La gobernadora Jenniffer González afirmó que el Departamento de Educación tiene un problema estructural al reflejar un alza en el costo de estos servicios a pesar de la merma en la matrícula estudiantil
La gobernadora Jenniffer González Colón anunció este jueves la aprobación de $118 millones para saldar las obligaciones del Programa de Educación Especial (PEE), incluido el pago de deudas acumuladas y obligaciones corrientes para el año fiscal 2026, que recién concluyó.
“Hoy, puedo decir que hemos saldado las deudas de Educación Especial del Departamento de Educación, $118 millones para el pago de 122 proveedores de servicios de Educación Especial del Departamento de Educación. Estamos salvos. Ningún otro gobierno había podido decir que se saldaron todas las deudas de Educación Especial”, afirmó la gobernadora, durante una conferencia de prensa, en Maricao, donde entrego títulos de propiedad.
Previo a esa comparecencia pública, la gobernadora había anunciado la millonaria asignación a través de un comunicado de prensa conjunto con el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera.
La transacción se oficializó luego que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó la transferencia del dinero al Departamento de Educación (DE). Los fondos, agregó la gobernadora, provienen de unos $635 millones en ahorros que el gobierno reclama del pasado presupuesto. Con esta aprobación, explicó, se garantiza la continuidad de los servicios que reciben miles de estudiantes.
“Este resultado confirma que el presupuesto FY2026 (año fiscal 2026) se mantuvo balanceado y que, mediante una administración responsable de los recursos públicos, fue posible atender las obligaciones del Programa de Educación Especial sin comprometer la estabilidad fiscal del gobierno”, aseveró, en tanto, el titular de la OGP.
Durante la conferencia de prensa, la gobernadora de señaló que el Departamento de Educación enfrenta un problema “estructural” debido a que los costos de este tipo de servicios siguen en aumento, a pesar de una merma general en la matrícula de estudiantes. Detalló que el proceso se complica porque las facturas se reciben meses después de ofrecerse los servicios y deben pasar por una auditoría interna.
“Como todos esos servicios van a costar más de $10 millones, cuando el Departamento de Educación va a emitir el pago, al exceder los $10 millones y el gobierno ir a pagar, tiene que ir a la Junta”, explicó. “Mientras la Junta tenga que estar revisando todos esos pagos todo el tiempo, esto va a seguir así”, añadió.
“Si no reformamos el sistema de auditoría, de servicios, de cómo se revisan esas facturas, cómo lo autoriza OGP, Educación, y la Junta, en un año vamos a estar igual. Porque todo ese tiempo crea una deuda estructural y se va a traspasar de año fiscal a año fiscal”, apuntó.
González dijo que le solicitó a Rivera la creación de un comité, en conjunto con la JSF, para diseñar un nuevo mecanismo para atender el asunto. “Para el año (fiscal) correspondiente, 2027, están los chavos. Pero, si la Junta va a tardar en su aprobación, me va a caer en el próximo año, que es lo que ha pasado históricamente con todos los gobiernos”, puntualizó.
FUENTE: El Nuevo Día
