Demandados tienen hasta el 31 de agosto para explicar si miembros de la JCF deben permanecer o no en sus puestos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, el director de la Oficina de Personal de la Casa Blanca, el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica y uno de sus miembros, John E. Nixon, tienen hasta el 31 de agosto para someter sus argumentos sobre por qué la jueza del tribunal de Distrito de Puerto Rico, María Antongiorgi Jordán, no debe dictar una sentencia permanente para que otros tres miembros del ente fiscal se queden en sus puestos.
El grupo está demandado por Arthur González, Andrew Biggs y Betty A. Rosa luego de que en agosto de 2025 el presidente Donald Trump ordenara su destitución, junto a la de otros miembros de la JCF.
La orden de la jueza Antongiorgi Jordán se da a menos de 24 horas de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston devolvió a su sala el caso.
“A la luz de la sentencia del (Tribunal de Apelaciones) que devuelve el presente asunto al Tribunal de Distrito, por la presente se ORDENA a los demandados que expongan las razones, a más tardar el 31 de agosto de 2026, por las cuales la medida cautelar preliminar concedida en la 'Opinión y Orden' (documento 88) no debería convertirse en una medida cautelar permanente”, determinó.
Cameron McKenzie, Juan A. Sabater y Luis A. Ubiñas también fueron destituidos, pero no demandaron.
Los integrantes que iniciaron la acción legal argumentaron que fueron despedidos injustificadamente y se violó la quinta enmienda constitucional que garantiza el derecho al debido proceso legal.
En octubre, la jueza del tribunal de Distrito de Puerto Rico, María Antongiorgi Jordán, les concedió un interdicto preliminar y ordenó que fueran restituidos a sus cargos de forma temporera, en lo que se resuelve la demanda en sus méritos.
Según establece la Ley Promesa firmada en junio de 2016, la JCF debe estar constituida por siete personas nombradas por el presidente de Estados Unidos: 6 recomendadas por el Congreso y una a discreción del presidente. Un miembro debe ser residente de Puerto Rico o mantener negocios en Puerto Rico.
Cuando Trump destituyó a cinco miembros, un funcionario de la Casa Blanca dijo a The Associated Press que la JCF “ha sido administrada de manera ineficiente e ineficaz por sus miembros gobernantes durante demasiado tiempo, y es hora de restaurar un liderazgo con sentido común”. Pocos días después, Trump destituyó a la sexta persona.
Actualmente, integran el ente fiscal González, Biggs, Rosa y Nixon. El Congreso no ha hecho recomendaciones para los otros integrantes.
Demandados tienen hasta el 31 de agosto para explicar si miembros de la JCF deben permanecer o no en sus puestos
FUENTE: El Vocero
