Al reafirmar su autoridad para intervenir en todos los aspectos relacionados con el sistema eléctrico, el ente pudo haber complicado la resolución de las polémicas pendientes
Las múltiples controversias paralelas que rodean al funcionamiento del sistema eléctrico –y que apuntan a extenderse incluso más allá del año entrante– amenazan con prolongar la estadía de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), organismo que volvió a dejar establecida su voluntad de intervenir en cualquier determinación trascendental asociada al sector, coincidieron voces consultadas por El Nuevo Día.
El nivel de injerencia, a su vez, queda matizado por las interrogantes en torno a la configuración de la propia JSF, cuya composición podría permanecer en un limbo hasta entrado el 2026, toda vez que el presidente Donald Trump tiene la facultad de llenar las tres vacantes existentes y su administración continúa intentando lograr la destitución de tres de los cuatro directivos activos, en un pleito cuya resolución parece estar atada al desenlace de otros despidos impulsados por el inquilino de la Casa Blanca que están en manos del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
“Con estas posturas de la JSF, concretamente en reacción a los pleitos del gobierno de Puerto Rico, me parece que lo que ha pasado es que el proceso ante el Tribunal Federal y la jueza (Laura Taylor) Swain se ha complicado. Si había alguna esperanza de que ese proceso fluyera lo antes posible... para que se pueda resolver, debe estar lo más sencillo posible. En la medida que añades nuevas dimensiones, lo complicas. Hay unos agentes allí que les conviene que esto se dilate y se le dé largas porque puede venir una nueva composición de la JSF con otras posturas y, por lo tanto, la postergación del proceso les conviene a unos acreedores”, opinó el abogado y analista político Carlos Díaz Olivo.
A mediados de diciembre, en respuesta a las dos demandas que la administración de Jenniffer González presentó ante el Tribunal de San Juan para cancelar el contrato de LUMA Energy, pero que el consorcio trasladó a la sala de la jueza Swain, la JSF enfatizó que se trata de controversias inherentemente vinculadas a la bancarrota de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y, por lo tanto, deben atenderse en el marco de los procedimientos del Título III de la ley Promesa.
En su porción de la moción en que las partes propusieron un calendario de litigio para determinar la jurisdicción de los pleitos, el organismo que controla las finanzas públicas del país enfatizó que las acciones legales del gobierno contravienen el plan fiscal de la AEE, que requiere mantener la administración de la red eléctrica en manos privadas, señalamiento que algunos –incluida la primera ejecutiva– han interpretado como una defensa a la permanencia de LUMA.
“La Junta de Supervisión no está al tanto de ningún candidato para reemplazar al operador de la red ni de que P3A (Autoridad para las Alianzas Público Privadas) haya iniciado algún proceso transparente y competitivo para hacerlo. El regreso de las operaciones de transmisión y distribución a la AEE sería un resultado inaceptable y contrario a la ley y la política. La modificación o incluso la terminación del contrato actual debe realizarse de manera que evite el caos para el pueblo de Puerto Rico”, indicó, por escrito, el ente fiscal en pasados días.
En pasadas semanas, el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, no ha estado disponible para entrevista, pese a reiterados pedidos de El Nuevo Día.
“Una cosa es decir, ‘Puerto Rico, no puedes gastar más de esto’, a decirme que ‘no, tienes que escoger a este operador concreto y no lo puedes sacar’. Es una determinación de microgestión, de una nueva dimensión de la JSF, y una complicación dentro del proceso”, recalcó Díaz Olivo, al subrayar que, en el terreno político, la salida de LUMA es una de las pocas acciones que generan amplio consenso y un asunto que, pese a la urgencia de una resolución, amenaza con extenderse.
El economista José Caraballo Cueto señaló, en tanto, que el monto a repagar a los bonistas de la AEE parece ser uno de los pocos “puntos de divergencia” entre la administración Trump y los incumbentes de la JSF, asunto que gana relevancia ante la posibilidad de una reconfiguración en el organismo.
