Sin embargo, dice que se deben interpretar de manera limitada los poderes de la Junta de Control Fiscal.

 

La Junta de Control Fiscal.
Foto: Archivo/NotiCel

 

El Gobierno de Puerto Rico celebró la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que declaró el lunes que los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal son constitucionales.

 

El Gobierno de Puerto Rico había respaldado la posición asumida por el procurador general de los Estado Unidos que acudió al Tribunal Supremo federal defendiendo la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta porque, si se declaraban inconstitucionales serían igualmente inconstitucionales todos los gobernadores que han sido electos en la historia de Puerto Rico y todos los nombramientos que esos gobernadores han hecho.

 

“Nos complace que el Tribunal Supremo haya reconocido que, tal como argumentamos, las disposiciones constitucionales que protegen los derechos civiles en controversia aplican plenamente a los ciudadanos de Puerto Rico”, dijo Omar Marrero, representante del Gobierno ante la Junta de Control Fiscal en declaraciones escritas a preguntas de NotiCel.

 

“El Tribunal Supremo reconoció también que Puerto Rico está sujeto a la cláusula territorial de y, como tal, el gobierno de Puerto Rico puede ser alterado unilateralmente por el Congreso. El Tribunal Supremo reconoció, además, que la Junta de Supervisión Fiscal es una entidad puramente local y que sus poderes están definidos exclusivamente en PROMESA”, agregó el funcionario.

 

Marrero, quién además es el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), dijo que “el Gobierno continuará defendiendo sus poderes y prerrogativas en el proceso conforme a PROMESA, argumentará que se deben interpretar de manera limitada los poderes de la Junta de Supervisión Fiscal y continuará trabajando para reestructurar las deudas de Puerto Rico”.

Podrán solicitar la Ayuda a Pymes aunque se hayan beneficiado de la Ayuda a Cuentapropistas

 

Francisco Parés, secretario de Hacienda, subrayó que ninguna porción del pago recibido podrá ser utilizado para pagar bonos a ejecutivos, refinanciar deudas o para gastos no permitidos. ( Archivo)

 

El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, informó que, a partir de mañana, viernes, 5 de junio se habilitará un enlace a través del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), para que pequeños y medianos comerciantes elegibles puedan solicitar la ayuda económica aprobada bajo la Ley CARES.

 

“El 23 de mayo de 2020, el Comité de Supervisión de Desembolsos del Fondo de Alivio de Coronavirus, aprobó las guías del programa de asistencia a pequeñas y medianas empresas, según establecido bajo el Plan Estratégico de la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a tenor con esto, emitimos la Carta Circular de Rentas Internas 20-26, para establecer la forma y manera en que se van a distribuir los incentivos económicos a partir de este viernes 5 de junio”, explicó Parés Alicea.

 

Los incentivos aprobados para las pymes serán de $5,000, para aquellos pequeños negocios que tenían entre dos y 49 empleados en su nómina al mes de marzo de 2020 y de $10,000 para empresas medianas cuya plantilla de empleados al mes de marzo de 2020 era de 50 a 500. En ambos casos, los comerciantes debían tener vigente su Certificado de Registro de Comerciante al 16 de mayo de 2020.

 

Las pequeñas y medianas empresas que podrían beneficiarse incluyen a entidades sin fines de lucro que proveen servicios directos a la ciudadanía y que cumplen con el requisito de cantidad de empleados. Este programa aplica a todo tipo de negocio, tanto al individual como el negocio a través de una entidad jurídica como sociedad, compañía de responsabilidad limitada o corporación.

 

“En el caso de individuos que trabajan por cuenta propia y a su vez son patronos elegibles para la Ayuda a Pymes por la cantidad de empleados en su nómina, podrán solicitar este beneficio, aunque hayan recibido el pago de $1,000 de Ayuda a Cuentapropistas, según establecida en el Plan Estratégico. Sin embargo, en estos casos los individuos recibirán $4,000, en el caso de ser considerados una Pequeña Empresa y $9,000, en el caso de ser considerados una Mediana Empresa”, explicó el funcionario.

