AAFAF - Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico

Reunieron a todos los principales asesores legales del gobierno

 

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) celebró hoy, jueves, el primer taller del Instituto de Capacitación Profesional y Gobernanza Pública Fiscal dirigido a todos los principales asesores legales de las dependencias del Gobierno de Puerto Rico.

 

El director ejecutivo de la AAFAF, Omar J. Marrero, recordó que el objetivo del Instituto es atender la necesidad de desarrollar y capacitar al recurso humano del gobierno en temas fiscales, económicos y de gobernanza pública, particularmente, en materias fundamentales en la actualidad como la Ley PROMESA.

 

“En este primer taller logramos reunir a los todos los principales asesores legales de nuestro gobierno para orientarlos sobre el alcance y cumplimiento de la Ley PROMESA. Específicamente, nos enfocamos en las secciones 204, 205 y 207 del estatuto federal, así como detalles importantes sobre los poderes de la Junta de Supervisión Fiscal. En la AAFAF queremos desarrollar profesionales y recursos de excelencia que contribuyan a una gestión gubernamental en la que predominen la transparencia, la ejecución, la sensibilidad y la responsabilidad fiscal”, destacó Marrero.

 

El taller, el cual agrupó a sobre 100 empleados públicos, fue ofrecido por el subdirector de la AAFAF, licenciado Julian Bayne y el principal asesor legal de la entidad, licenciado Carlos Saavedra.

 

De otro lado, Marrero añadió que el Instituto continuará diseñando currículos de capacitación y coordinará otros ofrecimientos de seminarios, talleres, conferencias, visitas y actividades para los empleados gubernamentales. El funcionario adelantó que próximamente se estará celebrando el segundo taller, el cual estará dirigido a los jefes de las dependencias gubernamentales para que conozcan los procesos de distribución del tercer paquete de estímulo federal de la ley del Plan de Rescate Estadounidense del 2021.

 

AAFAF es la entidad gubernamental responsable de la supervisión, ejecución y administración del Plan Fiscal certificado, inclusive de velar por que todos los entes del Gobierno de Puerto Rico cumplan con dicho Plan Fiscal. La Ley 2-2017 confiere a la AAFAF plenas facultades y derechos para llevar a cabo dichos propósitos. Con esto en mente, establece el Instituto para capacitar a todos los grupos llamados a participar en dichos procesos y labores.

 

Fuente: Metro

La Aafaf anunció un paquete de compensación que incluye el pago de horas extra a los trabajadores de la corporación pública que dejen sus puestos en o antes del 31 de mayo

 

Mientras continúa el hermetismo en torno al número de trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que se transferirán en definitiva al operador LUMA Energy, la Autoridad de Agencia Fiscal y Asesoría Financiera (Aafaf) informó esta tarde que el gobierno pagará seis meses de salario, horas extra y otros beneficios a los empleados que renuncien de manera irrevocable a la corporación pública.

 

La movida, identificada por la Aafaf como “la segunda fase” del Programa de Transición Voluntaria (PTV), se hizo en virtud de la Orden Administrativa 2021-02. La determinación cobró vigencia hoy, luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobara la normativa ayer.

 

Según la Orden Administrativa, el paquete de salida se pagará a todos los empleados que renuncien a sus puestos, suscribiendo un “Acuerdo Final de Renuncia Incentivada” en un plazo de 15 días, es decir, desde la aprobación de la orden administrativa, el jueves, 13 de mayo hasta el próximo 31 de mayo a las 11:59 p.m.

 

La AEE publicó una hoja informativa para los empleados de la AEE acerca del PTV y la solicitud para participar de la iniciativa.

 

El plazo dado por la Aafaf vence justo antes de que LUMA Energy tome el control de la red eléctrica, las áreas administrativas y de servicio al cliente de la AEE el próximo 1 de junio.

 

La Aafaf dio a conocer el paquete de compensación este viernes, cuando divulgó los requisitos para participar del PTV y asegurar que acogerse a las disposiciones del programa no afectará a aquellos empleados que sean elegibles para la jubilación en esa corporación pública.

