Persiten los problemas estructurales que condujeron a la quiebra
A diez años de la aprobación de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA), la Isla ha logrado avances importantes en materia de estabilidad fiscal y reestructuración de deuda. Sin embargo, expertos advierten que todavía persisten debilidades estructurales que podrían poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas una vez concluya la supervisión de la Junta de Control Fiscal (JCF).
De acuerdo con el análisis de Francisco Rodríguez-Castro, presidente y principal oficial ejecutivo de Birling Capital Advisors, el principal logro de PROMESA ha sido devolver cierto grado de estabilidad a unas finanzas públicas que colapsaron en 2016 tras décadas de déficits acumulados, endeudamiento excesivo y falta de controles fiscales efectivos.
Entre los resultados más significativos figura la reestructuración de más de $72,000 millones en deuda pública, reducida a cerca de $34,000 millones, además de la renegociación de aproximadamente $50,000 millones en obligaciones pensionarias no financiadas. Esta reducción permitió disminuir considerablemente el peso del servicio de la deuda sobre el presupuesto gubernamental y liberar recursos para otras prioridades fiscales.
Asimismo, Puerto Rico opera actualmente bajo planes fiscales certificados y presupuestos balanceados, un mecanismo de supervisión que, según Rodríguez, ha impuesto una disciplina presupuestaria que no existía antes de la aprobación de PROMESA.
No obstante, sostuvo que el verdadero reto comienza precisamente cuando la Isla deba operar sin la supervisión federal.
Continúan los desafíos
A pesar de los avances, el informe identifica varias áreas críticas que continúan limitando la capacidad de crecimiento económico de Puerto Rico.
Uno de los principales desafíos es el sistema de pensiones del gobierno, que continúa dependiendo de un modelo “pay-as-you-go”, donde las aportaciones corrientes financian los beneficios de los jubilados, sin contar con un fondo suficientemente capitalizado que garantice su sostenibilidad a largo plazo.
A esto se suma la fragilidad del sistema energético. El análisis sostiene que la transición operacional del sistema eléctrico no ha logrado traducirse en mejoras significativas en confiabilidad, situación que continúa afectando la competitividad de Puerto Rico y limita la llegada de nuevas inversiones privadas.
“La energía continúa siendo uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico”, señala el documento, al advertir que sin un sistema eléctrico estable será difícil desarrollar sectores productivos capaces de sustituir el impulso económico generado por los fondos federales.
El estudio también identifica la pérdida constante de población, la reducción de la base contributiva, la dependencia de ayudas federales extraordinarias y la limitada capacidad institucional del gobierno como factores que continúan restringiendo el desarrollo económico.
Menor crecimiento
Las proyecciones económicas recopiladas por Birling Capital reflejan un escenario de desaceleración para los próximos años.
Mientras la Junta de Planificación anticipa un crecimiento económico positivo, pero cada vez más moderado, diversos analistas privados estiman que Puerto Rico podría experimentar un período de crecimiento prácticamente nulo e incluso contracciones temporales en la actividad económica.
El Índice de Actividad Económica confirma esta tendencia. Tras alcanzar niveles récord durante el período de recuperación posterior a la pandemia y los huracanes, la economía ha mostrado señales de estancamiento, registrando varios meses consecutivos de contracción interanual durante 2025 y nuevamente en los primeros meses de 2026.
Según el análisis, las tres principales fuentes de proyecciones económicas coinciden en un mismo diagnóstico: Puerto Rico no se encuentra actualmente en recesión, pero tampoco cuenta con un nuevo motor de crecimiento que sustituya el efecto de los miles de millones de dólares en fondos federales de reconstrucción.
Reformas necesarias
Para evitar una nueva crisis de deuda, el informe propone institucionalizar una ley local de responsabilidad fiscal que establezca límites permanentes al endeudamiento y reglas de balance presupuestario que no dependan de la supervisión federal.
Asimismo, recomienda acelerar la transformación del sistema energético, diversificar la economía mediante mayor inversión privada, reformar el sistema de pensiones y fortalecer la capacidad técnica de las agencias gubernamentales para garantizar continuidad administrativa independientemente de los cambios políticos.
Aunque reconoce los avances alcanzados durante la última década, advierte que los problemas estructurales que originaron la crisis todavía no han sido completamente resueltos.
FUENTE: El Vocero