 

Para solicitar el pago de la ayuda, los comerciantes deberán acceder al enlace que se habilitará en sus cuentas de SURI. Como parte de la solicitud, deberán certificar que el monto de la ayuda será utilizado para compensar las pérdidas económicas debido a la interrupción de las operaciones por la emergencia del COVID-19 y/o para gastos necesarios permitidos relacionados, según se establece en las Guías del Programa de Ayuda a pymes.

Parés Alicea agregó que otros requisitos establecen que ninguna porción del pago recibido podrá ser utilizado para pagar bonos a ejecutivos, refinanciar deudas o para gastos no permitidos. También se dispone que cualquier cantidad recibida que no sea utilizada en o antes del 30 de diciembre de 2020 o que se determine que fue utilizada incorrectamente, deberá ser devuelta al Departamento.

 

“La ayuda económica no se utilizará para gastos de nómina si la pyme ha recibido, recibirá o planea solicitar y recibir ayuda bajo el Programa de Protección de Nómina del Sector Privado bajo el Plan Estratégico y deberán comprometerse a cumplir con todos los demás términos y condiciones del programa”, recalcó.

 

Todos los comerciantes que soliciten la ayuda económica, deberán someter una copia del Formulario 941-PR, Planilla para la Declaración Federal Trimestral del Patrono, del trimestre terminado el 31 de marzo de 2020, junto con la evidencia de radicación al Servicio de Rentas Internas Federal (“IRS” por sus siglas en inglés).

 

En los casos de las pymes que no hayan sometido la Planilla Trimestral para el trimestre terminado el 31 de marzo de 2020, el Departamento utilizará la información provista en la Planilla Trimestral del trimestre terminado el 31 de diciembre de 2019, para determinar su elegibilidad para las ayudas, basado en la cantidad de empleados informada en dicha planilla, Los comerciantes también deberán proveer su información de cuenta bancaria para recibir el pago vía depósito directo.

La ayuda a pymes será otorgada a base de primero en tiempo, primero en derecho y estará disponible hasta que se agoten los fondos destinados para estos incentivos bajo el Plan Estratégico.

 

Para conocer más detalles, las  guías están disponibles en el siguiente enlace: http://www.aafaf.pr.gov/assets/guide-crf-small-medium-sized-bus-grants-prog.pdf. También puede acceder a la Carta Circular  20-26 en la página del Departamento, www.hacienda.pr.gov .

Se informó que el restante de los fondos se distribuirá durante la primera semana de junio hasta cubrir la totalidad de los $150 millones

 

El programa dirigido a las instituciones hospitalarias privadas tiene asignado $150 millones. (EFE)

 

La gobernadora Wanda Vázquez Garced informó este domingo que autorizó $49,529,525 millones para los hospitales privados del país bajo el Programa de Asistencia a Hospitales Privados, incluido en el Plan Estratégico de Desembolsos bajo la Ley CARES, aprobada en el Congreso de Estados Unidos.

 

El programa dirigido a las instituciones hospitalarias privadas tiene asignado $150 millones para proporcionar asistencia de emergencia (subvenciones o préstamos a corto plazo) a los hospitales privados para los gastos relacionados a la emergencia ocasionada por el COVID-19. La asignación a cada institución se distribuye de acuerdo con la necesidad.

 
“En el día de hoy, después de un proceso estricto de solicitud que busca garantizar el desembolso de fondos apropiadamente, nos place anunciar la aprobación del desembolso de los primeros $49 millones del Programa de Asistencia a Hospitales Privados. Reconocemos los retos que nuestras instituciones hospitalarias han recibido a causa de esta pandemia mundial, y es por eso, que hemos trabajado ágilmente para iniciar el proceso de desembolso y cubrir los gastos relacionados a esta emergencia”, expresó la primera ejecutiva en un comunicado de prensa.

 
Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar J. Marrero Díaz, informó que el restante de los fondos se distribuirá durante la primera semana de junio hasta cubrir la totalidad de los $150 millones.

 
“Este impacto al sector de la salud aspira a proveer un alivio a la carga económica que esta pandemia ha representado para el sector encargado de proteger la salud pública. Nos mantenemos arduamente trabajando para proveerles a nuestros hospitales alternativas de alivio económico”, explicó Marrero Díaz, quien informó a su vez que la guías para solicitar la ayuda económica bajo este programa están disponible en el portal oficial de la Aafaf.

