El gobierno saca a votación la renegociación de la Corporación para el Financiamiento Público, acuerdo que completaría la implementación del Plan de Ajuste del gobierno central
El gobierno espera completar temprano en el 2023 lo que sería la última reestructuración de bonos dentro del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central, según el secretario de Estado y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar J. Marrero.
Se trata de los bonos de la Corporación de Financiamiento Público (PFC, en inglés), instrumentos que el gobierno busca modificar a través del Título VI de Promesa, tras haber conseguido un acuerdo con un grupo mayoritario de acreedores, entre ellos, las compañías de inversión o fondos mutuos locales de Puerto Rico.
Concretamente, explicó Marrero, el acuerdo para reestructurar los bonos de PFC se pactó a principios de año en el contexto del PDA del gobierno central, pero discrepancias en torno a la forma en que se pagarían los bonos por parte de la Autoridad para la Recuperación de la Deuda (DRA, en inglés), la entidad sucesora del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), requirieron una nueva ronda de negociaciones.
Los beneficios de Promesa
Si la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain confirma la reestructuración voluntaria del PFC, Puerto Rico habrá conseguido un recorte englobado aproximado del 51% de la deuda por concepto de bonos que ha sido presentada para modificación a través de los Títulos III y VI del estatuto federal.
De un total de cerca de $53,427 millones en deuda pública emitida, el gobierno quedaría con un balance de principal por concepto de bonos o deuda pública cercano a $27,331 millones. Las cifras excluyen cerca de $6,400 millones en reclamaciones contra el gobierno central relacionadas a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y que también fue cancelada.
Queda por verse si Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) lograrán recortes adicionales de los bonistas en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Universidad de Puerto Rico, la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, en inglés) y la Autoridad de los Puertos.
“Esta reestructuración, en términos de dólares y centavos, es una excelente reestructuración para el gobierno de Puerto Rico y para el pueblo de Puerto Rico porque nos ahorra un 96%”, dijo Marrero en referencia al recorte de principal que verían los bonistas.
La peor parte
Si bien el gobierno vería otro alivio en sus arcas, el recorte masivo a los bonos de la PFC podría describirse como el tercer golpe que reciben los bonistas de Puerto Rico, entre ellos, jubilados del sector privado que prestaron su dinero al gobierno con la expectativa de ahorrar para su propio retiro.
Mientras, el gobierno y la JSF prefirieron pagar las pensiones del sector público al 100%, cuando se analizan los recortes por emisor de deuda, buena parte de esos bonos estaban en manos locales. Ese fue el caso de los bonos del BGF, principalmente en manos de cooperativas de ahorro y crédito, que vieron un ajuste en la vecindad de 45 centavos de dólar. Mientras, los dueños de los Bonos de Obligaciones de Pensiones (POBs, en inglés), principalmente en manos de los llamados fondos mutuos locales, recuperaron alrededor de cuatro centavos de dólar.
La pieza que faltaba
Marrero no precisó cuándo el tribunal podría avalar la modificación de PFC o cuándo se concretaría el pago a los bonistas. No obstante, subrayó que dicho acuerdo sería la última pieza en la implementación del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central.
En ese sentido, Marrero indicó que el pacto en PFC “fue el resultado de negociaciones extensas y obviamente la disposición de llegar a un acuerdo”.
Según el funcionario, no solo tienen mérito las grandes reestructuraciones consumadas a través de Promesa sino aquellas -como es el caso de PFC, porque “aunque menores, son importantes para seguir limpiando el estado de situación de Puerto Rico”.
El pasado 25 de octubre, las partes llegaron a un acuerdo definitivo, haciendo varias enmiendas al Acuerdo de Reestructuración (RSA, en inglés). Un día más tarde, el gobierno convocó a un proceso de votación para el resto de los tenedores que no fueron parte de las negociaciones y el pasado 28 de octubre, la Junta formalizó en el tribunal federal el pedido de modificación cualificada bajo el Título VI de Promesa.
Según una divulgación de Aafaf ante la Junta Reglamentadora de Valores Municipales (MSRB, en inglés), quienes interesen objetar la reestructuración de los bonos PFC tendrán hasta el próximo 18 de noviembre para así hacerlo y sus argumentos se discutirían durante la audiencia general de los Casos de Título III de Puerto Rico, programada para el próximo 14 de diciembre.
La fecha límite para que los bonistas de PFC emitan su voto es el próximo 21 de noviembre.
Marrero y su equipo en la Aafaf no anticipan escollos en la confirmación de la modificación cualificada de PFC. Ello, porque el gobierno necesitaría el respaldo de los bonistas dueños de aproximadamente el 66% del principal adeudado por PFC. Según la divulgación ante la MSRB, el RSA-PFC se pactó con los dueños de aproximadamente el 58.45% de la deuda de la corporación pública.
Para cancelar la deuda de la PFC, el gobierno hará un pago en efectivo a los bonistas de unos $13.8 millones. También emitiría casi $48 millones en bonos de DRA.
Al igual que la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), PFC fue una corporación de papel, es decir, una entidad que el gobierno exclusivamente para tomar prestado y distribuir ese dinero a agencias o fines específicos.
Pero a diferencia de Cofina, que cuenta con una fuente específica de repago en el impuesto al consumo, la deuda de PFC no tenía garantía de pago a menos que la Legislatura asignara fondos para ese fin en el presupuesto.
La deuda ahora sujeta a la modificación cualificada bajo el Título VI de Promesa de PFC rondaba $1,534 millones.
Fuente: El Nuevo Día
