AAFAF - Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico

Mucho trabajo por hacer para ejecutar el Plan de Ajuste de Deuda

Para el 15 de marzo, el gobierno debe formalizar los nuevos bonos del acuerdo

 

Confirmado el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) del gobierno central, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) se enfoca ahora en cómo ejecutarlo.

 

El director ejecutivo de la agencia, Omar Marrero, explicó que el esfuerzo requiere participación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Hacienda y la Administración de Sistemas de Retiro.

 

Para el 15 de marzo, el gobierno debe formalizar los nuevos bonos del acuerdo, realizar el pago a los bonistas que votaron a favor del Plan de Ajuste y establecer las cuentas de aportación definida que en adelante, acumularán la aportación de los empleados públicos para su retiro.

 

“De aquí a allá, tenemos que hacer todo ese trabajo. Para eso, contamos con asesores, consultores y un andamiaje que es responsable de lograr esta transacción, que es la más grande en la historia del mercado municipal de bonos… la reestructuración de deuda más grande de la historia. Así que en ese sentido, tenemos una gran presión”, describió Marrero.

 

“Los ojos del mundo… del mercado (están) mirando a Puerto Rico para lograr esa ejecución”, indicó el director ejecutivo, quien entiende que esta última fase es la del cierre.

 

Bajo el Plan de Ajuste, el gobierno emitirá bonos nuevos de obligaciones generales, y dos distintas emisiones de Instrumentos de Valor Contingente (CVI, en inglés).

 

Los CVI son un vehículo financiero que —en el caso de Puerto Rico— quedan atados a la ejecutoria del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y al impuesto al ron.

 

Si el desempeño de los recaudos del IVU o del impuesto al ron superan las proyecciones del Plan Fiscal, los tenedores de CVI tienen derecho al pago adicional que surja de ese superávit, y que no superará los $200 millones por año.

 

“La deuda que se emite, se estructura de una manera que se mitigue el riesgo de nosotros estar en una situación de déficit presupuestario y tener un pago mayor”, explicó Marrero.

 

Pero para tener mayor visibilidad sobre el servicio a la deuda, el PAD establece la creación del Fondo de Servicio a la Deuda. En el mismo, el gobierno debe depositar mensualmente la sexta parte de los intereses acumulados por los nuevos bonos de obligaciones generales y la duodécima parte del principal de los bonos.

 

“No es una garantía per se, pero es un mecanismo que se crea para el beneficio del acreedor de forma tal, que pueda ver que el deudor tiene una intención de priorizar esos pagos y ese servicio a la deuda”, sostuvo el director ejecutivo.

 

El pago anual del servicio a la deuda, según Marrero, debe ascender a $1,150 millones al año, lo que representa el 7.6% de los ingresos proyectados del gobierno.

 

En materia de recaudos, según se indicó, el fondo general continuará recibiendo las ganancias que se producen por concepto de los impuestos al crudo del petróleo, al ron, los cigarrillos y el de ocupación. Previamente, estos impuestos iban dirigidos al servicio de obligaciones del gobierno.

 

Uno de los retos mayores que Marrero identificó en la ejecución del plan es su continuidad. Dado que el PAD se extiende por tres décadas y la junta culminaría su responsabilidad estatutaria en tres años, será responsabilidad de los futuros gobiernos cumplir con las medidas que impone el PAD.

 

“Al final del día, depende de la voluntad de las próximas administraciones de cumplir con estos acuerdos y tomar las medidas necesarias para garantizar esa responsabilidad fiscal”, afirmó Marrero.

 

El PAD es la ley

 

A pesar de la controversia sobre la necesidad de legislación adicional sobre el retiro de empleados públicos —para hacer el PAD confirmable— Marrero destacó que las conclusiones en derecho que la jueza Laura Taylor Swain avaló, apuntan a que las medidas que contiene el plan —y que alteran la manera que operan los sistemas de retiro— cumplen con la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa).

 

“Incluso, fue más allá y señaló que para propósitos de la congelación (de las pensiones) y la creación de las cuentas de la Ley 106 y la cotización del Seguro Social, tampoco requería legislación adicional. Así que el plan es ejecutable por sus propios méritos y su propia autorización por parte de la juez”, apuntó Marrero.

 

“Este plan, que ya ha sido confirmado, es la ley que tenemos que implementar”, afirmó el también secretario de estado.

 

Por otro lado, los objetores del Plan de Ajuste tienen 14 días para confirmar a la corte su intención de apelar. Según Marrero, ya están monitoreando la apelación presentada por la Liga de Cooperativas.

 

Sin embargo, para el director ejecutivo, las apelaciones no ponen en riesgo la ejecución del PAD. “Es normal que suceda y vislumbramos que van a haber partes que van a apelar. Así que en ese sentido es una situación normal del proceso, pero eso no va a ser un óbice para que continuemos con la ejecución del mismo y logremos de aquí a la fecha de efectividad, implementar el plan”, sostuvo Marrero.

 

Lo que queda pendiente

 

Al mismo tiempo que se evaluaba la viabilidad del Plan de Ajuste para el gobierno central, también se manejaron las reestructuraciones voluntarias al amparo del Título VI para la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI). La proyección es que próximamente se aprueben ambas.

 

Quedaría por manejar la reestructuración de la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, en inglés) y de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

 

En el caso de la UPR, Marrero admitió que el sistema universitario ha sido exitoso en implantar iniciativas fiscales y afirmó que la Aafaf ha mantenido comunicación con los acreedores de la institución.

 

La prioridad será lograr la reestructuración voluntaria, pues si siguen por la vía de Título III, Marrero advirtió, se podría poner en riesgo los fondos federales, las subvenciones e incluso la acreditación de la UPR.

 

Por la vía de Título III queda pendiente la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que tiene un Acuerdo en Apoyo a la Restructuración (RSA) vigente entre los acreedores de la corporación pública.

 

“La expectativa es que este año tenemos que atender todas esas reestructuraciones que tenemos pendientes”, sostuvo Marrero.

 

Fuente: El Vocero

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