 

“Podrán solicitar participar en el PTV los empleados de la AEE que ocupen puestos de carrera con estatus regular en las divisiones de Transmisión, Distribución y Servicio al Cliente. Además, si el empleado se acoge a este programa, no se afectará la cantidad a la que tengan derecho por concepto de retiro, pago de liquidación de vacaciones y/o horas extras”, indicó en declaraciones escritas, el director ejecutivo de la Aafaf, Omar J. Marrero.

 

Según la Orden Administrativa, los empleados que se acojan a la segunda fase del PTV en la AEE, renuncian de manera “irrevocable” a la corporación pública. A cambio, estos recibirán seis meses de salario, el pago de horas extra, el pago del balance de licencia de vacaciones según el estado de derecho vigente y $600 para cubrir gastos de salud. La paga correspondiente a salarios podría recibirse de manera englobada o según los pagos de nómina que suele recibir el trabajador.

 

El Departamento de Hacienda, agrega el documento, tomará las medidas para que el pago que reciban los renunciantes no esté sujeto al pago de contribuciones, excepto las retenciones federales por partidas como el Seguro Social, por ejemplo.

 

De inmediato, la Aafaf no informó el costo del programa.

 

La Aafaf dio a conocer el paquete de incentivos al tiempo que la Unión de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) ha intensificado su oposición a la entrada de LUMA y el presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales de la AEE, Abraham García Román, indicó a este diario que los empleados de la AEE están “renuentes” a dejar sus cargos ante la falta de certeza laboral y el futuro de sus pensiones.

 

Esta semana, LUMA Energy confirmó a este diario que unos 2,000 empleados de la corporación pública había expresado interés en trabajar con la empresa. Pero el operador y tampoco la AEE han contestado un pedido de información de este diario en torno al número de empleados que habría completado el trámite de rigor. Hasta el pasado 28 de abril, solo 132 empleados de la corporación pública habían renunciado a sus puestos para integrarse a LUMA.

 

“La Aafaf considera necesario y adecuado brindarles la oportunidad a los empleados de la AEE de acogerse voluntariamente a una nueva fase del (PTV) y beneficiarse de los incentivos que el mismo ofrece. De esta manera, logramos disminuir el gasto público sin despedir empleados”, reza la orden administrativa de la agencia.

 

Desconocido el impacto económico del programa y de dónde se pagará

 

Según la Aafaf, los empleados de la AEE que son elegibles para el PTV deben ocupar puestos de carrera con estatus regular en las divisiones de Transmisión, Distribución y Servicio al Cliente. La oferta no aplica a los empleados de Generación de la AEE.

 

El Nuevo Día intentó comunicarse con Aafaf para conocer si el gobierno pagaría el paquete de salida a los trabajadores que ya renunciaron a sus puestos o radicaron sus renuncias antes de que la orden administrativa entrara en vigor, pero no recibió respuesta inmediata.

 

La Aafaf tampoco contestó cómo se va a pagar el programa. El pasado 27 de abril, cuando la JSF pidió a la Legislatura aprobar los fondos para las reservas del contrato de LUMA también indicó que la AEE tendría que sufragar el costo de “la movilidad” de los empleados que permanezcan en el gobierno.

 

En el caso de la Orden Administrativa 2021-02, el texto establece que la AEE tendrá que identificar el dinero para financiar el PTV y pedir a la JSF una enmienda a su presupuesto en caso de que no tenga recursos suficientes para cubrir el costo de la iniciativa.

 

“Si la Autoridad Nominadora (AEE) determina que carece de fondos suficientes para pagar la totalidad del incentivo en virtud del Programa, deberá modificar y/o ajustar los beneficios del Programa para conformarlo al presupuesto disponible”, reza la Orden Administrativa.

