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Sin dejar de mencionar que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se “extralimita” en la interpretación de los parámetros que, eventualmente, definirán las condiciones para su salida, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, insistió en que el conteo regresivo para la disolución del organismo está corriendo gracias a las gestiones de la administración de Jenniffer González.

En entrevista con El Nuevo Día, el también director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) no solo recalcó su optimismo en que el año fiscal en curso se convertirá en el primero de los cuatro consecutivos donde se certifica un presupuesto balanceado –como exige la ley Promesa–, sino que la complejidad de la reestructuración financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la plétora de controversias administrativas, contractuales y judiciales que le acompañan no se interpondrán en el camino.

“La administración de Jenniffer González se está distinguiendo al ir cumpliendo con cosas puntuales que exige Promesa para la salida de la JSF. Creo que esa es la distinción. Todo el mundo ha dicho, nosotros hemos hecho”, acentuó, al enumerar la aprobación del presupuesto balanceado que entró en vigor el 1 de julio pasado –que eventualmente deberá certificarse mediante estados financieros auditados–; las gestiones para implantar en 2027 –tras años de retraso– un sistema centralizado de personal, finanzas, contrataciones y compras gubernamentales; y las visitas, en diciembre, a las tres casas acreditadoras en Nueva York.

Durante la última reunión pública de la JSF, también en diciembre, su director ejecutivo, Robert Mujica, aseguró que Puerto Rico se encuentra en la “etapa final” del mecanismo de control de las finanzas públicas que el Congreso impuso en 2016. Se trata, no obstante, de una afirmación similar a otras que funcionarios gubernamentales y de la propia JSF han realizado anteriormente.

En diciembre de 2024, por ejemplo, Mujica señaló que, “matemáticamente”, el gobierno territorial podía aspirar a completar su cuarto presupuesto balanceado consecutivo en verano de 2028, que, al sumarse al período de auditoría, hubiera abierto la puerta a una disolución de la JSF en 2029. Ese plazo, a su vez, ya era un año más tarde de lo que poco antes había vaticinado el entonces jefe de la Aafaf, Omar Marrero.

Ahora, si el año fiscal corriente concluye con un presupuesto balanceado, y el gobierno logra lo propio tres ciclos adicionales al hilo, lo más temprano que se materializaría la salida de la JSF sería en 2030, es decir, 14 años después de su imposición.

En su entrevista con este diario hace más de un año, Mujica enfatizó, sin embargo, que, además de cumplir estrictamente con los requisitos expresos en Promesa, la JSF interpreta que el gobierno deberá implantar mecanismos de planificación presupuestaria a largo plazo, similares al ejercicio que el organismo realiza mediante los planes fiscales que actualiza periódicamente.

“Todos entendemos que la Junta se extralimita (al interpretar) los parámetros. Son tres y son claros: cuatro presupuestos balanceados, la reestructuración de toda la deuda y el acceso a los mercados de capital”, dijo Domenech, quien respondió “espero que no” a la pregunta de si vislumbra que, al final del camino, se requiere una pugna judicial para determinar si procede la extinción del ente fiscal.

“El director Mujica ha dicho que ellos no pretenden quedarse, y yo le tomo su palabra. Esta administración se distingue por trabajar semanalmente –OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto), (Departamento de) Hacienda, Aafaf, secretario de la Gobernación– con la JSF, si no casi diariamente, encaminados a su salida. Yo voy a tomarle la palabra al director ejecutivo de que, una vez cumplamos con los requisitos de Promesa, y viendo cómo estamos trabajando con ellos, que no va haber necesidad de recurrir a los tribunales para la salida de la Junta. Yo espero, y la gobernadora espera, que todo el mundo cumpla con la ley”, subrayó.

El jefe de gabinete subrayó, de igual forma, que no considera que el requisito de cuatro presupuestos balanceados incluya a la AEE, cuya pugna con los acreedores no parece estar cerca de concluir y, por lo tanto, tendría el efecto de retrasar aún más el conteo regresivo.

