho, mucho del crecimiento”, dijo Hamano. “No nos oponemos a la eliminación del requisito, no tenemos ninguna opinión sobre el requisito en sí mismo, solo nos preocupa la data que se obtiene de este”.

 

Según Hamano, sin esa data o un mecanismo alterno para obtenerla, ello podría en serios aprietos la publicación de los estimados del PIB que apenas comienza.

 

Acto seguido, Laboy sostuvo que hay un grupo de trabajo buscando una data alternativa que permita sustituir la información que se perdía con la eliminación del EEI y aseguró que hay un compromiso para identificar esa fuente alternativa antes de que se tome cualquier otra decisión.

 

Por su parte, la comisionada residente González, sostuvo que la decisión del Censo no es definitiva y que el formulario que se pide a los comerciantes en la isla constituye una carga que no se aplica a otros comerciantes a nivel continental y a ello, responde la búsqueda de otras alternativas para continuar documentando la actividad comercial sin que ello encarezca el costo de hacer negocios en la isla.

 

Fuente: El Nuevo Día

La Autoridad de Alianzas Público Privadas busca ahora una o varias empresas para transferir el componente de producción de electricidad de la corporación pública

 

Mientras se aguarda por la decisión de la jueza Laura Taylor Swain en torno al futuro de LUMA Energy en Puerto Rico, la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) informó este viernes que sobre una decena de empresas han mostrado interés en operar la flota generatriz de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

 

Según el director de la AAPP, Fermín E. Fontanés, sobre una decena de firmas y consorcios de todo el mundo ha respondido a la solicitud de cualificaciones (RFQ, en inglés) que la AEE lanzó el mes pasado como parte del proceso de transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico.

 

Los nombres de las empresas interesadas no fueron revelados de inmediato.

 

“En la situación de crisis fiscal que enfrentamos, el mecanismo de APP es una alternativa beneficiosa para mejorar servicios gubernamentales, para facilitar el desarrollo, la construcción y el mantenimiento de infraestructura de Puerto Rico y utilizar mejor los recursos financieros disponibles”, indicó Fontanés en declaraciones escritas.

 

De acuerdo con Fontanés, la expresión de interés por parte de las entidades demuestra que el gobierno ha desarrollado un proceso de concesión de los activos eléctricos de Puerto Rico “creíble” y que aspira a mejorar la confiabilidad del servicio.

 

El mes pasado, luego de seleccionar al consorcio estadounidense-canadiense LUMA Energy para operar la red eléctrica más grande de todo Estados Unidos en manos de una corporación de gobierno, la AEE y la AAPP comenzaron el proceso para buscar un operador para la flota generatriz de la corporación pública.

 

Inicialmente, el gobierno se planteó vender las generatrices a terceros, pero según Fontanés, el proceso en curso retiene la titularidad de estas unidades en manos de la AEE.

 

Específicamente, el gobierno aspira a identificar a una o varias entidades dispuestas administrar, mantener, operar y sacar de servicio aquellas unidades generatrices identificadas como activos remanentes u obsoletos, o “Legacy Assets” como se conoce en la jerga técnica, a tenor con lo legislado en la Ley 120 del año pasado.

 

El anuncio de la APP surge a solo días de que la jueza Laura Taylor Swain, quien preside los casos de Título III, determinara que resolverá por escrito si el contrato otorgado a LUMA Energy para operar la red eléctrica debe considerarse como un gasto administrativo de la AEE. La aprobación del tribunal es clave para que LUMA pueda tomar el control de la red eléctrica mientras la AEE completa su proceso de reestructuración con los bonistas y otros acreedores.

 

El proceso de selección de LUMA Energy por parte de la AAPP y la AEE ha sido impugnado en los tribunales de Puerto Rico, foro que debe decidir si dicha contratación cumplió con las certificaciones adecuadas que son requeridas por el estado de derecho vigente y que emite el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).

 

Fuente: El Nuevo Día

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Omar J. Marrero Díaz, esa agencia, la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) y la Administración de Vivienda Pública (AVP) buscarán refinanciar los bonos vigentes de la AFV —ascendente a $300 millones— con la meta de generar ahorros en el servicio de su deuda.

 

“Dentro de nuestro rol de asesor financiero del gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, hemos determinado que resulta en el mejor interés de la AFV, la AVP y el pueblo de Puerto Rico aprovechar las condiciones del mercado actual e intentar procurar ahorros en el servicio de la deuda pública existente”, indicó Marrero Díaz, quien también funge como principal oficial financiero del gobierno de Puerto Rico.

