El gobierno busca una clasificación para Cofina

La Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) están en conversaciones con la agencia crediticia Kroll Bond Ratings Agency para conseguir la clasificación crediticia que fue requerida por los bonistas como condición para modificar la deuda de la corporación pública.

De acuerdo con el director ejecutivo de Cofina, Mohammed Yassin, Kroll lleva algunos meses examinando los libros de la corporación pública y otra información que ha sido solicitada al gobierno. Esto, como parte del proceso de análisis para determinar si la nueva instrumentalidad reúne los criterios de un emisor de deuda de calidad.

Según Yassin, las conversaciones con Kroll deben continuar el mes entrante y la agencia crediticia debe tener una decisión acerca de Cofina entre el primer y segundo trimestre del 2020. Una vez se tenga la lectura de Kroll, el gobierno tocaría a la puerta de Moody’s Investors Service o Standard & Poor’s.

Antes su colapso, Cofina era el mejor crédito que tenía Puerto Rico.

Omar Marrero, director ejecutivo de la Aafaf y principal oficial financiero del gobierno, explicó que conseguir la clasificación crediticia para Cofina es la única condición dentro del plan de ajuste de esa entidad que queda pendiente.

“Ya comenzamos los reportes puntuales en cuanto a la liquidez y al flujo de fondos. Cofina tiene una junta completamente independiente y podemos decir que los estados financieros están al día. Esperamos, para febrero del año que viene, emitir los estados financieros del año fiscal 2019”, dijo Marrero.

“Estamos esperanzados en que se va a obtener la clasificación. Vale destacar que hasta ahora, el hecho de que todavía no la tengamos (la clasificación crediticia), no ha sido óbice para que inversionistas institucionales hayan comprado el crédito”, agregó.

Marrero sostuvo que el cumplimiento del primer pago de la Cofina reestructurada debe abonar favorablemente al análisis que realiza Kroll.

El jueves, el gobierno completó el pago de $436 millones que debe hacer a los bonistas de Cofina este año fiscal y que sería el primero después que la jueza Laura Taylor Swain confirmó el plan de ajuste de Cofina.

Según el plan de ajuste y el prospecto más reciente la Cofina reestructurada, ese pago a los bonistas aumentará todos los años hasta alcanzar unos $992 millones en el año 2058.

Entre otras cosas y técnicamente hablando, el plan de ajuste de Cofina, enmendado en tres ocasiones, establece que el Departamento de Hacienda depositará los recaudos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) en una cuenta bancaria separada del resto del gobierno. El dinero se deposita en Banco Popular y eesde ahí, el dinero que toca a Cofina se transfiere al fiduciario Bank of New York Mellon. Esa institución, a su vez, emite los pagos semestrales a los bonistas. Satisfecho el pago a los bonistas, el sobrante de la partida del 5.5% del IVU bajo la custodia de Popular, se envía al Fondo General.

El plan también establece que Cofina tendría una junta de directores independiente y que la nueva deuda debía contar con una clasificación crediticia favorable por parte de dos casas acreditadoras. Otro elemento técnico dentro del plan se centra en que el Servicio de Rentas Internas federal (IRS, en inglés) emita una determinación acerca del trato contributivo que recibiría el nuevo instrumento de Cofina.

Si Cofina logra la clasificación crediticia de Kroll, sería la primera vez que una deuda de Puerto Rico estaría clasificada por dicha firma. Kroll posee un sistema de ratings parecido al de Standard & Poor’s y Moody’s, es decir, con una escala de la A hasta la D y con modificadores negativos y positivos.

El saldo del plan de ajuste

Aunque el tema de la clasificación crediticia sería la última marca de cotejo en la lista de requisitos del plan de ajuste, todavía hay controversias vigentes en torno a Cofina.

De entrada, aunque Cofina se envió al proceso de bancarrota bajo el Título III de Promesa, al momento de la petición y según los estados financieros del gobierno, la corporación pública nunca estuvo insolvente.

