Dado que la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, cumplió con gran parte de la misión de la Ley de Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa) de reestructuración de la deuda del gobierno central, a juicio del director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, el trabajo de su sucesor debería concentrarse en el cierre de los trabajos de la junta.
Por tanto, según Marrero, el sueldo que devengue el próximo director ejecutivo de la junta no debería reflejar la misma cuantía que actualmente recibe Jaresko.
“Quien venga tiene que estar enfocado en que su trabajo es distinto, con otro objetivo y que probablemente la compensación que se le dio a la señora Jaresko y que pudo alarmar y molestar a mucha gente, con total entendimiento, definitivamente se debería revisitar a algo más similar a lo que estamos acostumbrados”, manifestó Marrero.
Ayer la directora ejecutiva de la junta anunció que renunciará a su cargo efectivo el próximo 1ro de abril, culminando así una incumbencia de cinco años dirigiendo el día a día del ente fiscal.
Desde que se anunció su contratación a finales de marzo del 2017, su compensación anual de $625,000 generó críticas y desasosiego entre la ciudadanía, particularmente por el contexto de que fue contratada para servir a un gobierno en quiebra.
Según Marrero, el enfoque del próximo director ejecutivo debería centrarse en trasladar todas las funciones de gerencia y supervisión fiscal a las agencias locales que suponen manejar esas funciones, en específico la Aafaf, el Departamento de Hacienda (DH) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
“Más allá de la compensación, el enfoque y la visión que debe tener esa persona, precisamente, es que la receta de autoridad fiscal ya se acabó. Que ahora es la inversión en desarrollo económico, la inversión en nuestras capacidades y función, y lograr juntos allegar más recursos al fisco”, sostuvo el también secretario de Estado, añadiendo que la paridad en fondos Medicaid y la instauración de un mecanismo para sustituir los recaudos generados por la ley 154 son un paso en esa dirección.
Ese enfoque, señaló Marrero, permitiría al gobierno mejorar las condiciones laborales de los maestros y la Policía y otros servidores públicos.
Fuente: El Vocero
