El recurso fue sometido ante el Tribunal de San Juan por la Autoridad para las Alianzas Publico Privadas y la AEE
El gobierno de Jenniffer González presentó este jueves una demanda, ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, para dejar sin efecto el contrato vigente con LUMA Emergy, que transfirió al consorcio la administración del sistema de transmisión y distribución eléctrica.
El recurso se centra en la alegada invalidez de una carta suscrita por funcionarios del gobierno de Pedro Pierluisi y directivos de LUMA Energy, el 30 de noviembre de 2022, para extender indefinidamente el Acuerdo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución y los términos suplementarios pactados de manera temporal mientras se dilucidaba el caso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), aún inconcluso.
“La Carta-Extensión, de fecha (del) 30 de noviembre de 2022, es nula, inválida y carente de efecto jurídico, por haber sido suscrita sin la autorización válida de la Junta de Directores de la P3 (Autoridad para las Alianzas Publico-Privadas, AAPP), sin Certificado de Cumplimiento Energético, sin aprobación legislativa o ejecutiva, por contener cláusulas prohibidas bajo el Código Civil y por ser contraria a la ley, la moral y el orden público”, indica la demanda de 38 páginas.
En un mensaje televisado, transmitido por la página de Facebook de La Fortaleza, la gobernadora precisó que, además de la demanda, se presentó una certificación intrajurisdiccional ante el Tribunal Supremo para que el más alto foro judicial de la isla “atienda con urgencia los asuntos de derecho y de alto interés público implicados en este caso”. Se trata de un mecanismo excepcional que permite que el Tribunal Supremo atienda casos que aún no han sido resueltos en foros de menor jerarquía.
“Mi objetivo es claro, restaurar el marco legal que le permita al gobierno de Puerto Rico recuperar su capacidad resolutoria, establecer métricas de desempeño exigibles y encaminar una transición ordenada hacia un modelo de operación del sistema de transmisión y distribución de energía que sí le responda a nuestro pueblo”, dijo la mandataria, en el mensaje de poco más de 15 minutos de duración y en el que repasó cómo se llegó al acuerdo con el consorcio.
Se expresa LUMA Energy
LUMA Energy reaccionó a la demanda, en declaraciones escritas, en las que advirtió que aún no reciben un “aviso de cancelación” y exploran sus “opciones legales”. Pero, de inmediato, atribuyó el pleito a elementos políticos.
“Lamentablemente, la misma política que llevó al fracaso de la AEE ha resurgido, por lo que no sorprende que la AAPP haya expresado su intención de invalidar el contrato de LUMA, sin considerar el progreso real y medible que se ha logrado para estabilizar el sistema”, sostuvo la empresa.
Además, alegó que el recurso legal envía “un mensaje preocupante a cualquier empresa que esté considerando hacer negocios o invertir en Puerto Rico”. “Esta acción también podría interrumpir la continuidad en un momento crítico, atrasar aún más los proyectos dirigidos a mejorar el sistema eléctrico, aumentar el riesgo de interrupciones, atrasar el tiempo de restauración y retrasar mejoras financiadas con fondos federales”, recalcó.
El recurso, en el que la AAPP y la AEE figuran como demandantes, plantea que, al momento de la votación para aprobar la extensión del contrato, Eduardo Ferrer y Lisa Ortiz, entonces representantes del interés público ante la Junta de Directores de la AAPP, se abstuvieron y, por ende, no procedía la prolongación del pacto porque la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico (Ley 120 del 2018) estipula que, si uno o ambos no favorecían el acuerdo, no era viable.
En noviembre de 2022, Ferrer y Ortiz denunciaron públicamente que habían sido excluidos del proceso para extender el contrato.
El documento legal reveló, además, que la extensión tampoco contó con el aval del entonces director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, ahora zar de Energía bajo la administración de la gobernadora. También hace constar que el acuerdo no fue sometido para aprobación de la Asamblea Legislativa como establece la Ley de las Alianzas Público Privadas (Ley 29 del 2009) y que, aunque la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó “con observaciones” la extensión, precisó en aquel entonces que no evaluaba “el cumplimiento de los requisitos de contratación según las leyes, normas y reglamentos aplicables, tanto federales como locales”.
Además, el gobierno argumentó que el contrato tampoco procede porque no impuso métricas claras de cumplimiento por parte de LUMA ni fecha definida de vencimiento, lo que implica un acuerdo abierto.
“No se puede mantener indefinidamente y sin controles un acuerdo para un servicio eléctrico que ha sido provisto de forma deficiente, plagado de apagones constantes, deficiencias operacionales y la ausencia de resultados positivos concretos. Es necesario declarar la nulidad de la extensión indefinida y dar paso a una transición ordenada”, lee la demanda.
En su mensaje, la gobernadora se dirigió a los empleados de LUMA para reconocerles su trabajo. También se mostró satisfecha con la labor que ha realizado Genera PR, a cargo de la generación eléctrica de la isla.
“Cuando no había generación, LUMA le echaba la culpa a Genera, y Genera le echaba la culpa a LUMA. El problema ahora no es de generación es de transmisión y distribución. El resto de los operadores han podido trabajar”, dijo la primera ejecutiva.
Además, alegó que, previo a la transmisión de su mensaje, recibió llamadas de personas que no identificó, pero que dijo es “gente que públicamente se oponía al contrato de LUMA y ahora milagrosamente no querían que canceláramos el contrato”.
En la práctica, el recurso ante el foro estatal supone la segunda vía que adopta la administración de González para anular el pacto, luego que, en julio, la AAPP notificara a LUMA de seis “disputas técnicas” relacionadas con supuestas violaciones contractuales. En respuesta, LUMA recurrió a la jueza federal Laura Taylor Swain –quien administra el caso de bancarrota de la AEE– con una serie de señalamientos procesales que, a la fecha, permanecen sin resolver.
La mandataria, así como el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, habían anticipado que la cancelación del contrato con el consorcio comenzaría antes que finalizara este año.
En entrevista con El Nuevo Día en noviembre, la gobernadora recalcó que la cancelación del contrato con la empresa debe completarse en 2026, un proceso que, recalcó, seguía siendo su “prioridad”.
La rescisión fue la punta de lanza que usó la gobernadora desde la contienda primarista, en la que enfrentó a Pierluisi, hasta la elección general en noviembre del año pasado.
González prometió crear la figura del zar de Energía, lo que hizo mediante orden ejecutiva, y el puesto recayó en Colón, a quien también designó director ejecutivo de la AAPP.
En diciembre de 2024, previo a llegar al poder, la gobernadora dio vida al Comité de Trabajo para la Transformación Energética de Puerto Rico, que estudiaría a fondo cómo rescindir el contrato y buscar posibles operadores.
Aunque no ha mencionado nombres, González ha dicho públicamente que, al menos, tres compañías estadounidenses están interesadas en sustituir a LUMA Energy.
FUENTE: El Nuevo Día