 

Fuente: El Nuevo Día

El presidente del Negociado de Telecomunicaciones, Ian Carlo Serna, detalló que hay programas encaminados a corto, mediano y largo plazo, incluyendo la actualización del mapa de conectividad de la isla

 

La selección del ente privado que estará a cargo de gerenciar $400 millones destinados en el Plan Fiscal de 2021 a atender la brecha digital que existe en Puerto Rico ya está en manos de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), confirmó el presidente del Negociado de Telecomunicaciones (NET), Ian Carlo Serna, en entrevista con El Nuevo Día.

 

El ingeniero sostuvo que este es uno de los proyectos en curso para atender la brecha, que es más evidente desde el pasado año, cuando la pandemia de COVID-19 obligó establecer un sistema educativo completamente virtual y salieron a relucir las limitaciones de acceso a internet de banda ancha que han sufrido estudiantes y maestros en Puerto Rico. Serna detalló que, luego de la publicación de una solicitud de propuestas por parte de la AAFAF en octubre pasado, el Negociado recibió cuatro proponentes.

 

“De esos, dos de los proponentes fueron los mejores que presentaron, se hicieron entrevistas y en función de eso se hizo la recomendación”, explicó. Serna no reveló quiénes fueron los proponentes ni la recomendación que hizo el Negociado, indicando que esperaría a que el comité evaluador de la AAFAF evalúe la recomendación. El proyecto en cuestión lleva por nombre Broadband Infrastructure Fund y utilizará fondos estatales que “se separaron en el Plan Fiscal del gobierno” avalado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

 

“El Comité Evaluador, el cual se compone de AAFAF, PRITS, Junta de Telecomunicaciones y JSF, se encuentra en el proceso final de evaluación para seleccionar el proponente preferido, que se encargará de proveer servicios de administración del fondo para la infraestructura de telecomunicaciones de banda ancha (Broadband Infrastructure Fund). Una vez se seleccione el proponente, se estará informando”, indicó Omar Marrero, director ejecutivo de la AAFAF.

 

El Plan sostiene que dicha asignación será “para incentivar las inversiones del sector privado en la construcción de banda ancha y para mejorar el acceso a ofertas de mayor velocidad en áreas desatendidas. Estas inversiones deberían ayudar a superar las barreras para la expansión de la banda ancha y asegurar que todos los residentes y empresas de Puerto Rico se beneficien de esta capacidad”.

 

Serna indicó que parte de los fondos deberían utilizarse para actualizar el mapa de conectividad de Puerto Rico. “La primera responsabilidad es desarrollar un mapa actualizado de cobertura para identificar los lugares específicos donde no existe cobertura o no está adecuadamente servida y con esa huella, entonces desarrollar proyectos particulares”, subrayó. El mapa de conectividad de la isla no se actualiza desde el 2014.

 

Antes de que se decretara la pandemia de COVID-19, alrededor de un 40% de los hogares en Puerto Rico no tenía acceso a internet de banda ancha, debido a problemas de infraestructura o razones económicas que impiden que una familia pueda adquirir el servicio, estimó Serna. “Luego del ejercicio de los vales educativos, ese número debe ser menor por la cantidad de proveedores, incluyendo pequeños, que participaron del programa, entre 30 y 35 proveedores”, dijo.

 

El funcionario se refirió a los subsidios de $400 por estudiante otorgados por el gobierno en octubre de 2020 mediante la ley de estímulo económico federal para manejar la pandemia de coronavirus, mejor conocida como ley Cares, para facilitar la educación a distancia. No obstante, los vales educativos fueron una asistencia temporera, al tiempo que no son una solución a las dificultades de acceso en los lugares donde no está desarrollada una infraestructura adecuada para internet de alta velocidad.

 

“Ciertamente, reconocemos que todavía existen dificultades, sobre todo, en los municipios de la montaña por las condiciones topográficas”, apuntó Serna, quien añadió que el Plan Fiscal establece que los proyectos dentro del Puerto Rico Broadband Initiative deben realizarse dentro de un periodo de tres años.