 

Actualmente, la AFV tiene aproximadamente $300 millones en bonos vigentes emitidos bajo el Programa de Fondos Capitales del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD, por sus siglas en inglés), con vencimientos entre 2020 y 2027. La AFV emitió sus bonos en los años 2003 y 2008 y prestó el producto de dichas emisiones a la AVP para realizar mejoras y modernizar proyectos residenciales públicos en toda la Isla conforme a los propósitos del programa federal. El principal e intereses de dichos bonos emitidos son pagaderos únicamente de las asignaciones de fondos federales que realiza el Congreso de los Estados Unidos cada año para proyectos de mejora y modernización de residenciales públicos a través de HUD. Los bonos no constituyen una deuda, obligación o promesa de pago del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades o corporaciones públicas.

 

El refinanciamiento se lograría mediante la emisión durante este año de nuevos bonos de refinanciamiento bajo el Programa de Fondos Capitales de HUD. Al momento, el tamaño, la cronología y la estructura de la transacción anticipada están sujetos a las condiciones del mercado y otros factores. La emisión de los nuevos bonos de refinanciamiento cuenta con el aval de la Junta de Control Fiscal y HUD. Además, la agencia clasificadora de crédito, Standard & Poor’s, ha asignado una clasificación de AA- a los bonos a emitirse.

 

La AVP tiene a su cargo el desarrollo y la operación de las unidades de vivienda pública y recibe subsidios y subvenciones de HUD. Su política pública va dirigida a lograr una administración altamente eficiente con el norte de mejorar la calidad de vida en los residenciales públicos, fomentar la actividad comunitaria y el desarrollo integral de los puertorriqueños que viven en dichos proyectos de vivienda. Es importante recalcar que, aunque la fuente de repago de los bonos consiste de los subsidios y subvenciones de HUD, la reducción en el servicio de la deuda que resultaría del propuesto refinanciamiento, redundaría en más fondos disponibles para llevar a cabo la misión de AVP. Por su parte, la AFV cumple el propósito de proveer financiamiento y servicios para crear y preservar viviendas de interés social, y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Puerto Rico, proveyendo opciones de financiamiento para familias de ingresos bajos o moderados.

 

Fuente: El Vocero

En entrevista con El Nuevo Día, el secretario de Hacienda confirmó que todavía hay muchos alumnos que no los han solicitado porque desconocen del programa que les otorga $1,000 para la compra de estos equipos

 

El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, confirmó que se extenderá el periodo para que universitarios de nuevo ingreso soliciten vales de $1,000 para cubrir la compra de dispositivos y servicios de conexión a Internet que les faciliten la educación a distancia.

 

“En teoría mañana (viernes, 4 de septiembre), vence la fecha para solicitar el comprobante. El 31 de octubre vencería la fecha de redención. (…) Mañana estaremos aprobando la extensión del término de vigencia para el proceso de solicitud. Con mucha probabilidad va a ser extendido por unas semanas adicionales”, informó el titular en entrevista con El Nuevo Día.

 

El secretario afirmó que la extensión responde más al entendimiento de que “todavía hay muchas personas que no saben del programa” y no a que se enfrenten problemas con el proceso de solicitud en el portal de SURI (Sistema Unificado de Rentas Internas).

 

Por ejemplo, mencionó que “había mucha confusión en si los estudiantes de escuela privada podían solicitar y la respuesta es que sí. Nada lo impide”.

 

Además, informó que otra circunstancia que ha cambiado desde que el Programa de Soluciones Tecnológicas para Estudiantes que Inician Estudios Universitarios se anunció en agosto fue que la lista de vendedores autorizados ha crecido a 16, cuando antes eran solo cuatro.

 

“Esa era una de las preocupaciones de los participantes, así como la cantidad de inventario. (…) Seguimos trabajando para que más entidades dedicadas a la venta al detal se sumen a la iniciativa. Debe haber desarrollos bastante importantes en las próximas semanas”, adelantó.

 

Hasta la fecha, Parés indicó que se han emitido 17,874 comprobantes, que equivalen a 34% de la población de universitarios de nuevo ingreso que tienen identificada.

 

“De esos, tenemos al momento unas 2,694 transacciones de redención, porque un mismo comprobante se puede redimir en varias ocasiones (hasta agotar los $1,000). El valor redimido es de $2,186,512”, informó.

 

El secretario refirió a los estudiantes de nuevo ingreso a consultar la Carta Circular 20-35 para conocer cómo solicitar, qué dispositivos y qué planes de conectividad a internet cualifican en este programa financiado con fondos federales de la Ley CARES.