“No hay que esperar. Eso (requisito) es a nivel del gobierno central. Logramos el primero, lograremos que ese se mantenga balanceado y, desde noviembre, llevamos trabajando con el segundo con la Junta”, puntualizó.

Desde diciembre, este diario ha solicitado sin éxito entrevista con Mujica.

Para Domenech, actualmente, la gran diferencia con la JSF se centra en el acercamiento a las controversias contractuales con LUMA Energy, acuerdo que el gobierno busca rescindir tanto por la vía de probar el incumplimiento del operador privado como por las supuestas deficiencias procesales incurridas en 2022 al extender el término del pacto suplementario, vigente hasta que la AEE emerja de la bancarrota. La Junta, en cambio, ha argumentado que la anulación del contrato sería perjudicial.

“Es el gobierno de Puerto Rico el que está llamado a llevar los procesos de nulidad del contrato e identificar un nuevo operador privado que sí cumpla con una red estable, más económica, que verdaderamente ayude al desarrollo económico y de verdad cumpla con el desganche y logre los reembolsos federales”, enumeró.

“Apertura” con reforma contributiva

De otra parte, Domenech se abstuvo de ofrecer mayores detalles en torno a las discusiones sustantivas con la JSF respecto a la reforma contributiva, la gran apuesta de la administración de González en el inicio de su segundo año de mandato, y sobre la cual el ente fiscal, públicamente, no se ha expresado a fondo.

“Lo que puedo decir es que hubo reuniones por semanas y meses previas a la presentación del proyecto. Continuamos esas reuniones con la Junta, con el director Mujica, con su equipo de trabajo, y continuarán. Obviamente, queremos que la Junta esté en posición de aprobar esto cuando les llegue. Pero la Junta toma esas determinaciones una vez el proceso legislativo ha concluido”, manifestó.

Elementos en el lenguaje de la reforma –propuesta que, en síntesis, baja las tasas contributivas a cambio de eliminar determinados beneficios y la promesa de reducir algunos gastos gubernamentales– ya han recibido señalamientos de líderes legislativos, como la derogación de la exención del Impuesto sobre Ventas y Uso en la compra de equipos de energía solar.

Domenech recalcó, igualmente, que, de parte del Ejecutivo, existe “apertura” para continuar dialogando tanto con la JSF como con la Legislatura, donde ambos cuerpos son dominados por el gubernamental Partido Nuevo Progresista. Días antes de iniciar la nueva sesión ordinaria, González se reunió con los presidentes del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, así como con los portavoces y líderes de las comisiones de Hacienda, para discutir el proyecto.

De los $550 millones que se calcula el erario dejaría de ingresar ante las reducciones en tasas, unos $280 millones –como reveló en pasados días el director ejecutivo de la OGP, Orlando Rivera Berríos– se restituirían al eliminar la deducción del 8% de la carga tributaria de la que se benefician, desde 2020, todos los contribuyentes con ingresos netos por debajo de los $100,000 anuales.

Domenech insistió, sin embargo, en situar el alcance del alivio contributivo en $550 millones, y no los $270 millones netos que se desprenden al considerar la eliminación de esa deducción.

“Claro que se puede hablar de $550 millones en alivios, porque estás reduciendo las tasas contributivas sustancialmente, y tiene un impacto directo al bolsillo de la gente. Esta es una reforma para impactar directamente el bolsillo de la gente, reduciendo, particularmente, a la clase media trabajadora, bastante agresivamente las tasas. Se están aumentando las deducciones por dependiente y las deducciones, por ejemplo, en medidas ahorrativas como las cuentas ABLE, IRA y las IRA educativas. Además de bajar las tasas, se están aumentando deducciones que impactan directamente el bolsillo de la gente, como es el gasto en dependientes y generar ahorros”, enfatizó, aludiendo a la decena de proyectos que fueron convertidos en ley en 2025 y que la gobernadora señala como la primera fase de la reforma que impulsa.

FUENTE: El Nuevo Día