 

Otra medida que sigue en curso es la Etapa 2 del Fondo Uniendo a Puerto Rico, en manos de la Junta de Competencia Inalámbrica de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Serna aseguró que, mediante fondos otorgados en una primera fase, “más de 1,400 millas de fibra óptica se han soterrado después del huracán María”, para ampliar el acceso a internet de banda ancha.

 

Según la FCC, la segunda etapa tendrá como resultado que todas las ubicaciones de Puerto Rico tengan acceso a servicio de banda ancha fija con velocidades de al menos 100 Megabits por segundo (Mbps), y un tercio de dichas ubicaciones tendrá acceso al servicio de banda ancha fija con velocidades de al menos 1 Gigabit por segundo (Gbps).

 

La FCC anunció en noviembre del pasado año que las dos compañías ganadoras del proceso competitivo para la segunda etapa fueron Liberty Communications y Claro, bajo el nombre de Puerto Rico Telephone Company. En conjunto, según informó la FCC, sus licitaciones fueron de $127.1 millones en financiación para un periodo de diez años.

 

Específicamente, Liberty obtuvo $71.54 millones para ofrecer acceso de banda ancha de alta velocidad a todas las ubicaciones en 43 de 78 municipios de Puerto Rico, Mientras, Claro obtuvo $55.56 millones para ofrecer acceso de banda ancha de alta velocidad a todas las ubicaciones de los 35 municipios restantes.

 

No obstante, debido a procesos burocráticos, las compañías todavía no han recibido los fondos de parte de la FCC, indicó Serna, de acuerdo con la información provista por ambas empresas. Por otro lado, aunque el periodo de financiación cubre hasta diez años, el ingeniero aseguró que tanto Liberty como Claro tienen como objetivo realizar los trabajos en un periodo de entre tres y seis años.

 

“Estos dos programas tienen que ser armonizados”, manifestó, en referencia al Fondo Uniendo a Puerto Rico y el Puerto Rico Broadband Initiative. “Esto va a mejorar la competitividad de la isla”, apuntó.

 

El ingeniero planteó que sigue en curso un tercer programa del NET, que tiene como fin desarrollar centros de internet en los municipios de la isla, así como acceso a internet wifi en las plazas públicas.

 

“Continuamos con esa iniciativa. Hasta la fecha se han desarrollado 59 centros de internet y 61 proyectos de plaza Wi-Fi. La meta es impactar donde no se han desarrollado centros”, dijo Serna.

 

Según los datos del NET, hay 18 municipios donde no se han desarrollado proyectos de plazas Wi-Fi o centros de internet: Adjuntas, Arecibo, Arroyo, Ciales, Dorado, Guayanilla, Guaynabo, Guánica, Hatillo, Jayuya, Juncos, Maunabo, Mayagüez, Morovis, Río Grande, Sábana Grande, Villalba y Yauco.

 

Fuente: El Nuevo Día

(San Juan, P.R.) –El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) Lcdo. Omar J. Marrero informó sobre las nuevas funcionalidades del Portal de Transparencia de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés), dónde los ciudadanos podrán obtener información sobre el flujo del Fondo de Alivio del Coronavirus (CRF, por sus siglas en inglés) de la Ley CARES con el propósito de reforzar la transparencia en el manejo de estos fondos federales.

 

“Nuestra administración está comprometida en reforzar una política pública de transparencia en el manejo efectivo de los fondos federales y está centrada en continuar restableciendo la credibilidad de Puerto Rico ante el Gobierno de los Estados Unidos, expresó Marrero.