Así testificó la Aafaf en vistas públicas de la Comisión de Hacienda del Senado

 

(GFR Media)

 

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) estimó que el impacto acumulativo de la COVID-19 en la economía de Puerto Rico ronda los 6,600 millones de dólares. Así se puso de relieve durante las vistas públicas celebradas este miércoles por la Comisión de Hacienda del Senado, dirigidas por la senadora Migdalia Padilla.

 

“Es menester resaltar que se estima que el impacto acumulativo de la COVID-19 sobre la economía de Puerto Rico asciende a 6,600 millones. Ese impacto se distribuye, aproximadamente, en 800 millones durante el año fiscal 2020 y 5,800 millones en el año fiscal 2021”, dijo Hecrian Martínez, subdirector de Asuntos Legales de la Aafaf.

 

Además, dijo, la “proyección económica supone que las actividades económicas estarán detenidas por 2.5 meses y una reapertura gradual basada en la tasa a la que disminuyeron las solicitudes de (ayuda por) desempleo después de los huracanes de 2017”.

 

Los trabajos de la Comisión de Hacienda sobre la evaluación del Presupuesto para el Año Fiscal 2020-2021 comenzaron hoy con la participación de representantes del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Aafaf, el Departamento de Justicia (DJ) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)

 

“Qué difícil es hablar de un presupuesto de gastos en mayo en momentos atípicos en los que estamos y que no se ha dado un proceso normal”, lamentó por su parte Padilla, presidenta de la Comisión.

 

“Pero nos queda a nosotros como legisladores saber más allá de lo que es el presupuesto, determinar la necesidad de hacer los ajustes necesarios, especialmente la Asamblea Legislativa con el equipo económico de la gobernadora y que ustedes entiendan que no están solos. Tenemos el deber ministerial de estar en comunicación directa con el Ejecutivo y la Junta de Supervisión Fiscal y cómo se va a presentar el presupuesto consolidado del próximo año fiscal”, agregó.

 

Asimismo, de acuerdo con la AAFAF, el proyecto de presupuesto presentado asciende a 17,124 millones de dólares, de los cuales 9,062 millones son con cargo al Fondo General mientras que 8,062 surgen de Fondos de Ingresos Especiales.

 

Por su parte, la Junta de Supervisión Fiscal tiene un presupuesto propuesto de 15,618 millones, lo que conlleva una diferencia en comparación al propuesto por el Gobierno de 1,506 millones menos.

En febrero pasado, la Aafaf publicó una solicitud de propuestas para identificar firmas cualificadas que reunieran los requisitos necesarios para el desarrollo de la reglamentación

 

 

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) seleccionó a Gaming Laboratories International (GLI) para proveer servicios de consulta y asesoramiento a la Comisión de Juegos del gobierno de Puerto Rico, creada en virtud de la Ley 81-2019.

 

El director ejecutivo de la Aafaf, Omar J. Marrero Díaz, informó que GLI asistirá a la comisión en la redacción de la reglamentación que regirá sus operaciones y le proveerá servicios de asesoramiento a esta en lo que respecta a todas las industrias o actividades bajo su jurisdicción, las cuales incluyen las apuestas deportivas, los concursos de fantasía y juegos electrónicos, conocidos comúnmente como esports. Además, el funcionario agregó que la empresa estará a cargo de desarrollar los procedimientos aplicables a las operaciones de la comisión, utilizando como ejemplo los procesos desarrollados en otras jurisdicciones de los Estados Unidos.

 

En febrero pasado, la Aafaf publicó una solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para identificar firmas cualificadas que reunieran los requisitos necesarios para el desarrollo de la reglamentación.

 

“El equipo de la Aafaf está complacido con la selección de GLI, que ayudará al gobierno de Puerto Rico a desarrollar una reglamentación de vanguardia que viabilice ágilmente las disposiciones de la Ley 81-2019 en cuanto a la identificación de los eventuales componentes de las diferentes industrias y al mismo tiempo, integre la participación ciudadana en estas actividades dentro de un marco legal”, expresó Marrero Díaz.

