Bajo el programa figuran trabajos en las represas de los embalses de Patillas y El Valenciano, a un costo estimado de $500 millones cada uno
Tras un cambio en la política pública de la Agencia para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) que forzó a implementar el Programa de Mitigación de Riesgos (HMGP, en inglés) de manera paralela a las obras de reconstrucción, al gobierno estatal tuvo que acelerar el paso de ejecución de 313 proyectos, para los cuales hay disponibles más de $3,303 millones.
“Yo puedo entender la política del gobierno federal porque estamos combatiendo la inflación (económica). El dinero que tenemos hoy en tres años vale el 60% o menos. La economía está demasiado volátil como para nosotros tardarnos mucho usando estos fondos y mi preocupación no es tanto que me los quiten, es que los proyectos se me vuelvan no viables”, dijo en entrevista exclusiva con EL VOCERO el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), Eduardo Soria Rivera.
La política pública llegó con el cambio de administración en la capital federal y es que bajo la presidencia de Joe Biden, la instrucción de FEMA era que primero se completaran todos los proyectos de reconstrucción, y luego se diera paso a las obras de mitigación.
“Los recipientes someten propuestas a través de COR3, FEMA las evalúa y entonces, en la medida que se aprueban, empieza la fase de diseño, luego planificación seguido de construcción en los casos que aplique, porque esto incluye la compra e instalación de generadores, tormenteras y ventanas a prueba de huracanes, pero también cosas más complejas como la canalización de un río o algo de control de inundación y medidas relacionadas con terremotos, que puede ser el reforzar una represa completa”, abundó.
Soria Rivera destacó que bajo el Programa de Mitigación figuran trabajos a las represas de los embalses de Patillas y El Valenciano cuyo estimado actual supera los $500 millones para cada una de estas obras.
“Las represas son un peligro que nos puede explotar. Son $500 millones cada una y si eso se trepa muy alto las pierdo”, subrayó el funcionario al destacar que, de acuerdo con los estimados actuales, estos proyectos consumirían un tercio del dinero disponible para los sobre 300 proyectos.
Por su parte, la subdirectora ejecutiva de COR3, María Marín Colón, explicó que uno de los criterios que utiliza FEMA para aprobar cada proyecto es la viabilidad de la propuesta de mitigación.
“Este programa requiere que se hagan cálculos con fórmulas, con lo que se conoce como análisis de costo-beneficio. Se tiene que identificar lo que cuesta versus qué medidas de riesgo se van a atender. Eso tiene que pasar de un porciento y si no llega al mismo, se determina que no es viable”, explicó la funcionaria al agregar que este proceso no es estático.
En ese sentido, Soria Rivera advirtió que, con el pasar del tiempo, los factores que inciden en esta fórmula pueden cambiar, lo que afecta la determinación de viabilidad de las obras.
“En el caso de los proyectos de control de inundaciones, no se trata solo de que el proyecto salga más caro, es que también incluye quiénes se benefician. Puede ser que se propuso algo para una comunidad que antes estaba compuesta de 2,000 personas, pero ahora solo hay 1,000 personas viviendo ahí. Hay que jugar con muchos factores. En las escuelas ya nos ha pasado que se va a reparar una por terremoto y después resulta que el costo es muy alto y se me convierte en no viable”, agregó.
En el caso de la represa de Patillas, la subjefa de COR3 señaló que se trata de un refuerzo sísmico donde el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos pretende “construir una represa encima de la existente”.
“Esto lleva más de un año en diseño y probablemente se puede demorar un año más en esta etapa, por lo que serían como dos años en diseño para después ir a lo que es la fase de construcción”, resaltó Marín Colón al mencionar que la obra beneficiaría a los residentes de varios pueblos de la región, ya que además aumentará la capacidad de almacenamiento de agua a ser distribuida a las residencias.
Según Marín Colón, en los casos en los que un proyecto resulta no viable para ir a construcción, FEMA desembolsa el dinero para cubrir los costos incurridos hasta el momento y entonces lo que estaba asignado para otras fases es redirigido a otras propuestas.
“Por regla general, no perdemos fondos. Lo que se hace es que se redistribuye y los usamos en los subrecipientes que van más adelantados. Eso es bueno porque tenemos el problema de que, si se dan todos los proyectos, el ‘budget’ estaría comprometido. Por eso es que no fomentamos que se hagan elefantes blancos”, insistió Soria Rivera.
Aceleran el paso
Ambos funcionarios vieron como positivo el cambio de política pública en FEMA ya que esto obligó a todos los subrecipientes a acelerar el paso.
“Al principio se vio bien caótico, pero luego todo se arregló y cayó en su sitio porque FEMA nos está aprobando proyectos. Al principio, básicamente, me preguntaban qué pasó con el proyecto y uno les decía: ‘Tú no me lo has aprobado, están en tu lado y fue un poquito complicado, pero ya eso se superó. Nos dieron ‘period of performance’ de tres años y luego de eso tenemos que demostrar avance y progreso en los proyectos”, sostuvo.
De acuerdo con los números ofrecidos por COR3 al 30 de marzo del 2026 hay 228 proyectos en fase de diseño, lo que representa un incremento de 60 con relación a la misma fecha en 2025, mientras que en cuanto a construcción también se registró progreso, ya que de 15 obras que habían alcanzado esta etapa el año pasado al presente, ese número subió a 23.
Igualmente, la dependencia reportó que en 2026 ya hay 19 proyectos en ejecución y 12 fueron completados, lo que contrasta con los números del 2025 de ocho y seis respectivamente.
Hasta la fecha, la cantidad de dinero obligada por FEMA para proyectos de mitigación es de $679,065,711.
FUENTE: El Vocero