 

El director ejecutivo indicó que actualmente la AAFAF cuenta con información pública sobre los procesos y el progreso de los desembolsos del CRF, así como detalles de cada uno de los programas que se han establecido bajo la Ley CARES. No obstante, con el objetivo de divulgar información adicional financiera, se incluyó en el portal de COR3 lo siguiente:

 

 

 

 

 

 

Por su parte, el director ejecutivo de COR3, Ing. Manuel A. Laboy Rivera, indicó “la publicación a través de nuestro portal de los programas disponibles en AAFAF para asistir en la crisis a causa de COVID-19, nos permite centralizar y facilitarle a los ciudadanos la búsqueda de este tipo de información. Al mismo tiempo los interesados podrán acceder a información actualizada sobre el proceso de recuperación por desastres que lideran los municipios, dependencias gubernamentales e instituciones sin fines de lucro”.

 

“Invitamos a todos los interesados en conocer el progreso de los desembolsos del CRF, a que visiten el portal www.recovery.pr y conozcan esta nueva funcionalidad para que obtengan toda la información necesaria sobre el uso y manejo del Fondo CRF”, concluyó Marrero.

 

Fuente: ForoNoticioso

A través de la Ley del Plan de Rescate Americano 2021 

 

El gobernador Pedro Pierluisi junto al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) Omar Marrero y el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea informaron que el gobierno de Puerto Rico realizó la solicitud de fondos ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para recibir la distribución del tercer paquete de estímulo federal a través de la Ley del Plan de Rescate Americano 2021 (ARPA, por sus siglas en inglés) por la cantidad de $2,470,061,908.

 

“Estos fondos del Plan de Rescate Americano 2021 son esenciales para que el gobierno logre mitigar el impacto de la pandemia en sus agencias y corporaciones públicas, así como en diversos sectores de nuestra economía. Mi administración está comprometida con seguir incentivando nuestra recuperación económica al mismo tiempo que continuamos los esfuerzos de prevención del virus y la vacunación”, explicó el gobernador.

 

En su mensaje de Estado, Pierluisi aseguró que asignaría fondos adicionales para la salud mental, la violencia de género, la vigilancia genómica y la nutrición. Igualmente, habló de asignaciones para la Universidad de Puerto Rico e instituciones sin fines de lucro, así como de asistencia económica para agricultores y pagos especiales para primeros respondedores, entre otros.

 

De igual manera, el secretario de Hacienda, destacó que, “una vez el gobierno federal hizo disponible la solicitud en el portal del Coronavirus State Fiscal Recovery Fund, el Departamento de Hacienda sometió las certificaciones de transferencia para solicitar los fondos ARPA de las ayudas elegibles para Puerto Rico, conforme a lo establecido por el Tesoro”.

 

Por su parte, el director ejecutivo de la AAFAF, explicó que además del paquete de estímulo económico para Puerto Rico de $2.4 mil millones, el gobierno federal destinará $801,110,060 para 27 municipios que cuentan con más de 50 mil habitantes.

 

El resto de los municipios recibirán transferencias por parte del gobierno central, las cuales suman $124,849,699.

 

Los fondos tienen que ser obligados antes del 31 de diciembre de 2024.

 

La orden ejecutiva 2021-034 f ordenó al Comité de Supervisión de Distribución del Coronavirus Relief Fund (CRF) autorizar y supervisar el desembolso de dichos fondos y, a su vez, asegurar el cumplimiento con los estándares establecidos en el referido Plan Estratégico y la ley ARPA.

 

Fuente: El Vocero 

A través del recién creado programa de Asistencia a Sobrevivientes

 

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) Lcdo. Omar J. Marrero anunció la creación de un programa para proveer asistencia a sobrevivientes de violencia de género que contará con $4 millones del Fondo de Alivio del Coronavirus (CRF, por sus siglas en inglés) de la Ley CARES, se i formó mediante comunicado de prensa.

 

El Comité de Supervisión de Distribución de Fondos del CRF aprobó las guías y la asignación de fondos de la reserva del CRF al recién creado programa de Asistencia a Sobrevivientes de Violencia de Género.

 

Como parte del programa, inicialmente se asignó $2 millones a la Oficina de la Procuradora de la Mujer y $2 millones al Comité PARE, entidades que ambas apoyan a sobrevivientes de violencia y abuso doméstico. La creación de este programa garantiza que la utilización de estos fondos de respuesta a la pandemia cumpla el objetivo de atender el alza en casos de violencia de género mientras se cumple con las guías y requisitos federales.

