Ente fiscal denuncia retraso de 33 días en entrega de datos clave para evaluar proyectos de generación
De forma inmediata y antes de que se emita cualquier nueva selección o adjudicación de contratos, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) que dirige el ingeniero Josué Colón deberá responder formalmente a los cuestionamientos sobre los proyectos que están pendientes para nueva generación de energía en la Isla.
Así lo exigió la Junta de Control Fiscal (JCF) en una carta de seguimiento enviada ayer, firmada por su asesor legal general, Jaime A. El Koury, y dirigida al también llamado zar de la Energía. El ente fiscal determinó que no se debe proceder con ningún otorgamiento hasta que la AAPP entregue los datos y la junta tenga la oportunidad de evaluar las respuestas.
La petición se produce luego de 33 días de retraso desde que la junta emitió un requerimiento formal de información (RFI) el pasado 17 de julio de 2026.
Según la JCF, a pesar de que la AAPP se comprometió repetidamente a proveer los datos, denunció que el continuo silencio de la agencia obstaculiza su capacidad legal de velar por el cumplimiento de la Sección 204 de la Ley PROMESA. Dicha disposición exige garantizar que las contrataciones públicas sean consistentes con los Planes Fiscales, promuevan la libre competencia en el mercado y mantengan la confianza del pueblo en los procesos de licitación pública.
“La junta reconoce la necesidad urgente de garantizar una capacidad de generación adecuada y confiable para Puerto Rico. Esa urgencia, sin embargo, no disminuye la necesidad de que las licitaciones se lleven a cabo de manera competitiva y transparente. Dada su magnitud y sus implicaciones a largo plazo en el sistema energético de Puerto Rico, las licitaciones deben proteger a los usuarios, atraer a participantes calificados y dar lugar a proyectos viables a las tarifas más competitivas y accesibles para el pueblo de Puerto Rico”, detalló Koury.
Los proyectos pendientes son los de nueva capacidad de generación flexible para aportar hasta 3,000 megavatios y la contratación de unos 600 megavatios de generación en la central Costa Sur.
Cuestionamientos por atender
Entre las preguntas que urge responder, la JCF incluyó la logística de suplido de combustible, el acceso a los puertos, los requisitos de permisos e interconexión de red, los criterios de cualificación técnica y financiera de las empresas participantes, los costos de los proyectos y la asequibilidad de las tarifas para los abonados. El ente advirtió que no resolver estas deficiencias estructurales limitará la competencia entre proponentes, aumentará el riesgo sobre la ejecución de los proyectos y terminará encareciendo la factura de luz para los consumidores.
Koury destacó que los datos cobran más importancia a la luz del reciente caso del contrato de generación temporera con la empresa Power Expectations, que trajo preocupaciones que la JCF comunicó en dos cartas: una del 17 y otra del 18 de agosto. Entre esas, puntualizó en la falta de debida diligencia y la ausencia de verificación real de las cualificaciones de los proponentes, lo que culminó con la revocación de ese acuerdo. Para el organismo fiscal, este precedente demuestra el “peligro” de avanzar en licitaciones masivas sin una transparencia total.
A pesar de pedidos reiterados de entrevista desde la semana pasada, al cierre de esta edición el zar de energía no estuvo disponible. Tampoco reaccionó a la carta de la JCF.
De otro lado, el abogado Osvaldo Carlo, presidente de Regulatory Compliance Services que tiene a su cargo la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés) adscrita a la AAPP, aseguró que por un evento “fortuito” no estuvo ejerciendo esas funciones entre el 30 de junio y el 7 de agosto de este año; sin embargo, el registro de su acuerdo con la AAPP ante la Oficina de la Contralora, lo contradice.
En su primera página, el documento establece que el acuerdo se firmó el 31 de julio de 2026, no el 7 de agosto.
Ayer, Carlo explicó a EL VOCERO que “el contrato se firma el 31 de julio de 2026. Lo próximo es que los abogados de las P3 (AAPP) tienen que completar una documentación y someterla al contralor. Es en este momento que no los notifican. La notificación del contrato registrado nos llegó el 7 de agosto y ahí reanudamos funciones”.
El detalle es importante porque aún quedan múltiples preguntas sobre cómo fue que la Autoridad de Energía Eléctrica y la AAPP firmaron con las empresas Power Expectations, Enchanted Rock y Reyes Contractors un contrato para la generación de 400 megavatios por diez años a un costo estimado en $5,900 millones, a pesar de que el único socio con la experiencia en el manejo de suplido de energía, Echanted Rock, no autorizó su participación en el contrato.
Enchated Rock, que luego pasó a ser Erock, le dejó saber en noviembre de 2025 y en enero de 2026 a Power Expectations que no podía ser parte del acuerdo. Más adelante, el 4 y 6 de junio de 2026 lo reiteraron, según consta en una carta divulgada por la JCF, con fecha del 17 de junio, que iba dirigida al director de la AAPP y zar de Energía, Josué Colón.
Mantienen posición de cancelación
La JCF también informó, mediante carta separada, que se mantiene su decisión de cancelar el contrato de Power Expectation y que no existe fundamentos para cambiar esa determinación.
La misiva va dirigida a Carlo, quien había levantado el argumento de que se canceló el contrato sin que se le diera a Power Expectations el debido proceso de presentar sus argumentos.
“Las inquietudes sobre el debido proceso planteadas en su carta no abordan el fondo del asunto. Su carta presenta a la Junta de Control como si hubiera cancelado el contrato ‘a causa de las acusaciones de una de las partes’ y pregunta si la Junta se considera exenta de los requisitos constitucionales del debido proceso. Eso no es lo que ocurrió. La Junta de Control no se pronunció sobre las acusaciones de Enchanted Rock/ERock ni determinó que hubiera habido fraude por parte de Power Expectations. Reevaluó y revocó su propia aprobación tras enterarse de que una premisa fáctica fundamental en la que se basaba dicha aprobación —la participación de Enchanted Rock/ERock como parte vendedora calificada— ya no existía (…) Y de manera independiente, (Power) no cumplió con los requisitos de garantía de cumplimiento establecidos en el Contrato”, sostuvo el ente fiscal.
FUENTE: El Vocero
