El plan de gastos fue reducido en $5.8 millones antes de ser enviado a la Junta de Control Fiscal, mientras senadores del PPD y el PIP cuestionaron las prioridades fiscales de Fortaleza
La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el lunes el presupuesto del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2026-2027 que asciende a $13,174,702,000 con cargo al Fondo General.
No obstante, la firma la hizo con vetos de línea que redujeron en $5.8 millones el plan de gastos aprobado por la Legislatura y provocaron señalamientos de la oposición, que atribuyó los recortes a disputas internas del Partido Nuevo Progresista (PNP) y a prioridades fiscales equivocadas.
La Junta de Control Fiscal certificó la noche del lunes el presupuesto, que al incluir las partidas federales, alcanza los $33.6 mil millones.
El director ejecutivo de la junta fiscal, Robert F. Mujica, dijo que es el segundo presupuesto consecutivo elaborado conjuntamente con la administración de González Colón y la Asamblea Legislativa.
“El presupuesto del año fiscal 2027 supone otro paso adelante en el camino hacia el cumplimiento con el mandato de responsabilidad fiscal de Promesa, pero es solo un paso”, afirmó Mujica. “Hay que dar muchos pasos más para transformar el proceso presupuestario y garantizar que Puerto Rico conserve la estabilidad que logramos al amparo de Promesa”.
El presupuesto es una cifra menor a los $13,180,532,000 millones originalmente radicados por la mandataria y aprobados por la Asamblea Legislativa.
Según González Colón, quien firmó el documento durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, los vetos responden a una política pública de “prudencia fiscal, la eficiencia gubernamental, el ahorro y el uso responsable de los fondos públicos”.
“Cada dólar que aportan nuestros contribuyentes debe utilizarse con responsabilidad y dirigirse a servicios esenciales para nuestra gente. Estos vetos de línea responden a nuestro compromiso con la disciplina fiscal y con garantizar que los recursos públicos beneficien directamente al pueblo”, expresó la gobernadora en declaraciones escritas.
Entre los vetos, la mandataria eliminó una asignación de $709,000 destinada a la Asociación de Puertorriqueños en Marcha, con base en Philadelphia, Pennsylvania, y otra de $700,000 para esfuerzos de preparación y respuesta del Caribe, una organización que, señaló, opera fuera de la Isla.
También realizó ajustes en la Administración de Servicios Generales (ASG), incluyendo una reducción de $300,000 en puestos de confianza y otros en servicios legales; eliminación de un aumento de $1,020 en servicios profesionales; y reducción de $300,000 en sistemas JEDI 1 y JEDI 2, bajo el argumento de que el nuevo sistema ERP del gobierno comenzará a operar el 7 de julio y absorberá funciones administrativas.
Además, la gobernadora vetó $2.5 millones vinculados a la Superintendencia del Capitolio, aunque permitió un aumento cerca a $7.5 millones para la Asamblea Legislativa.
DATOS RELEVANTES
$1,131 millones para la Policía
$461 millones para el Departamento de Corrección y Rehabilitación.
$20 millones para el servicio de ama de llaves.
$11.5 millones para el programa de vales de cuido a familias que no cualifican bajo programas federales.
$5 millones a SER de Puerto Rico de manera recurrente para la estabilidad operacional y fortalecer la retención de especialistas médicos altamente capacitados que atienden condiciones complejas.
$23.6 millones para modernizar los sistemas de información del Programa Medicaid y fortalecer la capacidad del Gobierno para maximizar fondos federales y mejorar la eficiencia operacional.
$200 millones para arreglos de carreteras.
Destacó aumentos para la Policía, el Departamento de Corrección, el servicio de ama de llaves, vales de cuido, SER de Puerto Rico, Medicaid y carreteras. En el caso de la Policía, sostuvo que el presupuesto alcanza $1,131 millones, el más alto en la historia de la agencia.
“Guerra de poder”
Sin embargo, para el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, los vetos no responden a una política fiscal, sino a una pugna de poder dentro del PNP.
“Esos vetos de línea obedecen a la guerra que hay primarista. Yo no la llamaría ni primarista. Yo la llamaría una guerra de poder interna que tiene el PNP, en la que obviamente el país es el que está de rehén”, afirmó Hernández en entrevista con EL VOCERO.
