La organización sostuvo que restringir estos ingresos pondría en riesgo servicios esenciales y proyectos de infraestructura municipal
La Federación de Alcaldes de Puerto Rico salió en defensa de los arbitrios de construcción que cobran los municipios y advirtió que limitar esa fuente de ingresos podría afectar servicios esenciales, obras de infraestructura y la estabilidad fiscal de los gobiernos municipales.
La postura fue expresada en una carta enviada a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en la que la organización rechazó los cuestionamientos del organismo federal sobre varias disposiciones del Código Municipal relacionadas con proyectos financiados con fondos federales.
Según la Federación, los arbitrios de construcción han formado parte de los mecanismos de recaudo municipal durante décadas y continúan siendo una herramienta importante para atender el impacto que generan las obras de construcción dentro de las comunidades.
“Los municipios dependen de múltiples fuentes de ingresos para sostener servicios esenciales, mantener infraestructura y responder a las necesidades de su gente. Los arbitrios de construcción forman parte de ese esquema fiscal desde hace décadas”, sostuvo el presidente de la Federación y alcalde de Camuy, Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez.
La comunicación, de 12 páginas, defiende la legalidad de las Leyes 141 y 215 de 2024 y rechaza el argumento de la Junta Fiscal de que el cobro de estos arbitrios pudiera entrar en conflicto con la Ley PROMESA o con los planes fiscales certificados para Puerto Rico.
La controversia surge luego de que la JSF solicitara información adicional al gobierno para evaluar si ambas leyes cumplen con los requisitos establecidos bajo PROMESA.
La Federación argumentó que la Ley 141 actualiza los umbrales de contratación para proyectos de construcción ante el aumento sostenido en los costos de materiales y mano de obra, mientras que la Ley 215 aclara disposiciones ya existentes relacionadas con procesos de adquisición y arbitrios municipales.
Además, la organización aseguró que ambas legislaciones mantienen mecanismos de transparencia y competencia, incluyendo requisitos para solicitar múltiples cotizaciones antes de adjudicar contratos.
“La Junta de Supervisión Fiscal parte de una premisa incorrecta al sugerir que estas leyes eliminan controles o reducen la competencia. Los municipios continúan sujetos a los requisitos del Código Municipal, a reglamentos federales y a múltiples mecanismos de fiscalización”, expresó Hernández Rodríguez.
La Federación también rechazó la interpretación de que los arbitrios de construcción incrementan indebidamente el costo de proyectos financiados con fondos federales.
Según la organización, la obligación de pagar estos arbitrios recae sobre los contratistas que ejecutan las obras y forma parte de los requisitos existentes desde mucho antes de la aprobación de las leyes actualmente cuestionadas.
Los alcaldes sostienen que una eventual limitación a estos recaudos podría afectar recursos que actualmente se utilizan para financiar servicios municipales y atender necesidades de infraestructura en distintas comunidades de Puerto Rico.
FUENTE: El Vocero
