Al menos 10 empresas podrían verse directamente impactadas
En momentos en que Puerto Rico sigue sin una ruta definida ante el Impuesto Mínimo Global (IMG), el gobierno y el sector privado negocian contra el reloj con el Tesoro Federal para evitar que la Isla pierda competitividad.
El IMG o Pilar 2 es una iniciativa impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), cuyo objetivo es evitar competencias desleales entre jurisdicciones por aspectos contributivos y garantizar que empresas multinacionales paguen un mínimo de 15% en los países donde operen.
El 5 de enero de este año, Estados Unidos y la OCDE firmaron el “side-by-side agreement”, un paquete de medidas técnicas y políticas publicado para resolver las tensiones entre las normas del IMG y el sistema fiscal de Estados Unidos, permitiendo que ambos coexistan sin que las empresas estadounidenses sufran una doble imposición o cargas administrativas duplicadas.
A raíz de esto, el presidente del Colegio de CPA, David Rodríguez, destacó que las empresas estadounidenses que operan en la Isla ya están cubiertas por el acuerdo firmado por Estados Unidos.
“El reto ahora son estas entidades que no son basadas en Estados Unidos, que su compañía, su matriz son de otros países del mundo. Entonces, tenemos un reto y el gobierno de Puerto Rico está trabajando una a una para ver cómo esas entidades se pueden afectar lo menos posible”, dijo Rodríguez, quien subrayó que el Colegio ha estado activo en Washington y en la Isla para garantizar que la voz de Puerto Rico esté presente en las negociaciones.
Enfatizó, que el gobierno está trabajando caso a caso para minimizar el impacto y evitar que estas compañías enfrenten cargas adicionales que puedan comprometer su presencia en Puerto Rico.
Esto lo confirmó el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, quien explicó que menos de diez empresas —todas con un peso significativo en empleo y recaudos— están directamente expuestas al impuesto mínimo global, y que el gobierno mantiene comunicación constante con ellas.
“Yo voy a estar en Washington D.C., se supone que la semana del 24 de febrero, con la expectativa de, entre otras cosas, poder reunirme con el equipo del Tesoro, para trabajar los próximos pasos luego que salió el Side By Side Agreement”, informó Negrón Reichard.
¿Cómo afecta a Puerto Rico?
El CPA Kenneth Rivera Robles explicó, que bajo el Pilar 2, las empresas multinacionales tienen que pagar, como mínimo, un 15% de impuestos sobre sus ganancias, sin importar en qué país operen. En Puerto Rico, muchas de esas empresas pagan menos —por ejemplo un 4 %— gracias a decretos contributivos.
El problema es que, si Puerto Rico no cobra la diferencia hasta llegar al 15%, otro país lo puede hacer.
Del mismo modo, el diseño del régimen favorece créditos reembolsables —más viables para economías grandes— y limita severamente los no reembolsables, lo que coloca a Puerto Rico en desventaja frente a jurisdicciones más ricas.
“Llevamos más de 100 años, desde 1921, dependiendo de los incentivos fiscales. Somos un país pequeño. No disponemos de muchos recursos ni formas de atraer la inversión extranjera directa”, resaltó Rivera Robles.
Puerto Rico no es miembro de la OCDE ni del Inclusive Framework, por lo que no tiene una silla en la mesa de negociaciones, a pesar de que para efectos contributivos se le trata como una jurisdicción separada de Estados Unidos.
Esto ha provocado que las reglas del impuesto mínimo —diseñadas principalmente para atender preocupaciones europeas sobre competencia fiscal— no consideren las realidades estructurales de la Isla, como su dependencia histórica de incentivos contributivos para atraer inversión, sus mayores costos operacionales y limitaciones logísticas.
Jorge Oben Cuadros, socio de Procopio, Cory, Hargreaves & Savitch LLP, advirtió que los incentivos contributivos en Puerto Rico no buscan crear ventajas artificiales, sino compensar desventajas estructurales reales, como la insularidad, los costos logísticos y la vulnerabilidad a eventos naturales.
“Sin esos incentivos, no se puede competir una operación en Puerto Rico con otra en una jurisdicción continental, donde pueden mover su producto por carretera y no enfrentan apagones prolongados tras una tormenta”, señaló Oben Cuadros.
Alternativas
A juicio de Rivera Robles, Puerto Rico tiene tres alternativas: intentar otra reestructuración fiscal para ajustarse a las normas del Pilar 2, buscar un asiento directo en las discusiones de la OCDE para influir en la implementación, o considerar integrarse formalmente a Estados Unidos únicamente para efectos de tributación internacional y del cálculo del impuesto mínimo global.
Sin embargo, Pat Brown, socio del National Tax Office, aconsejó que, a pesar de la incertidumbre, Puerto Rico debería tomar este proceso “despacio”.
“Creo que es de vital importancia tener en cuenta las opiniones de la comunidad inversora y de los inversores, que son fundamentales para la supervivencia de Puerto Rico. Francamente, yo prestaría menos atención a si se obtiene o no una calificación excelente de la OCDE, porque la OCDE no va a alimentar a la población de la Isla. La inversión que es tan importante para la Isla, para el desarrollo futuro de la Isla, tiene que ser el norte”, dijo Brown.
Sobre la situación, Alan Cole, economista senior de Tax Foundation, señaló que la alternativa más favorable sería que la Isla fuese tratada como parte plena de Estados Unidos, lo que permitiría mezclar sus ingresos con los del territorio continental —donde la tasa es de 21%— y así evitar quedar por debajo del mínimo global de 15%.
“Las soluciones a partir de ahí empeoran un poco. Sí, se puede tener la nacionalidad estadounidense y beneficiarse del acuerdo paralelo, pero eso no resuelve los problemas de las empresas europeas, varias de las cuales tienen intereses en Puerto Rico o podrían tenerlos en el futuro”, puntualizó Cole.
FUENTE: El Vocero
