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Bonos de $2,000: Junta de Supervisión Fiscal amplía listado de empleados públicos elegibles para incentivo

Un grupo de trabajadores de seis agencias podrá cobrar el beneficio asociado a los recaudos del pasado año fiscal

Más de 300 trabajadores de seis agencias del gobierno central recibirán una bonificación de $2,000 correspondiente al año fiscal 2024-2025, tras la evaluación de las solicitudes de reconsideración presentadas por servidores públicos que habían quedado fuera del listado original de empleados elegibles.

Los beneficiarios de los desembolsos, que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) autorizó mediante una comunicación publicada tarde el jueves, serán empleados afiliados a la Federación Americana de Empleados Estatales, Municipales y de Condados (AFSCME, en inglés), sindicato que apoyó el plan de ajuste de deuda del gobierno central y, desde entonces, recibe una bonificación si los recaudos superan determinados umbrales en un año fiscal.

Según la carta del director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, la revisión arrojó que no se había incluido a 315 trabajadores elegibles al llamado Bono de Participación en el Rendimiento Superior (UPB, en inglés), distribuidos entre el Departamento de la Familia, la Administración de Rehabilitación Vocacional, el Departamento de Educación, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Instituto de Ciencias Forenses y el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

“Tras el pago del UPB del año fiscal (AF) 2025 efectuado en diciembre de 2025, la AFSCME y Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) recibieron ciertas solicitudes de varias agencias en relación con empleados que reclamaban ser elegibles para el UPB del AF2025. El 5 de marzo de 2026, la Junta de Supervisión recibió las listas definitivas de AAFAF, certificadas por la AFSCME, en las que se identificaban los empleados adicionales que afirmaban tener plena elegibilidad al UPB del AF2025, pero que recibieron menos del monto completo”, detalló Mujica en torno al trámite que redundó en los ajustes.

De acuerdo con Mujica, los empleados tenían hasta el pasado 31 de enero para someter cualquier reclamación.

El primer pago de bonificaciones, autorizado por la JSF en noviembre de 2025, ascendió a casi $18.3 millones.

¿Cómo se distribuye el ajuste?

Agencia: Departamento de Educación

Empleados: 194

Pago pendiente: $388,000

Impuestos: $46,560

Total:  $434,560

Agencia: Administración de Rehabilitación Vocacional

Empleados: 51

Pago pendiente: $102,000

Impuestos: $12,240

Total: $114,240

Agencia: Departamento de Educación

Empleados: 46

Pago pendiente: $92,000

Impuestos: $11,040

Total: $103,040

Agencia: Departamento de Corrección y Rehabilitación

Empleados: 13

Pago pendiente: $26,000,

Impuestos: $3,120

Total: $29,120

Agencia: Instituto de Ciencias Forenses

Empleados: 7

Pago pendiente: $14,000

Impuestos: $1,680

Total: $15,680

Agencia: Departamento de Transportación y Obras Públicas

Empleados: 4

Pago pendiente: $8,000

Impuestos: $960

Total: $8,960

Fuente: Junta de Supervision Fiscal

Una tabla preparada por el ente que controla las finanzas públicas detalla que, en conjunto, los incentivos que recibirá este grupo de empleados totalizan $630,000, sin incluir otros $75,600 por concepto de impuestos como el Seguro Social.

La misiva al director ejecutivo de la Aafaf, Francisco Domenech, detalla que toca a esa dependencia “realizar las gestiones pertinentes para que las agencias correspondientes paguen a cada empleado elegible la parte restante para alcanzar el UPB del AF2025 completo”.

“Dichos pagos deberán realizarse con cargo a la misma fuente que los pagos iniciales efectuados en diciembre de 2025”, añadió Mujica, al detallar que la JSF compartirá con la Aafaf el listado que identifica a los 315 trabajadores.

El presupuesto certificado por la JSF precisa que, para el pago de bonos a los empleados de la AFSCME, separaron casi $21.6 millones, custodiados por el Departamento de Hacienda.

Hoy, viernes, Día Internacional de los Trabajadores, cientos de trabajadores marcharon desde el centro comercial Plaza las Américas hasta el edificio que alberga las oficinas de la JSF, en la Milla de Oro, en reclamo de su salida del país, justicia salarial y un retiro digno.

FUENTE: El Nuevo Día

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