 

Fuente: El Nuevo Día

 

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La gobernadora Wanda Vázquez Garced y el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, informaron hoy la emisión de los Estados Financieros Auditados del Gobierno de Puerto Rico, para el año fiscal terminado el 30 de junio de 2017.

 

“El informe de los auditores independientes de la firma KPMG, que incluye 11 opiniones separadas sobre los componentes de los Estados Financieros, refleja una marcada mejoría en la confiabilidad de los mismos, con respecto a los años fiscales 2015 y 2016”, expresó la gobernadora.

 

Los Estados Financieros incluyen todas las operaciones de las agencias de gobierno, de las corporaciones públicas, la Universidad de Puerto Rico y otras entidades que componen el gobierno en general y reflejan su situación económica en un periodo específico.

 

Por su parte, Parés Alicea expresó: “Contrario a lo ocurrido en años anteriores, para los Estados Financieros correspondientes al año 2017, los auditores independientes no expresaron salvedad alguna en sus opiniones. Para el 2015, los auditores independientes no emitieron opinión sobre tres, de 13 componentes; emitieron una opinión adversa para un componente y opiniones modificadas para otros tres componentes”.

 

El funcionario agregó que, en el caso del año 2016, los auditores independientes emitieron opiniones sobre todos los 13 componentes, cinco de ellas con modificaciones.

 

“Tanto el Fondo General como los fondos de servicio a la deuda del gobierno central, incluyendo a COFINA, recibieron opiniones sin modificaciones tanto para 2017 como para 2016 y 2015. En estos dos años, las opiniones con modificaciones se relacionaron principalmente al registro de las obligaciones de pensiones y al menoscabo en los depósitos en el Banco Gubernamental de Fomento”, destacó el secretario.

 

Para el 2017, los Estados Financieros del gobierno primario reflejaron activos y diferidos totales, de $23,942 millones y pasivos y diferidos totales de $95,002 millones, incluyendo la deuda pública que reflejó un déficit acumulado de $71,060 millones.

 

Las unidades componentes de los Estados Financieros, reflejaron activos y diferidos totales de $40,944 millones y pasivos y diferidos totales de $53,030 millones; un déficit de $12,086 millones. Para el 2017, los ingresos del gobierno primario se redujeron en $441 millones, al compararlos con el año 2016.

 

A su vez, los gastos se redujeron en $2,571 millones. Mientras que los gastos de las unidades componentes excedieron sus ingresos por $4,264 millones. Los ingresos y gastos del Fondo General – Base Presupuestaria ascendieron a $ 9,203 millones y $ 8,626 millones, respectivamente, reflejando un exceso de ingresos sobre gastos de $577 millones.  Durante el año fiscal 2017 el Gobierno de Puerto Rico incumplió con pagos a ciertos bonos, incluyendo bonos de obligación general.

 

En las notas de los Estados Financieros, se discute la incertidumbre que afecta al gobierno, el riesgo de liquidez y el menoscabo a la capacidad del Gobierno de Puerto Rico para continuar operando. Además, se divulga la aprobación e implantación de PROMESA y otra legislación relacionada a la restructuración de la deuda del Gobierno.

 

Los Estados Financieros Auditados correspondientes al año 2017, están disponibles en la página web, www.hacienda.pr.gov , sección Inversionistas.

 

Finalmente, Vázquez Garced indicó que, “continuamos trabajando junto al secretario Parés Alicea y junto a los auditores independientes para cumplir con los requerimientos de los Estados Financieros para los años fiscales 2018 y 2019”.

 

El proceso de cierre contable y preparación para la auditoria de año fiscal 2020 está comenzando.

 

Fuente: WIPR

Al DRNA y AFI, de hasta $163 millones

 

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunció la aprobación de financiamiento —mediante un contrato de préstamo con el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) a través del Programa del Fondo Rotario Estatal (SRF, por sus siglas en inglés) que se nutre de fondos provistos por la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, por sus siglas en inglés)— por un total de hasta $163 millones para 28 proyectos de mejoras capitales de la AAA.

 

Los proyectos incluyen mejoras para infraestructura sanitaria en los municipios de Arroyo, Caguas, Carolina, Dorado, Guayama, Guayanilla, Patillas, Peñuelas y San Juan.

 

“Tras la exitosa reestructuración de la deuda de los préstamos pendientes de Acueductos en julio de 2019 bajo el SRF, la agencia pudo recuperar el acceso a los fondos del Programa SRF con el acuerdo y la colaboración de la EPA”, explicó la presidenta ejecutiva de la AAA, Doriel Pagán Crespo.

