La determinación influirá en el cálculo de los ingresos netos de la corporación pública y, en consecuencia, en la cuantía de la deuda reclamada por los bonistas
La jueza Laura Taylor Swain llamó la atención de las partes involucradas en el caso de la bancarrota de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sobre varios asuntos en disputa que deberán ser resueltos para poder establecer una metodología para determinar la cuantía de los ingresos netos generados por corporación pública, incluyendo la interpretación financiera sobre los fondos federales asignados para la reconstrucción de la red eléctrica.
En específico, la togada cuestionó el miércoles durante una vista ómnibus sobre los procesos bajo el Título III de la Ley Promesa, la posibilidad de que la controversia sobre si el dinero recibido por la AEE durante los pasados años por parte del gobierno de Estados Unidos debería ser considerado como ingresos, podría ser resuelta sin la necesidad de presentar evidencia.
“El asunto de los fondos federales es complicado. Desde nuestra perspectiva, los fondos que se han adelantado no deberían ser considerados como ingresos, ya que no es parte de los dineros de la AEE, sino dinero a ser dedicado a un propósito en específico, el manejo de un desastre natural”, expresó la licenciada Margarete Dale, una de las abogadas de la Junta de Control Fiscal (JCF).
La representante legal del ente de supervisión señaló además que debe tomarse en consideración el hecho de que los fondos federales operan a través del mecanismo de reembolsos, por lo que la AEE debe primero financiar las reparaciones y luego solicitar una restitución del dinero utilizado.
“Si se fuera a establecer que ese dinero es un ingreso, lo que importa entonces es el gasto en el que fue utilizado. Entendemos que esto podría ser un asunto legal, pero es probable que surjan opiniones conflictivas de expertos en cuanto a si este tipo de gasto cualifica como un gasto corriente, un gasto operacional necesario u obra de capital bajo el acuerdo de fideicomiso (trust agreement, en inglés)”, abundó Dale.
Además de la controversia sobre la interpretación de los fondos para la reconstrucción de la red eléctrica, Swain también resaltó que persisten discrepancias en cuanto al alcance del “trust agreement” al momento de realizar cómputos bajo la aplicación de la sección 928 del Código federal de Quiebras, cuán vinculantes son los informes operativos mensuales de ingresos (MORs, en inglés) dentro del cálculo de ingresos netos y qué mecanismo de contabilidad debe ser utilizado, ya sea en base devengada (accrual, en inglés) o base de efectivo.
“Parece haber desacuerdos y confusión sobre el propósito y alcance del resultado de este proceso. La intención de la corte con respecto a un calendario de trabajo sobre la reclamación por gastos administrativos no ha cambiado desde abril, cuando se permitió litigar contemplando una fase inicial de descubrimiento (de prueba) y mociones dispositivas concernientes a una metodología para determinar si y en qué medida AEE ha generado ingresos netos”, reiteró Swain.
En ese sentido, la jueza se mostró optimista en cuanto a la utilidad de la estrategia, ya que al final del día permitirá definir de una vez y por todas, el total de dinero adeudado por la corporación pública a sus bonistas y acreedores.
“Parece haber un gran potencial para que estas controversias puedan ser resueltas como asuntos legales sin la necesidad de hacer referencia a hechos disputados, y una resolución a esto no solo es importante para la próxima fase de los litigios sobre la reconvención de cuentas (accounting counterclaim, en inglés) de los bonistas, sino que además ayudará a apoyar a las partes a determinar el valor total de la reclamación asegurada”, continuó.
La posición de los bonistas
Swain además hizo hincapié a las partes en que en esta etapa del proceso deben concentrarse en cómo manejar sus discrepancias dentro del marco legal sin la necesidad de “sacar las calculadoras y utilizar números específicos”.
Durante su alocución, la licenciada Dale confirmó que la intención de la junta fiscal es poner cifras a los ingresos netos de la AEE dentro de los reportes de expertos que presentarán como parte del proceso.
“No espero en esta fase tomar una determinación en cuanto al valor monetario (de los ingresos netos) a menos de que surjan ciertos escenarios como sería que todo el mundo esté de acuerdo y no veo eso pasando”, expresó Swain tras las expresiones de la abogada de la JCF.
Por su parte el licenciado Glenn Kurtz dijo en representación de las firmas de bonistas GoldenTree Asset Management y Syncora que, aunque entiende que la mayoría de las discrepancias se podrán resolver sin la necesidad de presentar evidencia al respecto, existe una alta posibilidad de que en el cambio haya mociones cruzadas sobre ciertos asuntos y que los cómputos que se realicen para definir la deuda requerirán ser evidenciados con hechos.
FUENTE: El Vocero
