El primer Programa de Inversiones de Cuatro Años bajo el gobierno de Jenniffer González presenta ciertos ajustes mayores respecto a la versión anterior
El plan de mejoras capitales en el sector público que recién aprobó la gobernadora Jenniffer González contempla que, hasta el año fiscal 2029, casi dos terceras partes de la inversión se concentre en obras de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), corporación pública que, por las pasadas dos semanas, batalló con una avería mayor en una bomba de la represa Carraízo, llegando a dejar sin servicio a sus 180,000 clientes del área metropolitana y pueblos adyacentes.
En el listado de cientos de proyectos de la AAA, figuran múltiples rehabilitaciones de plantas de filtros valoradas en decenas de millones de dólares y financiadas, sobre todo, con dinero federal.
El Programa de Inversiones de Cuatro Años (PICA) elaborado por la Junta de Planificación –en lo que representó la primera revisión bajo la administración de González– se distinguió sustancialmente de su versión previa, que databa de octubre de 2024, al incrementar sustancialmente la dependencia en partidas federales, que en esta ocasión superaron el 86% de los fondos disponibles. En la revisión anterior al PICA –que tenía vigencia hasta el año fiscal 2027-2028–, los fondos federales representaban el 67% de los $14,438 millones de inversión planificada.
La versión actualizada del documento, aprobado por la Junta de Planificación en agosto de 2025 y refrendado por González a finales de enero, delinea mejoras valoradas en $11,888 millones, de los cuales más de $10,269 millones provienen del gobierno estadounidense. A su vez, $7,715 millones, o el 65% del total, corresponden a la AAA.
“Estamos en el período de que fondos federales, como CDBG (Subvención en Bloque para Desarrollo Comunitario) para vivienda, que son cantidades enormes, se están utilizando más a largo plazo. Una de nuestras proyecciones era esa, y es normal la disminución en los fondos porque se cumplen los términos (para ejecución). Eso no significa que se acabaron, sino que ha disminuido la cantidad porque se han vencido”, señaló Héctor Morales Martínez, presidente de la Junta de Planificación.
Agregó que este PICA, de 370 páginas, recoge la visión de la administración de González, al comenzar a prepararse durante su primer año de gobierno.
“Ahí está, quizás, la diferencia que se mira en las obras”, indicó Morales Martínez, quien espera que la siguiente revisión se complete en menos tiempo, al no tener las agencias que lidiar con la fase de transición gubernamental. Para desarrollar el PICA, en síntesis, las dependencias enumeran los proyectos y detallan a la Junta de Planificación la fuente de financiamiento disponible.
Énfasis en la AAA
Morales Martínez subrayó que la infraestructura de agua –tanto del sistema potable como de alcantarillado sanitario–, “aparte de vieja, es limitada”.
“Si nosotros queremos desarrollo, si queremos vivienda de interés social, tengo que darle infraestructura para llevarle el agua. No es un privilegio, es un derecho. (…) Está limitada a las áreas que se desarrollaron en los 50 y 60, y hay una deficiencia grande en áreas rurales. Incluso, para el desarrollo de la agricultura en Puerto Rico, en el área sur, tenemos problemas de infraestructura de agua y más de sanitario, porque no es solamente llevar agua, sino tratarla. Hay un problema grande en Puerto Rico”, puntualizó.
El 1 de febrero, la AAA informó la avería de una de las bombas del embalse de Carraízo, que funcionó con limitaciones hasta su reparación el pasado viernes. En el ínterin, hubo dos periodos en que la planta de filtros Sergio Cuevas, que se alimenta de Carraízo, cesó operaciones por completo.
Entre los proyectos que se prevén a lo largo del año fiscal corriente y los tres subsiguientes, figuran completar el dragado del embalse Carraízo ($71 millones) y, posteriormente, manejar la sedimentación ($82 millones); desarrollar una microrred eléctrica para el Superacueducto ($96 millones); rehabilitar las plantas de filtros de Sergio Cuevas ($109 millones), Culebrinas ($107 millones), el Superacueducto ($116 millones) y Enrique Ortega ($134 millones); mejorar las plantas sanitarias de Caguas ($300 millones) y Mayagüez ($102 millones); y varias obras asociadas a la construcción del embalse El Valenciano ($354 millones).
“Entre los criterios que se toman en consideración para establecer proyectos en las agencias, es que sean críticos. Estos son proyectos que vienen a mitigar y reforzar infraestructura que es prioridad y son críticos. Es lo que siempre las agencias pretenden cubrir”, acentuó Miriam García Velázquez, directora del Subprograma de Análisis Social, Modelos y Proyecciones de la Junta de Planificación.
Al englobar todo el período que abarca el PICA, el 94.3% de la inversión aparece bajo el renglón de desarrollo social, con porciones menores para proyectos capitales dirigidos al desarrollo económico (4.5%), gerencia gubernamental (1%) y protección y seguridad de personas y propiedad (0.2%).
Morales Martínez aclaró que las inversiones en el sistema eléctrico, que, como la AAA, cuenta con una monumental cantidad de fondos federales disponibles, no se incorporan al PICA por estar principalmente en manos de los operadores privados LUMA Energy y Genera PR. El presidente de la Junta de Planificación no descartó que, en futuras revisiones, esos fondos se integren a la planificación.
“Es un gran vacío porque, de la misma manera que el agua es un derecho, la energía también. (…) Es un área que, para nosotros, es gris. Yo creo que es posible (incorporarlos) porque la gobernadora tiene un interés particular en el caso de LUMA. Creo que, a través de la Oficina del Zar de Energía, esa información es posible que la obtengamos”, afirmó.
Una vez aprobado el PICA, corresponde al Ejecutivo –y no a la Junta de Planificación– “fiscalizar” el avance de las obras enumeradas y asegurarse que los proyectos encaminados estén contenidos en el documento central, dijo Morales Martínez.
No obstante, el director del Programa de Planificación Económica y Social, Alejandro Díaz Marrero, aclaró que la Junta de Planificación tiene visibilidad del volumen de inversión en construcción, lo que da una idea del grado de cumplimiento con el PICA.
“A medida que pasan los años fiscales, tenemos el estimado y desagregado de qué agencia y municipio está realizando qué. Está segregado por (sectores tales como) vivienda, hoteles e infraestructura”, expresó Díaz Marrero.
FUENTE: El Nuevo Día