 

Esta asignación se suma a los $7 millones que aprobó recientemente la Junta de Supervisión Fiscal a solicitud del Gobierno de Puerto Rico para continuar combatiendo la violencia contra la mujer.

 

“En esta coyuntura histórica por la cual atraviesa Puerto Rico, y a tono con la orden ejecutiva del Gobernador Pierluisi que declaró un estado de emergencia por el aumento en casos de violencia doméstica, el Gobierno ha decidido destinar fondos adicionales de la Ley CARES para apoyar a las víctimas de violencia de género y potencialmente salvar vidas”, expresó Marrero en declaraciones escritas.

 

“Estamos comprometidos con el bienestar y la salud de las mujeres puertorriqueñas. Esta asignación de fondos permitirá cubrir gastos necesarios relacionados con el COVID-19 y el aumento en casos de violencia doméstica a raíz de la pandemia”, agregó.

 

La distribución de fondos del Programa estará sujeta a las más estrictas normas para garantizar el cumplimiento con los reglamentos federales y las mejores prácticas. Puede acceder a las guías en el portal cibernético de AAFAF en www.aafaf.pr.gov.

 

Fuente: NotiCel

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) anticipó que el presupuesto que propone para el próximo año fiscal incluye $9 millones para que a partir de julio se ejecute un proyecto que impulsa que los pensionados del gobierno puedan reinsertarse en el servicio público a tiempo parcial sin que se les afecte el beneficio de retiro.

 

La Comisión de Gobierno de la Cámara inició ayer la evaluación del Proyecto de la Cámara 533 propuesto por el gobernador Pedro Pierluisi. En su lenguaje, la medida establece que la misma sería de aplicación desde el 1ro de julio hasta el 31 de diciembre de 2024, cuando termina el presente cuatrienio. De aprobarse el proyecto en la Asamblea Legislativa, este sería de aplicación a retirados por edad o por años de servicio, así como a los jubilados mediante cualquier programa de retiro incentivado.

 

“El programa de gobierno (de Pierluisi) subraya como uno de sus compromisos el reintegrar el conocimiento de nuestros retirados en áreas esenciales a tiempo parcial, sin afectar su pensión, incluyendo maestros, policías y trabajadores sociales, entre otros”, expresó el director ejecutivo de la OGP, Juan Carlos Blanco.

 

Con los fondos identificados

 

El funcionario afirmó que ya La Fortaleza identificó el dinero para hacer cumplir esta medida a partir del 1ro de julio. “En términos presupuestarios, el presupuesto propuesto para el año fiscal 2121-2022 incluye la cantidad de $9 millones bajo la custodia de la OGP para crear el Programa Empleo para Retirados” con el fin de promover el reclutamiento de empleados públicos retirados sin afectar sus beneficios, detalló Blanco.

 

Sin embargo, indicó que la partida de $9 millones está sujeta a la aprobación de la Junta de Control Fiscal. “Es importante recordar que se ha desarrollado un plan fiscal en cumplimiento con los requisitos dispuestos por la junta fiscal, según requiere la ley Promesa”, afirmó el funcionario.

 

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) también dio luz verde a la aprobación de la medida legislativa durante su comparecencia ante la comisión cameral, aunque advirtió igualmente que estaría a discreción de la junta fiscal.

 

Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Pensionados del Gobierno, Roberto Aquino García, cuestionó el plazo de aplicación de la medida y el que sus términos se suspendan a partir del 31 de diciembre de 2024, según estipulado en el lenguaje del proyecto. En ese sentido, planteó una serie de enmiendas, aunque se expresó a favor de la legislación.

 

Al finalizar la vista, el presidente de la Comisión cameral de Gobierno, Jesús Manuel Ortiz, dijo que atendería las preocupaciones que surgieron por parte de algunos representantes.