Luego de que la corte federal confirmó el plan de ajuste de Cofina el 4 de febrero de 2019, el gobierno intercambió unos $17,600 millones en bonos principales, subordinados y de apreciación de capital por unos $12,021 millones en dos series de bonos Cofina tributables o exentos.

Originalmente, entre principal e interés, Cofina debía pagar a los bonistas sobre $50,000 millones y tras la reestructuración, esa obligación combinada se redujo a unos $32,000 millones, según el prospecto más reciente de la nueva Cofina.

Pero la vara para aplicar el recorte a la deuda de Cofina no fue uniforme. Los bonistas principales que negociaron el acuerdo -bajo la estrategia trazada por Susheel Kirpalani, socio de Quinn Emmanuel y Matthew Rodrigue, director gerencial de Miller Buckfire- llevaron consigo unos $332 millones en efectivo, partida que se bautizó como “un costo de consumación”. Ese dinero no estuvo disponible para miles de bonistas individuales en Puerto Rico y Estados Unidos que respaldaron a Cofina por años.

Además, los bonistas principales también recibieron casi 93% del valor de los bonos, a pesar de que varios de los fondos que integraron laCoalición de Bonistas Cofina compraron la deuda pagadera con el IVU por precios tan bajos como 30 centavos de dólar, por lo que recibirán de Cofina hasta tres veces lo que invirtieron en realidad.

En contraste y pesar de que estos también tenían derecho sobre los recaudos del IVU, los bonistas subordinados -entre ellos, cooperativas de ahorro y crédito y miles de individuos en Puerto Rico- recuperaron 54 centavos de dólar. Ese derecho se eliminó en el plan de ajuste cuando se determinó que alrededor de la mitad del 5.5% del IVU iría a manos del gobierno central.

Al menos uno de esos bonistas subordinados, Elliott Asset Management, acudió al Circuito de Apelaciones y el caso está por decidirse.

Marrero dijo a El Nuevo Día que la inyección que recibirá el Fondo General como resultado de la renegociación de Cofina servirá para cubrir gastos en educación, salud y seguridad, pero el plan de ajuste no establece condiciones específicas de uso al gobierno. Como resultado, la inyección anual promedio de $425 millones anuales que vería el fisco, ahora es parte del análisis de capacidad de pago del gobierno central para cumplir con otras acreencias como los bonistas de Obligación General.

El IRS reclama $4 millones

De otra parte, el otro asunto pendiente, reconoció Yassin, es la reclamación que ha hecho el IRS ante la corte federal.

En diciembre del año pasado, una vez se radicó el plan de ajuste de Cofina, el IRS se opuso por entender el Tesoro de Estados Unidos pagó a Puerto Rico unos $4 millones en una especie de subsidio por el pago de intereses. Se trata de un crédito especial que jurisdicciones estatales pueden reclamar al gobierno federal.

Yassin aseguró que una vez se recibió el crédito por intereses de parte del Tesoro federal, este se envió al banco custodio de Cofina, pero recordó que en el 2017, cuando se radicó el Título III, la corte determinó suspender los pagos y ordenó al banco fiduciario retener el dinero hasta resolver las controversias.

Sin embargo, para el IRS, dado que Cofina no pagó intereses a los bonistas, nunca tuvo derecho al crédito que reclamó y ahora, pide a la corte que Cofina devuelva lo pagado al gobierno estadounidense.

La disputa técnica entre el gobierno y el IRS tiene un efecto concreto para la gente con bonos de Cofina. Para fines contributivos, si el dinero se utilizó para pagar el principal de la deuda de Cofina, el bonista no paga impuestos por lo recibido, pero si el pago fue concepto de intereses, los bonistas tendrán que pagar contribuciones al IRS.

“Las reclamaciones del IRS (contra Cofina), que representan un crédito por los pagos de intereses que nunca se efectuaron, debe permitirse”, indicó la dependencia federal el mes pasado en el último reclamo antes de que la jueza Laura Taylor Swain resuelva la controversia.

Source: El Nuevo Dia

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