AAFAF - Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico

Consumado el fin de la quiebra: Puerto Rico realiza intercambio de bonos para culminar el proceso de reestructuración

Mientras, se pagaron sobre $10,000 millones en efectivo a bonistas, empleados públicos y otros acreedores

 

Puerto Rico consumó en la tarde de este martes el intercambio de bonos que puso fin al proceso de reestructuración del gobierno central, emitiendo unos $7,414 millones en bonos de Obligaciones Generales (GOs en inglés), cerca de $8,500 millones en Instrumentos de Valor Contingente (CVI) y desembolsando al menos $10,000 millones en efectivo a bonistas, empleados públicos y otros acreedores.

 

El Nuevo Día supo que los coagentes de intercambio de Puerto Rico, JP Morgan y Barclays, completaron la transacción entre la una y las dos de la tarde del martes.

 

En paralelo, el agente de desembolsos Prime Clerk habría completado los trámites para la transferencia electrónica de al menos $10,018 millones, según cifras de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

 

A juzgar por las transacciones registradas en la Junta Reglamentadora de Valores Municipales (MSRB, en inglés), tan pronto como JP Morgan y Barclays comenzaron a formalizar el intercambio de GOs vigentes por GOs reestructurados en lo que se conoce como “el trading desk” de renta fija, la transacción parecía despertar el interés de diversos inversionistas.

 

Según fuentes de este diario, fondos institucionales, es decir, firmas que suelen invertir en bonos municipales como una estrategia de mediano y largo plazo mostraban interés en la transacción.

 

Luego de que Puerto Rico invocó las protecciones de Promesa en el 2017, algunas de estas entidades, entre ellas Franklin Templeton y Oppenheimer Funds, desistieron de tener posiciones en Puerto Rico en cumplimiento a sus políticas de inversión o ante el riesgo que suponían los valores de la isla.

 

Este martes, la publicación especializada The Bond Buyer daba cuenta de tal interés al citar a ejecutivos de Pimco y Nuveen Investments, dos firmas de inversiones de gran calado en Wall Street y activas en el mercado de renta fija estadounidense.

 

En una declaración a este diario, Barclays indicó que su participación en la colocación de los bonos reestructurados de Puerto Rico es otra muestra del compromiso de esa institución con la isla.

 

“Nos entusiasma conocer que inversionistas tradicionales vuelven a considerar a Puerto Rico y que servimos de puente para facilitar ese proceso, educando a la comunidad acerca de las finanzas de Puerto Rico, brindando liquidez a la isla y apoyando las estructuras financieras que se han diseñado”, indicó Barclays en su declaración.

 

No pierden tiempo los bonistas

 

De acuerdo con la base de datos de MSRB, tan pronto como a las 10:49 a.m. del martes, se produjo la primera compraventa de un GO reestructurado de Puerto Rico y la transacción se cerraría el 18 de marzo. La transacción de un GOs restructurado con vencimiento en un año y un cupón de 5.25% fue una de 13 compraventas registradas que totalizaron unos $43.9 millones y que fluctuaron entre 103.7 y 102.76 centavos.

 

De acuerdo con entendidos del mercado municipal que prefirieron el anonimato, cuando un valor suele intercambiarse con una prima, o sea por encima de su valor par, ello suele interpretarse como “una señal de buena acogida” al nuevo instrumento.

 

En contraste, la base de datos de la MSRB también daba cuenta de otros $58.2 millones en bonos reestructurados de Puerto Rico, con vencimiento en el 2046 y pagando una tasa de interés de 4%, que fueron intercambiados con precios que fluctuaron entre 98.25 y 99 centavos de dólar.

 

Los bonos reestructurados de Puerto Rico no tenían restricciones para comerciarse de manera inmediata.

 

“Hoy, el gobierno de Puerto Rico pasa formalmente de la inestabilidad fiscal y la insolvencia a un futuro de oportunidades y crecimiento, lo que convierte el (15 de marzo de 2022) en un día verdaderamente histórico”, indicó el presidente de la JSF, David Skeel, al confirmar el cierre de la transacción.