 

La funcionaria destacó además que “hoy celebramos que un buen manejo de nuestras finanzas nos permite invertir de manera continua para beneficio no tan solo de nosotros sino de futuras generaciones puertorriqueñas. De parte de todos los que laboramos en la AAA, es pertinente agradecer a nuestro director de Finanzas, Efraín Acosta Reboyras, a quien debemos el éxito de nuestro proceso de reestructuración. Efraín ya no nos acompaña terrenalmente, pero seguimos contando con su legado como servidor público comprometido por un mejor Puerto Rico”.

 

Los préstamos permitirán a la corporación pública tomar las medidas necesarias para mejorar su infraestructura. Asimismo, estos proveerán un impacto material y la entrada de capital para la industria de la construcción en Puerto Rico. A su vez permitirán mejoras y modernización del sistema de aguas sanitarias.

 

Por su parte, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo Maldonado, indicó que “además de proveer financiamiento para nuevos proyectos de infraestructura, se incluyeron en el préstamo varios proyectos a los cuales su construcción se vio interrumpida y no pudieron ser finalizados previo a la reestructuración. Entre estos proyectos se encuentra la terminación del sistema de alcantarillado sanitario del sector Las Croabas en Fajardo. Dicho proyecto está localizado cerca de la Bahía Bioluminiscente, la cual es uno de los recursos de alto valor ecológico en la Isla”.

 

El licenciado Machargo reconoció además que con la firma de este préstamo se proyecta una agilización en el uso de los fondos federales del programa SRF.

 

“A través de los fondos rotatorios proveemos financiamiento de bajo costo para echar adelante los proyectos que aseguran el bienestar de las comunidades protegiendo la salud pública. En tiempos en donde enfrentamos una emergencia de salud es primordial proveer estos recursos que redundan en una mejor infraestructura y condiciones de vida”, manifestó el director ejecutivo de la AFI, Eduardo Rivera.

 

“Este financiamiento es evidencia del progreso que ha logrado la AAA para poner sus finanzas en orden y lograr nuevamente acceso a capital a un costo sumamente bajo. Con la consumación de esta transacción, logramos que la AAA pueda continuar implementando su plan de mejoras capitales para beneficio del Pueblo de Puerto Rico. Agradecemos al equipo de la AAA por su compromiso demostrado en este y otros proyectos de gran envergadura que redundan en beneficio para el Pueblo de Puerto Rico”, puntualizó el licenciado Omar J. Marrero Díaz, director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

 

Específicamente, los proyectos incluyen la nueva Troncal Sanitaria en Dorado; los desarenadores para la PAS de Puerto Nuevo; la estación de recibo de aguas residuales (Planta Ideal) para la PAS Puerto Nuevo; la puesta en marcha de la tercera fase para la Troncal Sanitaria de Aguas Buenas y Caguas; mejoras a la Estación de Bombas de Alcantarillado Sanitario (EBAS) principal del municipio de Arroyo; y mejoras a la troncal sanitaria Calle Nueva en Añasco entre otros.

 

El contrato de préstamo ejecutado prevé una amortización a 30 años luego de finalizados los proyectos pertinentes, con una tasa de interés del 1 por ciento.

 

Este nuevo financiamiento fue designado como deuda “senior” según el Acuerdo de Fideicomiso de la AAA, y los mismos fueron aprobados por las Juntas de Gobierno de la AAA, AFI, AAFAF y por la Junta de Control Fiscal.

 

Fuente: El Vocero

Gobernadora convierte en ley medida que permite nuevas restricciones para evitar mayores niveles de déficit

A más de un año de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced radicara en la Asamblea Legislativa el proyecto para la Ley de Responsabilidad de Deuda, la mandataria convirtió el proyecto en ley dando paso a nuevas restricciones para evitar que el gobierno incurra nuevamente en niveles insostenibles de endeudamiento.

Este proyecto fue el primero que radicó Vázquez Garced en la Legislatura y su primera política pública relacionada a temas económicos tras asumir la silla de la gobernación en agosto del pasado año. Debido a que la Cámara de Representantes no había aprobado la medida durante la sesión ordinaria, la mandataria incluyó la medida en la sesión extraordinaria que finalizó hace unos días.

“Esta medida responde a la necesidad que teníamos ante nosotros de que el Gobierno de Puerto Rico vuelva a tener credibilidad y transparencia, y establece unos procesos uniformes y responsables para la emisión de cualquier deuda futura. Hemos adoptado una política pública responsable y contundente que regirá en cualquier emisión de deuda que se haga en el futuro”, señaló Vázquez Garced.