Estas actividades representan nuevas formas de apuestas legales y constituyen una nueva fuente de actividad económica e ingresos para el gobierno. Las proyecciones indican que esta actividad podría reportar ganancias que rondan los $87 millones para el gobierno de Puerto Rico en un término de cinco años.

 

Por su parte, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (Ddec), Manuel A. Laboy Rivera, destacó que “la firma seleccionada asistirá a la comisión en el proceso de adopción de las normas que regirán esta innovadora industria para que alcance a su máximo potencial, junto con los talentos y recursos que tenemos en la Isla. Se estima que la aportación económica de este sector se aproxima a $68 millones para el año 2022 y $87 millones, en cinco años. Nuestra labor incluirá asegurarnos de que la implementación y el reglamento que resulte del proceso, sean cónsonos con la política pública de promover la innovación y el desarrollo económico de Puerto Rico mediante la adopción de forma responsable de las apuestas en eventos deportivos, en juegos electrónicos y en concursos de fantasía”.

 

En tanto, el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, José A. Maymó Azize, dijo que “durante los pasados meses, la Comisión de Juegos del gobierno de Puerto Rico realizó múltiples trámites para el desarrollo de su estructura operacional. Como parte de esas gestiones, trabajamos en equipo con Aafaf en la de esta empresa que nos asesorará en el proceso de redacción de los reglamentos sobre las distintas actividades de apuestas bajo nuestra jurisdicción. Un elemento esencial para una mayor apertura de este sector económico. El plan de acción una vez aprobada la reglamentación consiste en iniciar los procesos de licenciamiento de proveedores, así como el licenciamiento de operadores, lo cual implica la evaluación no solo de los requerimientos legales, financieros y técnicos establecidos por la regulación, sino el cumplimiento de los protocolos de juego responsable y prevención de lavado de dinero”.

$150 million identified to strengthen the unemployment fund

 

Omar Marrero, executive director of the Puerto Rico Financial Advisory & Fiscal Agency Authority. >Carlos Rivera Giusti

 

As thousands of unemployed workers and business owners wait for a response from the Puerto Rico Department of Labor, Gov. Wanda Vázquez detailed how her administration aims to distribute $2.2 billion in federal funds before December 2020.

 

The plan that Vázquez presented yesterday—which will be made official in an executive order—includes:

$150 million for private hospitals

$150 million to improve the follow-up process on COVID-19 patients (contact tracing) and to buy test kits

$40 million to improve remote work and study

$350 million in aid for small- and midsize businesses (PyMES by its Spanish acronym)

$50 million for the tourism industry.

 

Meanwhile, $485.6 million will be disbursed to the General Fund and the emergency reserve. According to a document released by La Fortaleza, $335 million of those funds will be destined to reimburse the General Fund’s expenses throughout the coronavirus emergency, while “the rest will be an effort to respond to possible changes on how to use [the federal funds].”

 

Both the governor and Labor Secretary Briseida Torres defended at a press conference the fund disbursement procedure for unemployed workers, despite multiple criticisms and obstacles that the process has prompted.

 

Vázquez was asked how the government would ensure the distribution of those funds, when the unemployment assistance program for self-employed individuals is being managed manually because the system doesn’t work.

 

Unemployed Workers a Priority

 

The governor then insisted on listing the sum of money that has been distributed to unemployed workers.

 

“The system collapses and it also happens to private [companies]; nobody was prepared for the level of requests like the ones that have been received. What’s important is supplying that aid. Of the 230,000 who have solicited, more than 50 percent is receiving that aid. It has never been enough nor will it be until every Puerto Rican can receive it,” Vázquez responded.

Apart from the unemployment insurance, there are other aid that haven’t been disbursed, such as the allocation for nurses in the private sector.

 

“We are close to the system being in place so that they can access and fill in the information and receive their incentive,” Vázquez. “In the coming weeks, we hope that the system is ready in the Department of Treasury (Hacienda),” she stressed.

