Jueza Swain rechazó pedido de LUMA para atender demanda que busca cancelar su contrato
La jueza federal Laura Taylor Swain emitió una orden para devolver dos litigios clave contra LUMA Energy al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico.
La determinación establece que el foro federal no es el lugar adecuado para dirimir estas controversias, tal y como alegó en sus reclamos la gobernadora Jenniffer González.
La decisión de la jueza Swain se fundamenta en dos pilares legales distintos para cada una de las acciones legales presentadas. En primer lugar, respecto a la demanda radicada por la gobernadora y el Gobierno, la jueza concluyó que se trata de un ejercicio del estado para establecer política pública y marcos regulatorio.
Apunta a que bajo la sección 306(d)(1) de la ley PROMESA, las acciones civiles iniciadas por unidades gubernamentales para hacer cumplir sus facultades regulatorias están exceptuadas de ser trasladadas al tribunal federal de quiebras.
La jueza subrayó que las leyes que regulan las alianzas público-privadas (Leyes 29 y 120) tienen como fin proteger el interés público y garantizar un sistema eléctrico financieramente viable para los consumidores. Al no buscar una compensación económica del patrimonio de la quiebra, sino la ejecución de normas de bienestar público, el caso debe permanecer en el foro estatal.
En segundo lugar, en cuanto a la acción presentada por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la jueza Swain determinó que el propio contrato de operación y mantenimiento (T&D OMA) obliga a las partes a litigar en Puerto Rico.
“La Corte concluye que las acciones deben ser devueltas al Tribunal del Estado Libre Asociado porque están dentro de la excepción de poder de establecer políticas públicas o regulaciones de la sección 306(d)(1) de PROMESA... La Acción de la AAPP y la AEE también debe ser devuelta... porque el contrato requiere que el litigio que surja de ese acuerdo se lleve a cabo en el Tribunal del Estado Libre Asociado” reza la orden.
La jueza rechazó los argumentos de LUMA que intentaban invalidar esta cláusula alegando incumplimientos procesales previos o motivaciones políticas. Swain enfatizó que los tribunales de Puerto Rico son perfectamente capaces de adjudicar las defensas de LUMA y que la jurisdicción federal sobre la propiedad del deudor no impide que se respeten los acuerdos de foro pactados en los contratos.
Con este fallo, la controversia sobre la validez de la extensión del contrato de LUMA regresará a la jurisdicción local, ordenándose el cierre de los procedimientos en el foro federal en un plazo de siete días.
En un video difundido a través de sus redes sociales, González defendió la acción legal contra LUMA por entender que el consorcio incumple con dar un buen servicio y reclamó la decisión como una victoria que valida el poder que tiene de “defender a los puertorriqueños”.
“LUMA no cumplió… Y la decisión establece que aunque haya un pleito que tiene que ver con la Ley Promesa, el asunto principal es uno contractual y está en los poderes de Gobierno de Puerto Rico de velar por la salud y seguridad de sus ciudadanos. Los poderes regulatorios del Gobierno de Puerto Rico se validan es una determinación de 35 páginas que ahora devuelve ese caso de las cortes federales a las estatales para que podamos atender la anulación del contrato de LUMA”, expresó.
Por su parte, LUMA indicó que su equipo legal estaba revisando el documento y evaluando todas las opciones legales, pero enfatizó en que sin importar el foro donde finalmente se atienda el litigio, “el contrato suplementario es válido bajo el ordenamiento jurídico aplicable, según confirmado por las autoridades locales que participaron en su firma y las grabaciones públicas donde se discutió el tema”.
FUENTE: El Vocero
