El gobierno emitirá unos $1,245 millones en nuevos bonos como parte de la reestructuración financiera de la corporación pública y que se pagará con 30 años de aumentos en peajes
De la mano de una plétora de asesores y bancos de inversión, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) asistirá este martes a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) en el intercambio de bonos que permitirá reestructurar la deuda de esa corporación pública, confirmó el secretario de Estado, Omar J. Marrero.
El intercambio de deuda es la pieza clave del Plan de Ajuste de la ACT (PDA-ACT), la cuarta modificación avalada por la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain bajo el Título III de Promesa y que recortaría aproximadamente el 75% de las obligaciones de esa corporación pública.
Para que el PDA-ACT pase del papel a la acción, a partir de hoy, la corporación pública emitirá nuevos bonos, adoptará una nueva escritura de fideicomiso que refleje la estructura segregada de los ingresos de la instrumentalidad y efectuará el primero de dos pagos para cubrir las acreencias no aseguradas.
El también director ejecutivo de Aafaf explicó que la reestructuración de la ACT se pactó durante las negociaciones para modificar la deuda del gobierno central.
En síntesis, cuando se modificaron las obligaciones del gobierno central, las aseguradoras municipales que respaldaban la deuda de la ACT objetaron que se dirigieran fondos de la corporación pública al Fondo General bajo el mecanismo de “claw back”.
Para zanjar esa reclamación, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) incluyó a Assured Guaranty y National Public Finance Guarantee entre los acreedores que recibirán como repago una tajada de los recaudos en exceso del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) a través del Instrumento de Valor Contingente o CVI, en inglés, que se creó en el PDA del gobierno central.
Pero a su vez, se pactaron los términos para modificar la deuda de la ACT por concepto de bonos.
La reestructuración del gobierno central se confirmó el pasado 18 de enero y prácticamente, se ha implementado en su totalidad. Mientras, la jueza Swain confirmó el PDA-ACT el pasado 12 de octubre.
Alivio significativo
De acuerdo con Marrero, aparte de las reestructuraciones de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) que se incluyeron en el PDA del gobierno central, la reestructuración de la deuda de la ACT es una de las transacciones que más alivios representaría al fisco.
El abogado detalló que las obligaciones de la ACT que se modificarán a partir de hoy ascienden a unos $6,400 millones. Esa cifra se reduce a unos $1,604 millones a saber: unos $1,245 millones en nuevos bonos y otros $359 millones en obligaciones subordinadas.
Además, este martes, el gobierno desembolsará unos $222.6 millones en pagos a diversos acreedores. Entre estos, casi $125 millones a ciertos acreedores por sentarse a la mesa de negociación y otros $58.6 millones a aseguradoras municipales.
De igual forma, la ACT haría el primer pago -$24 millones de unos $48 millones- para los acreedores representados por el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés)
Una sola fuente de repago
El PDA-ACT contempla una reorganización de la corporación pública que integra bajo una misma estructura a la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y el Tren Urbano.
Sin embargo, según Marrero, uno de los beneficios del PDA, es que en lo sucesivo, los ingresos de la ACT estarán segregados, de manera tal que los bonistas cobrarán exclusivamente de los recaudos netos que dejen los peajes.
Esa será la única fuente de recaudos pignorada contra la deuda de la corporación pública, se indicó.
El Nuevo Día preguntó a Marrero si la entrada en vigor del PDA activará la revisión anual de peajes, según la inflación, por los siguientes 30 años.
“Nosotros mantenemos que esos aumentos no son necesarios”, dijo Marrero. “Reconocemos que si los aumentos son desmedidos, eso afectará la elasticidad y puede provocar que los conductores opten por otras carreteras para no pagar peaje”.
El abogado explicó que los aumentos previstos en el plan fiscal de la ACT dependerán de las proyecciones de los consultores que también fueron requeridos en las negociaciones con los bonistas.
Consultores para 30 años
Durante la vida del PDA-ACT, es decir, por las siguientes tres décadas, la ACT tendrá que pagar los servicios de un ingeniero consultor y un consultor de tráfico que estarán a cargo del monitoreo de las autopistas que generan ingresos, de manera tal que siempre se asegure el pago a los bonistas. Para ello, la Aafaf contrató a la firma Jacobs, cuya filial en la isla es CH Caribe Engineers y Steer Group.
Además, según Marrero, la nueva escritura de los bonos requiere que la ACT cree una reserva equivalente al 110% del pago anual a los bonistas. Si se cumple con ello, no habría necesidad de aumentar los peajes todos los años, señaló.
De otra parte, Marrero sostuvo que el PDA-ACT provee para saldar la deuda con los bonistas si el gobierno otorga una Alianza Público Privada (APP) para operar todas las autopistas, lo que podría resultar en ahorros para los conductores.
El intercambio de bonos está a cargo de Morgan Stanley, JP Morgan y Barclays.
Ankura Consulting funge como asesor financiero mientras Nixon Peabody; Pietrantoni Méndez & Alvarez; O’Melveny & Myers y Marini Pietrantoni Muñiz actúan como asesores legales.
Fuente: El Nuevo Día