 

There are $150 million identified to reinforce the unemployment fund and $200 million that will be distributed among self-employed workers with a $1,000 check per individual. That check will be destined to the same group that received the $500 stimulus when the coronavirus emergency was barely beginning on the island.

 

Torres reiterated that, since March 15, when the first lockdown was enacted, there have been 142,000 people claiming unemployment. Among the pending cases, there are 35,000 who are waiting for the resolution of the denominated “controversial points,” which impede the request. The agency has 500 employees to work on those cases, according to the Labor secretary.

 

Relief for Hospitals

 

There were representatives of several private hospital institutions at the press conference, who applauded the governor’s announcements.

 

The executive director of the Puerto Rico Financial Advisory & Fiscal Agency Authority (Aafaf by its Spanish acronym), Omar Marrero, said that the hospital aid will be used for payrolls, but not necessarily to recruit the hundreds of displaced workers. Hospitals will have access to that money as soon as next week.

 

“It is definitely expected to be used for payroll. But at the end of the day, these are assists; they are not rescues. There is no way to replace the revenue loss that businesses, including hospitals, have had. This aid is not to cover revenue loss; it is assistance for eligible expenses,” Marrero explained.

 

Other fund allocations include $5 million for a program for the homeless. Vázquez said that nonprofits that work with these communities can present proposals to use these funds in expenses like protection gear, soaps, masks, and gloves.

 

In addition, there are $40 million for technological investment and to improve the “telemedicine” program, and another $10 million to cover COVID-19 prevention expenses in jails, where there are no known cases. The Department of Correction and Rehabilitation is supposed to use that money to establish vareas for visits and phone calls.

 

There are also $350 million to finance up to 50 percent of payrolls of private employers who continued paying their employees during the economic paralysis caused by the COVID-19 emergency measures.

 

The fund breakdown includes $100 million to buy protection, disinfection, and cleaning equipment and items, which will be distributed by government agencies, hospitals, schools, and courts, among others.

 

Moreover, municipalities can request funds from a $100 million pot assigned for COVID-19 expenses.

El fondo para becas oscilará alrededor de $213 millones

 

 

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) seleccionó a la Fundación Comunitaria de Puerto Rico (FCPR) para proveer servicios de administración e inversión de un nuevo fondo de becas para los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) establecido por virtud del Plan Fiscal de la institución.

 

“Después de haber realizado un análisis exhaustivo de las firmas independientes interesadas, hemos seleccionado a la entidad que tiene las capacidades más comprensivas y abarcadoras para administrar el nuevo fondo de becas de nuestra institución universitaria. Estamos muy complacidos con la selección de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico debido a la reputación y el nivel de experiencia demostrado, el cual se verá reflejado en eficiencia y agilidad en la administración y distribución de estas becas para nuestros estudiantes”, informó el director ejecutivo de la AAFAF, Omar J. Marrero.

 

El fondo para becas oscilará alrededor de $213 millones, estimados al cabo de los cinco años (2019-2023), según se desprende tanto del Plan Fiscal de la Universidad de Puerto Rico, como del Plan Fiscal del Gobierno Central. Además, esta iniciativa es resultado de extensas negociaciones entre la AAFAF y la Junta de Supervisión Fiscal, dirigidas a identificar y allegar partidas del Fondo General para proveer becas de estudios universitarios en la principal entidad universitaria pública de la Isla.

 

La FCPR ha aportado, por los pasados 35 años, al desarrollo de las comunidades puertorriqueñas a través de asesoría filantrópica personalizada a individuos, familias, corporaciones y fundaciones dentro y fuera de Puerto Rico, con quienes trabaja en el establecimiento, custodia y administración de fondos de becas o donativos para el beneficio de la comunidad. Además, la FCPR diseña e implementa programas basados en las necesidades de las comunidades.

 

La gobernadora Wanda Vázquez Garced informó que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) presentó ante la Junta Federal de Control Fiscal el plan fiscal revisado, el cual incorpora el impacto negativo del Covid-19 en la economía puertorriqueña.