“Creo que, realmente, la falta de acuerdo (sobre el repago) no es por (los retrasos en) los estados financieros ni por un aspecto de transparencia de parte de la JSF o la AEE. Es, más bien, la intransigencia de un grupo amplio de bonistas a aceptar que el pueblo de Puerto Rico no puede pagar lo que ellos quieren (cobrar), y el Tribunal ha sido un poco laxo en términos de poner control y bajar una decisión que sea decidida por la misma jueza”, planteó el catedrático asociado del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
Dependiendo de las interpretaciones, la dilación del procedimiento de bancarrota de la AEE imposibilita el comienzo de la cuenta regresiva para la salida de la JSF, que bajo la ley Promesa debe disolverse tan pronto se evidencie que el gobierno territorial cuenta con acceso a los mercados de capital “a tasas razonables” y se certifiquen presupuestos en que los gastos no excedan los ingresos por cuatro años fiscales al hilo, conforme a los estándares de contabilidad acumulada.
En el pasado, Mujica ha esbozado que el cumplimiento con esos criterios va atado a que el gobierno implante decenas de medidas puntuales que fortalezcan la capacidad de proyectar ingresos y gastos a largo plazo y, esencialmente, prohíban la aprobación de iniciativas que no cuenten con fuentes de fondos identificadas.
A la espera de Trump
Esa interpretación, no obstante, pudiera cambiar a futuro en función de la composición del organismo que, tarde o temprano, estará en manos de Trump, la cual aliados –como el exdirectivo de la JSF Justin Peterson y la “influencer” conservadora Laura Loomer– han impulsado a alterar, disgustados por el manejo de la quiebra de la AEE por parte de los miembros actuales.
La semana pasada, el Departamento de Justicia federal radicó una moción –que contó con el endoso de los tres miembros de la JSF previamente destituidos– en la que instó al Primer Circuito de Apelaciones a aguardar por la determinación del Tribunal Supremo en el caso de Lisa Cook, una directiva del Banco de la Reserva Federal que también fue despedida por Trump, y cuya vista oral el máximo foro judicial celebrará el 21 de enero de 2026.
El caso de Cook tendría tangencia con la JSF, toda vez que se centra en el alcance de las facultades del presidente para destituir funcionarios federales.
Para Caraballo Cueto, urge que el Congreso remueva los elementos subjetivos de los criterios para disolver el ente.
“El caso de los nombramientos es interesante porque ahí no fue una cuestión colegiada (de la JSF), sino de los miembros individuales que decidieron apelar esa decisión. Mis fuentes en Washington indican que la administración Trump está optimista de ganar en el Apelativo y, como mínimo, en el Supremo. El problema es que, en lo que el hacha va y viene, se retrasa la reconstrucción de Puerto Rico y resolver la deuda, y eso alarga, irónicamente, la existencia de la Junta”, manifestó el consultor en comunicaciones Federico de Jesús Febles, vinculado a los demócratas de la capital federal.
De Jesús Febles destacó que, contrario a otros asuntos, las perspectivas en torno a la JSF no se dividen estrictamente por líneas partidistas, toda vez que, en el lado demócrata, existen muchos que, pese a considerarla un ente antidemocrático, favorecen la continuidad de los miembros actuales por su desconfianza hacia el gobierno de González, aliada de los republicanos.
El 10 de diciembre, luego de concluida la última reunión pública de la JSF en el año, Mujica se hizo eco de expresiones pasadas, a los efectos de que el trabajo del organismo se encuentra en su “etapa final”, aunque nuevamente sin amarrarse a plazos específicos, más allá de manifestar su optimismo de que, al concluir el año fiscal en curso, se certifique el primer presupuesto balanceado.
“Ya hay congresistas de los dos partidos que quieren examinar mucho más la necesidad de la existencia o, como mínimo, el funcionamiento de la Junta. En términos de que el Congreso modifique los términos de salida de la Junta, no sucedería hasta un próximo Congreso, dependiendo de si se ha resuelto la quiebra de la AEE. Entre demócratas y republicanos, (persiste) el sentido de desconfianza, de que el gobierno de Puerto Rico no arranca, que no gasta el dinero federal de reconstrucción, siempre hay escándalos e inestabilidad (…) Hay una dicotomía bien interesante”, señaló De Jesús Febles, quien piensa que la ley Promesa padece defectos de redacción que permiten interpretaciones demasiado flexibles sobre las condiciones para la terminación de la JSF.
FUENTE: El Nuevo Día