 

“Entendemos importante su aportación (la de los jubilados) a nuestro gobierno dada su experiencia y conocimiento. Con eso en mente continuaremos atendiendo la medida para auscultar la posibilidad de salvaguardar las preocupaciones que surgieron en la vista por parte de todos los miembros de la comisión presentes en la vista”, puntualizó Ortiz.

 

Fuente: El Vocero

 

Will train public workers to boost fiscal responsibility and transparency

 

The executive director of the Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority (AAFAF, by its Spanish acronym), Omar J. Marrero, announced the creation of the Institute for Professional Training and Public Economic Governance for professionals and human resources of the Government of Puerto Rico.

 

The Institute responds to the need to develop and train government human resources on fiscal, economic and governance matters.

 

The Institute will help establish a progressive government leadership focused on excellence, performance, transparency, and fiscal responsibility. To this end, the Institute will design training curriculums and coordinate offerings such as seminars, trainings, conferences, visits and activities for participants on responsible management practices, planning and execution of fiscal and economic projects.

 

“I am pleased that AAFAF will be now a learning instrument to help shape better professionals and human resources through the training programs the Institute will coordinate. At AAFAF, we want to develop professionals and human resources of excellence that contribute to a government administration where transparency, performance, sensibility, and fiscal responsibility dominate,” stated Marrero while emphasizing that this initiative forms part of Gov. Pedro R. Pierluisi’s public policy of transforming public service into one of excellence and execution.

 

Moreover, because of their similar purpose, AAFAF’s José M. Berrocal Summer Internship, for college students in Puerto Rico and the United States, is being integrated into the organizational structure of the Institute for Professional Training and Public Economic Governance.

 

AAFAF is the government entity responsible for the oversight, execution, and administration of the Certified Fiscal Plan, which includes ensuring that all the entities of the Government of Puerto Rico comply with said Fiscal Plan. Act 2-2017 confers upon AAFAF full authority and rights to carry out said purpose. To this end, AAFAF established the Institute to train all the groups called to participate in said processes and efforts.

 

Fuente: The Weekly Journal

La fecha límite para entregar las propuestas es el 17 de mayo

 

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) Omar J. Marrero anunció la publicación de una solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) dirigida a firmas capacitadas para proveer servicios de administración a un fondo creado con el propósito de ofrecer educación en destrezas de administración y tecnología.

 

El administrador del fondo estará a cargo de elaborar un Plan de Destrezas para el Siglo XXI para el desarrollo de la fuerza trabajadora de Puerto Rico. El plan identificará las destrezas específicas y las áreas de administración y de tecnología en las que se centrará un programa de subvenciones que pondrá becas a disposición de los programas educativos que sean certificados por el administrador del fondo (Education Grant Program).

 

“Con la creación de este fondo y el Programa de Subvención, el gobierno reconoce la importancia de invertir en el desarrollo educativo en las áreas de administración y tecnología, con el propósito de asegurar que el pueblo de Puerto Rico pueda competir y prosperar en una economía globalizada”, expresó Marrero.

 

En primer lugar, el administrador del fondo hará una evaluación de destrezas que establecerá la infraestructura para este programa de becas e implementará un proceso consistente de monitoreo y evaluación. Además, dicho Plan permitirá que las universidades y los proveedores de educación pública y privada desarrollen y abran programas nuevos con la expectativa de que haya una mayor matricula de estudiantes. Dada la importancia del aprendizaje en línea, el Plan deberá alentar la creación de programas que se ofrezcan en múltiples formatos, ya sea en línea, presenciales o en formato híbrido.

 

El plan fiscal certificado del presente año fiscal 2020-2021 asigna $50 millones para ofrecer educación en destrezas de administración y tecnología, a través de un programa de subvenciones que permitirá que los residentes de Puerto Rico se beneficien de un mejor acceso a la educación.

 

La RFP describe en detalle el proceso de licitación. La fecha límite para entregar las propuestas es el 17 de mayo de 2021. Puede acceder a la RFP en el portal cibernético de AAFAF en www.aafaf.pr.gov.

