La identificación de fondos adicionales, nuevos adelantos de capital y depurar los listados de proyectos pendientes son algunas de las acciones que vislumbra el director ejecutivo del COR3
La reciente liberación de casi $2,000 millones autorizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) para proyectos de reconstrucción en Puerto Rico no evitará que, a mediano y largo plazo, los subrecipientes se vean en la obligación de inyectar capital adicional –no federal– para completar las obras que vienen arrastrándose desde el huracán María, en 2017, puntualizó el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), Eduardo Soria Rivera.
Soria Rivera anticipa que, antes que entre en vigor el próximo presupuesto–el 1 de julio–, el COR3, el gobierno central y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) habrán acordado los mecanismos que, por un lado, ofrezcan nuevas fuentes para adelantar capital a municipios, agencias y entidades sin fines de lucro carentes de liquidez y, por otro, permitan suplementar las partidas federales cuando sean insuficientes para completar los proyectos.
Al mismo tiempo, deberán identificarse las vías para asegurar que los subrecipientes cuenten con suficiente dinero para aportar el 10% de pareo que exigen los trabajos de obra permanente financiados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), particularmente cuando se agoten las partidas de la Subvención en Bloque para Desarrollo Comunitario tras Desastres, que el Departamento de Vivienda federal ha destinado a ese propósito.
“Si tenemos $22,000 millones en proyectos (con dinero comprometido y en alguna etapa de ejecución), y es un número que va a aumentar, yo diría que necesitamos mínimo un 10% de ‘cushion’ (amortiguador) para uno trabajar libremente. Lamentablemente, no tengo eso jamás y nunca, y hemos vivido con la ilusión de que FEMA lo paga todo, y eso no es verdad”, expresó Soria Rivera en entrevista con El Nuevo Día.
Actualmente, el COR3, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la JSF trabajan en las guías de uso de un fondo rotatorio estatal de $750 millones que la gobernadora Jenniffer González revivió –mediante legislación– a finales de 2025. El fondo rotatorio, en teoría, servirá como una especie de puente para que los subrecipientes accedan a capital para ejecutar proyectos mientras atraviesan los procedimientos de aprobación en FEMA, mitigando situaciones como las trabas que el DHS, su agencia sombrilla, impuso a lo largo del pasado año, con la política que requiere, para cualquier desembolso mayor a $100,000, el visto bueno de la secretaria Kristi Noem, a quien el presidente Donald Trump despidió este jueves, efectivo el 31 de marzo. Trump informó que nominaría al senador de Oklahoma, Markwayne Mullin, para reemplazar a Noem.
El fondo rotatorio se restituiría continuamente, según FEMA emita los reembolsos correspondientes a cada proyecto.
Fuentes complementarias
En cambio, Soria Rivera reconoció que, debido a factores como la inflación constante, será necesaria una fuente adicional que cubra las porciones de obras que se queden cortas de partidas proporcionadas por FEMA. Bajo el mecanismo contemplado en la sección 428 de la ley federal Stafford –que financia el grueso de la obra permanente tras daños causados por María, los subrecipientes –corporaciones públicas, agencias, municipios y sin fines de lucro– pueden redistribuir partidas dentro del total asignado, pero no incrementar la partida global.
Aunque se abstuvo de estimar cuál sería un monto realista para un fondo suplementario de obras federales, Soria Rivera acentuó que debe ser significativamente más alto que una partida existente que supera los $200 millones, conocida como el “Disaster Relief Fund”.
Actualmente, corporaciones públicas como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y municipios como San Juan son ejemplos de subrecipientes con la capacidad de poner en marcha obras sin aguardar por aprobaciones finales de FEMA o suplementar fondos en caso de sobrecostos, dijo Soria Rivera.