Lo que se establece

El estatuto promulga que solamente se permita la emisión de deuda a largo plazo para mejoras de capital. Establece, además, que no se podrá emitir deuda cuyo vencimiento sea posterior a 30 años y que toda deuda emitida comience a amortizar el principal dentro de los primeros dos años.

Asimismo, la medida prohíbe la emisión de deuda para financiar déficits operacionales, pero preserva la facultad del gobierno para emitir deuda necesaria para hacer frente a una emergencia nacional. Esta también delega en la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) la adopción de una política de administración de deuda que incluirá un límite en el servicio de deuda anual que aplicará al gobierno y sus agencias en conjunto con el límite de endeudamiento que establece la Constitución de Puerto Rico.

La política que adopte la Aafaf podrá ser más restrictiva de lo dispuesto por la ley aprobada y deberá contener un límite global en la deuda respaldada por impuestos. Toda emisión deberá ser debidamente aprobada por esa dependencia antes de que se ejecute.

Previamente, Vázquez Garced había señalado que el límite establecido en la Constitución es insuficiente. Aunque podría interpretarse como una enmienda a esto, la gobernadora afirmó hace un año que la intención es complementar el 15% que dispone el margen constitucional máximo de deuda.

“La reestructuración de la deuda es un paso esencial para restablecer el crecimiento económico en Puerto Rico y salir de una vez y por todas de la crisis fiscal. Hemos adoptado una política pública con parámetros más estrictos. Las limitaciones no son solamente a la deuda que sea pagadera de los ingresos del Gobierno central, sino a la deuda de la mayoría de las corporaciones públicas e instrumentalidades”, acotó la gobernadora.

Pese a que al momento de su radicación inicial Vázquez había asegurado que contaba con el apoyo de la Junta de Control Fiscal, el organismo rehusó a emitir comentarios sobre la medida porque está bajo evaluación.

 

Fuente: El Vocero

SAN JUAN – El director ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, José Maymó Azize, anunció el lunes, que comenzó el proceso para que el público general haga comentarios al reglamento, que regirá el funcionamiento de las apuestas deportivas, los concursos de fantasías y juegos electrónicos en Puerto Rico.

“De conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico y la Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, nos proponemos adoptar el reglamento, Puerto Rico Sports Betting on E-Sport and Fantasy Contest Regulations, con el propósito de implementar los artículos 2.2 y 2.3 de la Ley 81-2019, en lo que compete a la reglamentación y fiscalización de todo lo relacionado al licenciamiento para estos eventos. Como parte del proceso se publicó a través de la página electrónica   http://www.agencias.pr.gov/agencias/AIDH/Home/Pages/default.aspx, el documento para que los interesados tengan acceso al mismo y presenten sus comentarios. Todo comentario escrito o solicitud debidamente fundamentada se recibirá por el término de treinta días (30) contados a partir de la publicación del anuncio”, explicó el funcionario en comunicación escrita.

Los comentarios escritos podrán ser enviados vía correo regular a: P.O. Box 29156, San Juan, PR 00929 o por correo electrónico a: torresz@comjuegos.pr.gov  .

Mientras, los interesados en revisar personalmente el reglamento, el mismo estará disponible en la Oficina de Asesoramiento Legal de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, que ubica en la Avenida 65 de Infantería, Esq. Calle Rafael Arcelay, en San Juan, de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 4:30 de la tarde.

Por su parte, el presidente de la Junta de la Comisión de Juegos, Manuel Laboy Rivera, indicó “con la adopción de este reglamento establecemos las normas que regirán esta innovadora industria para que alcance a su máximo potencial, junto con los talentos y recursos que tenemos en la Isla. Ahora, esta modalidad de apuestas toma más relevancia ante los cambios que afrontamos a nivel mundial por la propagación del Covid-19. Así que hay una gran oportunidad para comenzar a posicionarnos en esta industria, cuya aportación económica se aproxima a 68 millones de dólares en el año 2022”.

“Como hemos hecho en múltiples ocasiones, el Gobierno de Puerto Rico se compromete a evaluar el insumo del público general para adoptar un reglamento de vanguardia que viabilice ágilmente las disposiciones de la Ley 81-2019 en cuanto a la identificación de los eventuales componentes de las diferentes industrias y que, a su vez, integremos la participación ciudadana en estas actividades dentro de un marco legal”, expresó Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

Por último, Maymó Azize indicó que como parte del proceso la Comisión de Juegos celebrará una vista pública virtual el 19 de agosto de 2020, a las 9:00 de la mañana a través de la plataforma cibernética Microsoft Teams.

Para más información u orientación sobre cómo participar de a vista pública virtual, puede comunicarse al (787) 768-2005; ext. 234.

 

Fuente: CyberNews