 

“Hemos tomado medidas contundentes para evitar la propagación del Covid-19 y a su vez, hemos desarrollado e implementado un paquete de ayudas y estímulos económicos para apoyar y proteger a nuestros sectores productivos. Estas ayudas económicas incluyen la distribución y maximización de los fondos federales contenidos a través de la Ley CARES y otras medidas federales dirigidas a sectores particulares. Esto incluye, entre otros programas, un plan de desembolso de $2.2 mil millones asignados a Puerto Rico para los gastos relacionados a la emergencia, el cual esperamos validar con el Tesoro federal este próximo miércoles. Este plan contiene todas las situaciones que han impactado al pueblo y a nuestra economía, las cuales presentan un panorama totalmente distinto y que debe ser considerado por la junta”, manifestó la primera mandataria.

 

“Según fue exigido por la junta, en la tarde de ayer, sometimos un plan fiscal ajustado a los retos fiscales y económicos que enfrenta Puerto Rico a raíz de la pandemia mundial. Consideramos el impacto negativo en las proyecciones macroeconómicas para los próximos años y el efecto que ello tendrá en los procesos de la reestructuración de la deuda pública. No obstante, reconocemos en el documento el impacto positivo que tendrán los fondos federales y estatales de los diversos programas de estímulo económico para atender la emergencia”, señaló el director ejecutivo de la Aafaf, Omar J. Marrero Díaz.

 

El funcionario reconoció que el impacto económico será severo, pero se adoptarán medidas que ayudarán a acelerar la recuperación y evitar un freno total de la actividad económica.

Además, el plan fiscal sometido contiene los fondos necesarios para que el gobierno central y los municipios puedan continuar brindados servicios al pueblo. Se garantiza también, las pensiones de los retirados y se incorpora una solución a cinco años para los municipios tras la reciente anulación de la Ley 29.

 

Otros aspectos incluidos en el documento son las iniciativas y políticas fiscales que se detallaron en el plan fiscal que el gobierno de Puerto Rico presentó en febrero del 2020. Entre ellas, la inclusión del Plan de Retribución Uniforme, la aportación de mil millones de dólares para nutrir una cuenta rotatoria para financiar proyectos de reconstrucción, así como los fondos para mejorar el retiro de los oficiales de la policía.

 

“Confiamos en que en las próximas semanas, el proceso de retroalimentación con la junta sea productivo y nos permita llegar a acuerdos razonables sobre el contenido final de este documento”, agregó Marrero Díaz.

 

“Agradecemos de antemano la colaboración de la junta en atender junto al gobierno esta crisis sin precedentes que requiere un reconocimiento hacia un trato humano y sensible”, expresó la gobernadora.

 

El fiscal está disponible en el portal electrónico de la Aafaf, www.aafaf.pr.gov .

La AAFAF expuso que quienes recibieron los $500 por ser trabajadores por cuenta propia no recibirán este incentivo

 

 

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Omar J. Marrero Díaz, insistió a la Junta de Control Fiscal (JCF) que considere la propuesta de la gobernadora Wanda Vázquez Garced para desembolsar el incentivo económico de $500 a los contribuyentes que laboran en el sector privado y a los pensionados.

“Urgimos a la JSF a autorizar el estímulo económico de $500 para nuestros trabajadores privados y pensionados. Nuestra gente necesita este incentivo como paliativo a los efectos económicos causados por el coronavirus y para poder atender las necesidades que se han desencadenado a raíz de esta pandemia mundial. Ya le hemos proporcionado al organismo federal el estimado de costos y los mecanismos que utilizará el Gobierno de Puerto Rico para financiar esta respuesta económica”, expresó la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

 

El Gobierno aseguró que, a través de las disposiciones de la ley federal CARES,  podrán reembolsar los gastos estatales incurridos para el manejo de la emergencia del coronavirus.

 

Detallan millones que utilizarían para el desembolso

 

“Nuestra administración prevé cubrir este estipendio mediante un reembolso con cargo al Fondo General del dinero del Fondo de Asistencia contra el Coronavirus (CRF, siglas en inglés) de aproximadamente $349 millones para alrededor de 503,201 trabajadores asalariados del sector privado y 154,935 jubilados, que podrían ser elegibles para el incentivo. Una vez reembolsados, el Gobierno podría iniciar el proceso de desembolso para esta población”, detalló Marrero Díaz.