El senador popular señaló que hubiese preferido que la gobernadora vetara los fondos relacionados con la iniciativa Desregulación y Eficiencia Administrativa (IDEA), oficina que dirige Verónica Ferraiuoli. El pasado miércoles, el Senado redujo a $7 millones la partida que estaría disponible para financiar la iniciativa y transfirió los fondos al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), pero incluyó bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) una asignación de $9.5 millones.
“Yo hubiera preferido que los vetos de línea que hubiera hecho la gobernadora se lo hubiera hecho la oficina de Verónica Ferraiuoli. Son 9.5 millones de dólares tirados al zafacón allí en algo que realmente no es una prioridad para el país”, aseguró.
Hernández también cuestionó que el presupuesto mantenga aumentos en partidas de empleados de confianza, mientras, indicó, no se atienden reclamos en Educación, transportación escolar, Remedio Provisional y servicios directos.
“El gobierno del PNP sigue gastando más dinero del pueblo, pero cuando tu ves la distribución de los fondos, las partidas van dirigidas a atender no servicios esenciales, sino a mejorar económicamente el bolsillo de los empleados de confianza, o sea, las personas más cercanas a Jenniffer González y el PNP”, dijo.
Quien decide es la Junta fiscal
La senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, también cuestionó el presupuesto, pero centró sus críticas en que, aun firmado por la gobernadora, no necesariamente representa una asignación final de fondos, debido a las condiciones impuestas por la Ley Promesa y la JCF.
“Ni siquiera podemos estar hablando de un presupuesto final porque hay partidas cuya adjudicación real va a depender de una determinación que tome la Junta, que no tiene que responderle a más nadie”, planteó Santiago.
La Resolución Conjunta de la Cámara 356 —medida con las enmiendas al presupuesto que fue aprobada por la Asamblea Legislativa— mantiene, en efecto, controles sobre ciertas partidas. Bajo la Sección 4, fondos sujetos a metas podrían liberarse parcialmente después del 1 de enero de 2027, siempre que no se haya gastado u obligado más del 10% de la Reserva de Riesgo y con la aprobación de la JCF. El balance restante podría liberarse luego del 1 de abril, también condicionado al uso de la reserva y a la autorización del ente fiscal.
Santiago también destacó que el presupuesto mantiene partidas insuficientes en áreas como Educación, transportación, Remedio Provisional y pago de servicios privados. También cuestionó el argumento de prudencia fiscal de la gobernadora.
“Prácticas contables indeseables se pueden identificar, pero no son esas las que son atendidas por la gobernadora. Esa partida de nómina de empleados de confianza que continúa aumentando mientras todavía hay empleados y empleadas en el servicio público por debajo del salario mínimo. Así que no me parece que sea una declaración sincera”, expresó.
Mientras, la senadora novoprogresista Migdalia Padilla defendió que el presupuesto mantuviera áreas prioritarias, particularmente salud y seguridad. Destacó que, en Medicaid, fue necesaria una aportación adicional del Fondo General para garantizar la continuidad de los beneficiarios del Plan Vital.
“Nosotros siempre pensando que después que tú no toques lo que es la salud, lo que es la seguridad, lo que es la Educación Especial, hay unas áreas que nosotros tenemos que tener bien claro”, indicó Padilla.
Por su parte, la Asociación de Puertorriqueños en Marcha–Puerto Rico (APM-PR) pidió a la gobernadora reconsiderar los vetos de línea al presupuesto que puedan afectar programas dirigidos a comunidades vulnerables o, en su lugar, impulsar mecanismos alternos para garantizar la continuidad de esas iniciativas.
“Nuestro llamado busca construir puentes y encontrar soluciones. Reconocemos los retos fiscales que enfrenta Puerto Rico, pero también creemos que es posible identificar alternativas que permitan proteger aquellas iniciativas que generan oportunidades, promueven la autosuficiencia y fortalecen a nuestras comunidades”, expresó Ignacio M. González Sampayo, director ejecutivo de APM Puerto Rico.
La organización expresó preocupación por el impacto que los recortes puedan tener sobre proyectos de vivienda asequible, desarrollo comunitario, capacitación laboral y servicios esenciales, al tiempo que reiteró su disposición de colaborar con el gobierno, los municipios y otros sectores para identificar soluciones viables.
FUENTE: El Vocero