“Tiene que haber soluciones uniformes, de país. Si esto es un problema de todo el mundo, vamos a resolverlo. (…) Ya tenemos los problemas identificados. Lo que necesitamos es cierta voluntad porque todo lo que hace el Estado lo controla la JSF. Hay que convencer a la JSF, que es otro tema complicado. (…) No puedo decir que la JSF no ha hecho; sí ha hecho, pero creo que está de parte de nosotros formular más estructuradamente las peticiones y poner a la gobernadora en posición de tomar decisiones en cuanto a prioridades para que eso pase a la JSF”, dijo Soria Rivera, reconociendo la intervención del organismo que controla las finanzas públicas al recurrir a partidas estatales.
Un ajuste similar, añadió, urge para garantizar la disponibilidad de fondos de pareo que apalanquen la totalidad de los $56,300 millones asignados por FEMA para obra permanente, de los cuales se han desembolsado alrededor de $25,600 millones.
“Era un poquito ilusorio pensar que se podían usar $54,000 millones solamente poniendo el 10% estatal. Va a haber que hacer algún tipo de aportación, en algún proyecto, y no significa que no vamos a tratar de sacar lo máximo a FEMA. Pero, para yo sacar el máximo a FEMA, necesito esa aportación estatal. Para yo salvar $100 millones, tengo que meter $5 (millones), porque, si no, tengo cero”, insistió.
Soria Rivera reconoció, de igual forma, que, con toda probabilidad, los subrecipientes –y particularmente municipios– tendrán que estar dispuestos, a la larga, a eliminar ciertos proyectos planificados con fondos de FEMA, así como a trabajar conjuntamente, “de manera regional”, para hacer más eficientes fases de subasta en obras similares, como la reparación de instalaciones recreativas o villas pesqueras.
“Con los alcaldes, nosotros somos persuasivos, pero no lo controlo. (…) Todo el poder que tenga el gobierno central para empujar las cosas que se supone que ocurran lo vamos a hacer”, planteó.
¿Posible otro retraso?
Aunque, tras una visita reciente de la primera ejecutiva a Washington DC, la secretaria saliente Noem dio el visto bueno definitivo –luego de meses de espera– para cientos de proyectos valorados en cerca de $1,900 millones, Soria Rivera sostuvo que no es posible saber, en este momento, si próximamente se volverá a registrar una acumulación similar.
Pese al volumen de fondos aguantados desde el año pasado, el funcionario enfatizó que el COR3 promovió, para evitar retrasos mayores, que los subrecipientes siguieran adelante con subastas de construcción, mediante certificaciones a contratistas de que el dinero contaba con el aval de FEMA, que ya había aprobado las partidas previo a que se elevaran a consideración de Noem.
Ejemplos de proyectos aprobados
Cementerio de Lares = $108.7 millones
Institutos tecnológicos de Guayama, Manatí y San Juan (Educación) = $20.7 millones
Hospital Menonita = $11.1 millones
Parque Luis Muñoz Rivera, San Juan = $6.3 millones
Colegio Ponceño = $40 millones
Museo de Arte de Ponce = $14.2 millones
Fuente: COR3 • Las cantidades corresponden a la aportación federal.
Al momento, la oficina de FEMA en Puerto Rico –bajo el mando del coordinador interino Al Gómez, tras el reciente despido de Andrés García Martinó– opera de forma limitada, dijo Soria Rivera, debido al tranque presupuestario del DHS asociado a las diferencias entre republicanos y demócratas por el financiamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, otra de las agencias adscritas a la sombrilla.
Soria Rivera considera, sin embargo, que, con alrededor de $22,600 millones en partidas obligadas para proyectos en distintas fases, el enfoque está en la ejecución y la capacidad del sector de la construcción en Puerto Rico para absorber el volumen de obra pendiente, más que en los trámites de obligación de fondos ante FEMA.
“Puede ser importante para el alcalde o para la entidad (que tiene obras pendientes de obligación), y no minimizo eso. Pero yo me voy a concentrar en echar pa’lante los proyectos que tengo obligados. Sí seguimos en trabajo con FEMA, pero ellos están trabajando limitados. La reconstrucción no se ha detenido”, puntualizó.
FUENTE: El Nuevo Día