 

El costo de la iniciativa de $500 sería de aproximadamente $349,026,052. Específicamente, los costos estimados serían de $271,558,552 para trabajadores asalariados del sector privado y $ 77,467,500 para jubilados.

 

Como parte de la propuesta que el Gobierno le sometió a la JCF, las personas elegibles para el incentivo de $500 serían empleados asalariados del sector privado y jubilados que tienen un ingreso bruto ajustado de $75,000 o menos para personas solteras y para personas casadas que rinden planillas por separado, o $ 150,000 o menos para personas casadas que rinden planilla conjunta.

 

Además, los individuos no serían elegibles de haber recibido el incentivo de $500 para trabajadores independientes bajo la Primera Fase del estímulo económico.

Puerto Rico ya ha recibido unos $3,000 millones en fondos federales por la pandemia

 

A pesar de la emergencia por el coronavirus, la jueza Laura Taylor Swain llevó a cabo la audiencia general de los casos de Título III por la vía telefónica. (Suministrada)

 

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Aunque el impacto económico de la pandemia del coronavirus sigue siendo incierto, a la fecha, los datos en manos del gobierno apuntan a que sus efectos serán más amplios y profundos que los desastres naturales que Puerto Rico ha experimentado en los pasados dos años, lo que a su vez, afectará directamente el curso de los casos de TítuloIII.

 

De igual forma y en medio de los cuestionamientos acerca del universo de casos positivos a COVID-19 en Puerto Rico, el gobierno informó que, hasta la fecha, no ha habido “una ola” de casos en la isla al tiempo que comienza a recibir millones de dólares en asistencia federal.

 

En tanto, en cuestión de un mes, Puerto Rico ya comienza a recibir unos $5,000 millones en fondos federales para hacer frente a la pandemia.

 

Los datos, así como la expectativa de una nueva inyección de fondos federales para compensar el impacto del coronavirus, están contenidos en un reporte que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) presentó de cara a la audiencia general del mes de marzo de los casos de Título III y que la jueza Laura Taylor Swain dio por acogido.

 

“Aunque al presente Puerto Rico no está experimentando una oleada de casos de COVID-19 y no está enfrentando una escasez de ventiladores, el gobierno está trabajando activamente para reducir la propagación del virus porque un brote de COVID-19 causaría estragos en el frágil sistema de salud de Puerto Rico”, reza el informe.

 

Según el informe, para el lunes pasado, es decir, el 20 de abril, el uso de ventiladores en Puerto Rico representaba el 24.5% del inventario disponible en el sistema hospitalario de la isla. La cifra, sin embargo, no precisa cuántos de estos equipos se utilizan en pacientes con coronavirus.

El gobierno ha dicho que divulgará los datos de pacientes de coronavirus hospitalizados y en equipos de ventilación mecánica, pero ello no ha sucedido todavía.

 

El Título III en medio de la pandemia

 

A pesar de que Puerto Rico se encuentra en medio de la emergencia del coronovirus, el proceso de reestructuración de la deuda ha continuado, aunque se han aplazado la discusión de los acuerdos con bonistas alcanzados en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el gobierno central.

 

En respuesta a las medidas de distanciamiento social vigentes, Swain llevó a cabo la audiencia general de los casos de Título III este miércoles vía telefónica y en ella, denegó sin perjuicio una moción del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) que buscaba objetar los grupos de acreedores que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha creado dentro del plan de ajuste del gobierno central.

 

El plan de ajuste del gobierno central divide sus distintas deudas en función de unas 40 clases de acreedores a los que debe dinero. El UCC entiende que los distintos grupos de acreedores, que reciben compensaciones distintas, se han configurado de manera errada. En el caso de los bonistas, el UCC entiende que la JSF les han concedido una prioridad de pago que procede porque estos son acreedores no asegurados al igual que comerciantes o contratistas del gobierno.

Pero en la audiencia y anticipando que el plan de ajuste sufrirá enmiendas, Swain sostuvo que prefiere discutir ese asunto en una fecha cercana a la vista donde se discutiría la declaración informativa que justifica el plan de ajuste. Esa discusión, a petición de la JSF, fue suspendida ante el cuadro de incertidumbre que ha provocado la pandemia.

