Anticipan riesgos en la centralización del poder en el otorgamiento de permisos
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, afirmó que tanto el proyecto que radicó para reformar el sistema de permisos como el presentado por la gobernadora Jenniffer González Colón son medidas “reconciliables”, pero alertó que evaluará “con detenimiento” la estructura propuesta por la mandataria para el otorgamiento de permisos.
“Yo te aseguro que se va a aprobar un proyecto para atender el tema de los permisos con agilidad y no son irreconciliables los proyectos. El Proyecto del Senado 1173, que fue el que yo presenté, va más bien a esa parte operacional. El proyecto de administración (PS 1183) va a compilar en un solo lugar todas las leyes, a establecer unas jerarquías, a crear una estructura bajo el DDEC”, indicó el líder senatorial a la prensa.
“Lo que pasa es que concentrar poder en un solo sitio siempre tiene su problema, y eso es lo que vamos a mirar y sobre la marcha lo vamos a trabajar. Queremos que haya credibilidad y que haya confiabilidad de todas las partes”, señaló.
Cláusula de supremacía
Durante la primera vista pública el líder senatorial expresó preocupación de que la medida de administración otorgue al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) “la última palabra” en el proceso de concesión de permisos, toda vez que establece una cláusula de supremacía “que prácticamente va sobre cualquier cosa”.
“La supremacía crea como un Vaticano. (El PS1183) dice que, excepto la ley de Culebra, todo lo demás sucumbe ante eso. Y no puede ser. Normalmente, como lo tiene el proyecto nuestro, la ley de supremacía dice que aquellas leyes y reglamentos que contravengan el espíritu de la ley, pues esta prevalece. Pero es la ley y los reglamentos. Aquella (PS1183) habla de (que prevalecerían) leyes, licencias, reglamentos, disposiciones, decisiones, procedimientos, y eso es demasiado amplio”, subrayó Rivera Schatz.
Mientras el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, advirtió que el Artículo 1.05 de Supremacía del PS1183 debería incluir una “salvedad expresa en cuanto a las facultades tributarias, tanto estatales como municipales, de forma tal que no se lleve a interpretaciones incorrectas o se induzca a error”.
“Es sumamente peligroso el centralizar en una dependencia o en un ejecutivo. Sin embargo, la gestión económica le pertenece, en este caso ministerial, al Departamento de Desarrollo Económico y la reforma de permisos debe de estar muy atada al Plan de Desarrollo Económico”, sostuvo el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Ramón Barquín.
Barquín y Hernández propusieron múltiples enmiendas para ambas medidas, que afirmaron pueden armonizarse.
La Federación solicitó “cambios sustantivos” a ambos proyectos para asegurar la autonomía municipal, la participación directa en la planificación y la protección de sus ingresos. Además, propusieron aclarar definiciones para evitar interpretaciones que afecten impuestos municipales, exigir notificación a los municipios en casos de obras exentas para fines de fiscalización contributiva y establecer que las exenciones de permisos no eliminen obligaciones contributivas.
El CUD presentó una lista de sobre 30 enmiendas para ambos proyectos, anticipando que someterá recomendaciones adicionales.
Propone mesa de trabajo
Mientras que el secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, quien presentó una ponencia de 35 páginas para argumentar sobre ambas medidas, planteó que el PS1183 “constituye la primera propuesta de escala proporcional a la magnitud del problema, al consolidar en un solo instrumento un sistema hoy disperso en decenas de leyes, reglamentos e instrumentos administrativos”.
Propuso además establecer “una mesa de trabajo para realizar un ejercicio de reconciliación de ambos proyectos”.
“El P. del S. 1173 y el Código (propuesto en el PS1183) no son rivales; son los dos pilares de lo que puede ser la transformación normativa más significativa en décadas para nuestra economía, nuestra vivienda y nuestra gente”, enfatizó.
Según el memorial del DDEC, la reforma de permisos contempla que 84 empleados de la Junta de Planificación sean transferidos. La segunda fase de implementación también supondría un impacto fiscal estimado de $1.7 millones.
FUENTE: El Vocero
