La gobernadora anticipó que, de no aprobarse la asignación especial, entre 700,000 y un millón de beneficiarios podrían perder su cobertura médica
A pesar de que el presupuesto para el año fiscal 2026-2027 no ha sido certificado ni aprobado por la Junta de Control Fiscal (JCF), ya se anticipa un posible impacto si no se aprueba la extensión de los fondos federales de Medicaid, cuya asignación especial aprobada por el Congreso de Estados Unidos expira el 30 de septiembre de 2027.
“La realidad es que nosotros tenemos que lograr esta asignatura. Estamos hablando de alrededor de 1.8 billones de dólares. Eso no afectaría solo el sistema de salud, afectaría el presupuesto en Puerto Rico para todas las partidas. Ahora mismo, la gobernadora (Jenniffer González Colón) somete a la Legislatura, con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal, el segundo presupuesto balanceado de los cuatro que necesitamos para salir de PROMESA. Por lo tanto, mantener los fondos para lograr esos cuatro presupuestos balanceados es algo muy importante para el gobierno de Puerto Rico, no solo para la parte de salud”, indicó el secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero, en una conferencia de prensa durante la convención Health Policy Conference 2026 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.
El proyecto presentado el pasado viernes por la gobernadora y la JCF incluye un presupuesto consolidado que asciende a $33,570.9 millones, de los cuales $13,180.5 millones corresponden al Fondo General, $5,457.7 millones al Fondo de Ingresos Especiales y $14,932.6 millones en fondos federales.
En diciembre de 2022, el Congreso aprobó la ley federal Consolidated Appropriations Act, 2023, la cual aumentó temporalmente los fondos de Medicaid para Puerto Rico hasta el 30 de septiembre de 2027. La medida elevó el pareo federal (FMAP) de la Isla a 76% y fijó asignaciones multimillonarias anuales —de unos $3,275 millones en 2023 hasta $3,825 millones en 2027— para sostener el programa Medicaid y el Plan Vital. La propia legislación establece que, si el Congreso no aprueba otra extensión, el financiamiento federal se recalculará usando una base mucho más baja, lo que expertos han descrito como un posible “precipicio fiscal” para Puerto Rico.
“Los actuarios van a modelar qué alternativas habría si se llegara a ello (precipicio fiscal). Yo no creo que no vamos a llegar al precipicio fiscal, pero si llegáramos, los actuarios tendrían que modelar eso y, obviamente, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, con la Junta de Supervisión Fiscal, tendrían que trabajar dónde habría los ajustes”, sostuvo Ramos Otero, y añadió que la JCF pediría una reserva con la cuantía de los $1,800 millones que requiere Medicaid, lo que catalogó como “un montón de dinero”.
Panorama del precipicio fiscal
Durante su presentación en la convención, la gobernadora advirtió que el llamado precipicio fiscal de Medicaid tendría severas consecuencias para Puerto Rico. Según expresó, para el año fiscal 2028 la aportación federal bajo el FMAP se reduciría a 55%, lo que provocaría una caída de $3,500 millones en fondos federales y una pérdida total estimada de $5,400 millones en producción económica. Además, sostuvo que entre 700,000 y un millón de beneficiarios podrían perder su cobertura médica, mientras la tasa de personas sin seguro aumentaría de 5.7% a 30%.
“Quizás más de 48,000 empleos serían perdidos y nuestra migración se aceleraría, empujando más puertorriqueños a Estados Unidos donde, como demostré, el cuidado de la salud le cuesta al gobierno federal casi cuatro veces más (en Medicaid) que aquí”, detalló la mandataria, en referencia a que, según datos que presentó, el costo estimado de los beneficios de Medicaid para las personas que se reubicaron en Estados Unidos en 2024 ascendió a $165 millones, mientras que el costo federal para cubrir esa misma cantidad de beneficiarios en Puerto Rico fue de $44 millones.
“Una sola voz”
Ante las posibles consecuencias de no contar con la extensión de las asignaciones de fondos federales para Medicaid, integrantes del “task force” creado para cabildear en Washington D. C. reiteraron que trabajan en conjunto, más allá de líneas partidistas, para lograr la meta.
“El único propósito de nosotros es podernos unir en una sola voz ante Washington, ante todas las agencias federales, para dejarles saber cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestras necesidades y para que todos estemos de acuerdo que ese es el mensaje que se va a llegar”, expresó el director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), el licenciado Carlos Santiago.
A esos efectos, el gobierno estatal solicita que, a partir del año fiscal 2028, se mantenga un financiamiento base de al menos $220 millones con aumentos anuales de 5% para preservar la cobertura actual de Medicaid, además de que el FMAP se establezca bajo la misma fórmula aplicable a los estados y otros territorios, lo que elevaría la aportación federal a aproximadamente 83%.
“Vamos a seguir fortaleciendo alianzas también con las organizaciones nacionales, porque hay un interés genuino del Congreso de atender este asunto y nosotros queremos dar las herramientas para que ellos tengan la información necesaria para lograr la aprobación de manera bipartita, como lo logramos en el 2022”, afirmó la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli.
Sobre este particular, explicó que el grupo de trabajo sobre Medicaid presentó el lunes un borrador de informe de 84 páginas que detalla el uso actual de los fondos federales, las necesidades financieras del sistema de salud y el costo de mantener la cobertura médica en Puerto Rico. El documento busca servir como una “radiografía” del sistema de salud de la Isla y de los recursos necesarios para sostener los servicios bajo Medicaid y el Plan Vital.
Hay ambiente para extensión
El comisionado residente, Pablo José Hernández Rivera —quien forma parte del “task force” —aseguró que, si se lleva el mensaje de forma unificada, el Congreso responderá “positivamente”.
“Los congresistas con jurisdicción sobre este tema están conscientes del problema que representaría la pérdida de esos fondos, de las consecuencias catastróficas que tendría. Por eso yo creo que, si estamos yendo unidos, si estamos hablando en una sola voz, si estamos llevando las mismas estadísticas y haciendo el mismo reclamo, el Congreso va a responder positivamente”, afirmó.
“No anticipo una reducción ni vamos a ceder para que se acepte una reducción, no debe haber un precipicio”, auguró.
Aunque ningún funcionario precisó cuándo deberán entregar y presentar la información contenida en el informe, el secretario de Salud dijo que esperan “lo más pronto posible” lograr el acceso a los fondos. Mientras tanto, el comisionado residente anticipó que cree que el Congreso lo atenderá a “última hora”.
“Yo no vislumbro que hagamos una acción legislativa hasta mediados o finales del año que viene”, puntualizó Hernández Rivera.
FUENTE: El Vocero
