Aunque se trata de datos viejos, el gobierno publicó este martes, el Estado Financiero Consolidado Auditado, acortando el crónico retraso en la divulgación de estos informes requeridos por ley
Tres años después de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) invocó el Título III de la ley federal Promesa para el gobierno de Puerto Rico, el Estado Financiero Consolidado Auditado (CAFR, en inglés) para el año fiscal 2020 reflejó un aumento en el déficit acumulado del gobierno y las actividades de corte empresarial que llevan a cabo las corporaciones públicas.
Según el CAFR 2020, el déficit acumulado del gobierno aumentó a pesar de que, en ese período, los recaudos del Fondo General superaron lo presupuestado y de que el gobierno continuó promoviendo recortes presupuestarios en los municipios, la rama Judicial, la fórmula para asignar fondos a la Universidad de Puerto Rico (UPR), así como recortes en el Departamento de Educación -donde se redujeron las asignaciones al programa de transporte escolar- y se optó por no contratar nuevos educadores para llenar plazas vacantes como parte de una estrategia amplia de ahorro en el pago de nómina.
En dólares y centavos, el déficit acumulado del gobierno, entiéndase los departamentos constitucionales, las agencias, corporaciones públicas y fondos fiduciarios, ascendió a $59,808 millones, unos $545 millones más que en el año fiscal 2019.
Una de las razones principales para la brecha deficitaria, dice el informe, estuvo relacionada al impacto que tuvo la pandemia del COVID-19 en los recaudos al fisco. Particularmente, se vieron afectados los ingresos en corporaciones públicas, y se produjo –tal como reseñó El Nuevo Día entonces- el práctico colapso del Fondo de Seguro por Desempleo y se hicieron aportaciones adicionales desde el Fondo General para financiar el programa de salud del gobierno.
“La razón principal para la reducción en la posición neta (del gobierno y sus instrumentalidades) está relacionada con un alza en las transferencias realizadas a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (PRHIA, en inglés) desde el gobierno central, de aproximadamente $367 millones y un cambio negativo en la posición neta del Fondo de Seguro por desempleo de aproximadamente $601 millones″, reza el CAFR 2020, que lleva la firma del auditor externo KPMG.
“Durante el año fiscal 2020, la pandemia del Covid-19 causó que la actividad económica se ralentizara dramáticamente, lo que afectó el recaudo de impuestos y aumentó el gasto gubernamental”, agrega el documento divulgado este martes.
Otra razón más técnica que también explica el aumento en el déficit acumulado, se encuentra en los beneficios del Título III de Promesa. Durante el año fiscal 2019, el gobierno experimentó una baja en su déficit acumulado, porque en ese período, se registraron los beneficios de la reestructuración del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). En dicha transacción, el fisco vio un ahorro de unos $915.3 millones.
El gobierno avanza en su responsabilidad de divulgación financiera
Más allá de las cifras, el CAFR 2020 es la tercera radiografía financiera que el gobierno publica -aunque atrasada- en un plazo aproximado de 20 meses, hito que el gobernador Pedro Pierluisi destacó.
“Los esfuerzos de nuestro gobierno y la disciplina liderada por el secretario (Francisco) Parés Alicea, siguen rindiendo frutos para el beneficio de Puerto Rico hacia el futuro. Continuamos poniendo nuestras finanzas al día para lograr un desarrollo económico sostenible sobre bases económicas confiables”, indicó el mandatario.
La presentación de información financiera de manera periódica así como de la divulgación de estados financieros auditados es una de las condiciones establecidas en la ley federal Promesa para que la JSF termine sus funciones.
La ley federal de Valores requiere a Puerto Rico y todo emisor de deuda publicar sus estados financieros anualmente. En el caso de Puerto Rico, el llamado CAFR debe publicarse en o antes del 1 de mayo luego de terminado cada año fiscal.
La Fortaleza y Parés Alicea anticiparon que el CAFR correspondiente al año fiscal 2021, se publicará en enero de 2023.
De ser el caso, Puerto Rico se pondría al día en tales divulgaciones, luego de incumplir con ese requisito de ley federal por casi una década.
Fuente: El Nuevo Día