 

El impacto de la pandemia en la economía

 

Según el informe de la Aafaf ante la jueza Swain, la suerte que corra Puerto Rico tanto en lo que atañe al manejo de la pandemia como en materia económica estará ligada a los eventos en Estados Unidos. Citando al Fondo Monetario Internacional (FMI), el informe señala que la economía estadounidense caerá 6% este año y el panorama hacia el 2021 luce incierto dependerá que se controle la epidemia en la segunda mitad de este año.

 

“Aunque algunas áreas del mundo están experimentando un desaceleración de los casos de COVID-19, al presente, se desconoce si la epidemia ha alcanzado su pico en Estados Unidos o si habrá una segunda (o incluso, una tercera) ola de la enfermedad que cause un mayor arrastre de la economía de Estados Unidos en general y la economía de Puerto Rico, en particular”, reza el informe suscrito por los abogados del gobierno y socios de O’Melveny Myers, John Rapisardi y Peter C. Friedman, así como Luis Marini Biaggi del estudio local Marini, Pietrantoni Muñiz.

El informe ofrece un recuento de las órdenes ejecutivas, el plan de respuesta económica y otras medidas “agresivas” por parte del gobierno para minimizar el avance de la pandemia aunque no hace referencia a las controversias que han dominado la discusión pública como la calidad de los datos o los problemas para administrar pruebas de COVID-19 en Puerto Rico y posibles actos de corrupción en la compra de pruebas serológicas.

 

Según el informe, que se nutre de datos suministrados por agencias como el Departamento de Salud, el Departamento de Educación y corporaciones públicas, hasta ayer, había 915 casos positivos de COVID-19 en la isla (la cifra corregida por el gobierno tras admitir doble conteo) y 64 muertes como resultado de la pandemia.

 

Hasta el pasado 20 de abril, reza el documento, 254 de unos 1,036, es decir, uno de cada cuatro ventiladores en Puerto Rico estaba en uso. Como resultado, hasta ayer, el sistema hospitalario contaba con 782 ventiladores disponibles.

 

De igual forma, dice el informe, de un total de 3,709 camas para adultos, 2,389 (64%) estaban vacantes y de un total de 989 camas pediátricas, unas 249 (25%) estaban vacantes.

 

Millones desde Washington

 

En tanto, según el informe, Puerto Rico ya harecibido alrededor de unos $3,000 millones como resultado de diversas asignaciones federales para hacer frente a la pandemia.

Según la Aafaf, Puerto Rico recibiría una tajada de un alza de $100 millones en los fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y también recibirá fondos de una partida de $950 millones que el Congreso autorizó a estados y territorios. Esto, a través del paquete suplementario de ayuda por el coronavirus y que se aprobó el pasado 6 de marzo.

Además, el gobierno estima que el cheque federal de $1,200 que recibirían los individuos inyectaría unos $1,500 millones a la economía y establece que el programa de préstamos de emergencia para el pago de nómina (PPP) de la Administración de PequeñosNegocios (SBA) allegaría otros $657 millones a la isla.

 

A través de los fondos destinados a Educación, la Universidad de Puerto Rico recibiría unos $81 millones, según la Aafaf y el 50% de ese dinero debe enviarse en ayudas directas a los estudiantes.

 

Mientras, a través de la ley federal CARES, el Departamento de Vivienda federal asignaría $52 millones a la isla para que los municipios puedan habilitar instalaciones médicas y asistir a deambulantes.

 

Puerto Rico también ya recibió otros $168.7 millones en fondos asignados a través del Departamento de Transportación federal.

 

El informe destaca que los centros de salud, conocidos como 330, recibieron una inyección de otros $18 millones

 

Mientras, el gobierno recibió este miércoles unos $2,200 millones que deben ayudar a minizar la pérdida de hasta $1,600 millones en recaudos como resultado del coronavirus.

 

Considerando los fondos federales y la inyección por el cheque federal a individuos, en un plazo de menos de cinco semanas, Puerto Rico recibiría unos $5,000 millones en fondos como paliativo al COVID-19.