 

Fuente: El Oriental

Si se concretan las dos medidas que trabajan independientemente ambas ramas, la Autoridad de Carreteras se quedará con una pequeña fracción de sus responsabilidades

 

El gobierno de Pedro Pierluisi considera una legislación para dividir la operación y el mantenimiento de las carreteras de Puerto Rico, de modo que solo las autopistas con peajes queden bajo la quebrada Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) como gravamen para la deuda.

 

Simultáneamente, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, ha coordinado con los alcaldes para presentar legislación que permita transferir las carreteras estatales a los municipios, en conjunto a los fondos para su mantenimiento.

 

Ambas medidas forman parte de esfuerzos separados, que, si se concretan, significarán que la ACT -que hasta enero, tenía 835 empleados- se quedará con una pequeña fracción de sus responsabilidades.

 

En primer lugar, el plan discutido entre los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el director de la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, implica traspasar la responsabilidad de mantener las carreteras estatales sin peajes al gobierno central.

 

“Los activos con peajes van a estar sujetos al acuerdo y a la estructura (de reorganización de deuda). Aquellos activos que no tienen peaje o que son activos como el Tren Urbano, que dependen del subsidio del gobierno central, pues vamos a dejarlos al gobierno central”, explicó Marrero en entrevista con este diario. Agregó que separar los activos jurídicamente estará sujeto a legislación.

 

El portavoz de la JSF, Edward Zayas, confirmó, de forma separada, que el ente recomienda traspasar la responsabilidad legal de los activos sin peaje de la ACT al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). De hecho, así lo ha recomendado desde enero en misiva al gobernador y los presidentes legislativos.

 

En caso de que no prospere la legislación bajo el gobierno compartido, entonces intentarán que en los estados financieros “quede claro cuáles son los ingresos pignorados para atender la acreencia”, dijo Marrero.

 

Transferencia a municipios

Mientras se dan esas conversaciones, Hernández, confirmó a El Nuevo Día que presentará esta semana un proyecto de ley para traspasar la titularidad de todas las carreteras sin peaje a los municipios, como parte de un plan para aumentar los recursos fiscales de los ayuntamientos.

 

“Es el traspaso de titularidad, con el dinero recurrente (para mantener las carreteras) y la fuente de dónde provienen los fondos. Se le va a presentar (este plan) a la Junta”, confirmó el líder cameral sobre la medida que trabajó junto a los presidentes de la Asociación y Federación de Alcaldes, Luis Javier Hernández y Ángel Pérez, respectivamente, así como el presidente de la comisión cameral de Asuntos Municipales, Juan José Santiago.

 

Según Hernández, la medida ahorrará dinero al gobierno central, pues estiman que los municipios podrán mantener las carreteras con menos dinero, al tiempo en que propone modificar el plan fiscal para disminuir las deducciones que tiene planificada hacer la JSF a los municipios.

 

“La meta es llegar a los $200 millones, porque no es carreteras nada más. Estamos hablando de transferir todos los activos de Recreación y Deportes, y Educación”, comentó el presidente cameral.

 

Traspasar estas propiedades a los municipios tendrá repercusiones sobre los empleos de la ACT, el Departamento de Educación, el Departamento de Recreación y Deportes y la Autoridad de Edificios Públicos, que al cierre de edición Hernández no especificó cómo atenderá.

 

Los sindicalistas del Programa Solidaridad (Prosol) de la UTIER, que tienen trabajadores de la ACT, se oponen a ambas medidas. “Sería el cierre total de la ACT porque así no podemos subsistir. Le va a pasar lo que está pasando con la Autoridad de Energía Eléctrica: desaparece. Esta es la intención de la junta de control fiscal”, denunció Ángel Pinto, de Prosol UTIER.

 

La transferencia de titularidad necesitará el aval del gobierno federal, agregó Pinto.

 

Fuente: El Nuevo Día