 

“Nuestra recuperación económica está encaminada y nuestros pensionados, la Universidad de Puerto Rico, y los municipios están protegidos. Al reducirse significativamente la deuda de nuestro gobierno a un nivel sostenible, podemos cumplir con nuestras obligaciones y, al mismo tiempo, tener los recursos necesarios para impulsar nuestra economía”, dijo por su parte, el secretario de Estado y director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero.

 

El lunes, en la víspera de la entrada en vigor del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central, Marrero aseveró que el liderato de JP Morgan, el banco de inversiones que junto a Barclays tuvo a su cargo el intercambio de bonos reestructurados más grande de la historia del mercado municipal estadounidense, se mostraba optimista hacia el futuro de Puerto Rico luego del fin de quiebra y se mostró confiado en que los bonos reestructurados de Puerto Rico gozarían de buena acogida.

 

¿En qué consiste la transacción?

 

Para modificar la deuda pública que el gobierno central arrastraba hasta ayer, Aafaf gestionó el intercambio de $13,700 millones en GOs y otros $4,671 millones en bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) por unos $7,414 millones, incluyendo Bonos de Apreciación de Capital (CABs en inglés).

 

Los GOs reestructurados, unos $6,683 millones, poseen diversos vencimientos hasta el 2046 y pagan una tasa de interés que fluctúa entre 4% y 5.75%. A esos bonos se agregaron otros $730 millones en CABs, que también recibirán los bonistas del gobierno central y que se pagarán entre este año fiscal y el año 2033. El cupón de estos CABs, un instrumento que acumula intereses con el paso del tiempo, fluctúa entre 5% y 5.37%.

 

Según un análisis de la JSF encomendado a la firma Kobre & Kim hace cerca de cuatro años, la emisión de CABs fue uno de los factores que contribuyeron a la quiebra del gobierno puertorriqueño.

 

El intercambio con los bonistas de GOs y AEP se completa con un pago de $7,247 millones en efectivo, incluyendo el pago de honorarios a sus abogados, y el pago contingente que se hará mediante el CVI.

 

A esos efectos, Aafaf gestionó la emisión de unos $3,500 millones en CVI, que sería la cantidad máxima que los bonistas de GOs y AEP recibirían a lo largo de 22 años, si los recaudos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) exceden las proyecciones.

 

Si en efecto la economía de Puerto Rico mejora, podría decirse que el recorte que los bonistas del gobierno central verían ahora, podría recuperarse, a medida que estos puedan cobrar su tajada del CVI.

Las misas sueltas

 

Cuando la JSF negoció las obligaciones del gobierno central incluyó la deuda de otras corporaciones públicas, cuyas fuentes de recaudo estaban sujetas a retención, lo que se conoce como “claw back”. Esa es la deuda de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y de otras dependencias como la Autoridad del Distrito de Convenciones (ADC).

 

Para pagar a los bonistas o dueños de las reclamaciones vinculadas a “claw back”, el gobierno emitió al menos $5,200 millones en CVI, instrumentos que tendrán una vida de 30 años y se pagarán luego de que el gobierno cumpla con los CVIs del gobierno central. Los acreedores que recibieron los CVI “clawback” también obtuvieron otros $545 millones en efectivo.

 

De igual forma, el gobierno saldó los bonos de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) con un solo pago de $450 millones y la venta de los activos que quedaban en esa agencia y pagó otros $4 millones para saldar la deuda de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).

 

En lo sucesivo, ASR, AFI, ADC, AEP y la Corporación para el Financiamiento Público (PFC) tienen prohibido tomar prestado en el mercado de capital.

 

Una vez, el gobierno pagó a los bonistas, destinó otros $1,491 millones en efectivo a los empleados públicos. La amplia mayoría de ese dinero fue para restituir las aportaciones a los participantes del Sistema 2000.

 

Otros $260 millones en efectivo fueron, como un primer pago, a acreedores no asegurados como los Centros de Salud 330 y las procesadoras de leche Suiza Dairy y Tres Monjitas. En los próximos cuatro años, estos acreedores y otros no asegurados recibirán otros $300 millones en efectivo.

 

Fuente: El Nuevo Día

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