La moción destaca la falta de evidencia que justifique el incremento en el costo del servicio eléctrico
El Gobierno de Puerto Rico sometió una moción ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) argumentando que ninguna de la evidencia presentada a lo largo del proceso de revisión tarifaria sustenta el incremento solicitado por los operadores de la red eléctrica —LUMA Energy y Genera PR— en el costo del servicio que se les brinda a los abonados.
En el escrito, sometido el viernes por la Oficina de Zar de Energía y la Autoridad para Alianzas Público Privadas (AAPP), el Ejecutivo reiteró que “no se justifica un aumento tarifario”.
Entre los argumentos esbozados por el gobierno para sustentar su posición figuró la falta de información financiera que pueda ser auditada o verificada dentro del material provisto por LUMA Energy a lo largo del proceso de revisión de la tarifa base por el servicio eléctrico.
Asimismo, se indicó que el operador del componente de transmisión y distribución falló en sostener el peso de la prueba en su intento por aumentar los ingresos del sistema en un 132.7% para llevarlo a $2,896 millones en el año fiscal 2026 al no ser capaz de “abrir sus libros para un escrutinio significativo”.
Igualmente, las dependencias —ambas dirigidas por el ingeniero Josué Colón— destacaron a través de la moción las presuntas fallas de LUMA Energy en el manejo del dinero federal disponible para la reconstrucción de la red eléctrica al solo presentar documentación para un 10% de los fondos obtenidos a través del programa de adelantos Working Capital Advance (WCA), lo que llevó a que la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés) ordenara la devolución de sobre $107 millones.
Asimismo, el Gobierno remarcó un marcado deterioro en el servicio brindado a la ciudadanía, evidenciado presuntamente en el Índice de Duración Promedio de Interrupciones del Sistema (Saidi, en inglés), que aumentó de 88 minutos en 2012 a 1,702 en 2025, y el Índice de Frecuencia Media de Interrupción del Sistema (Saifi, en inglés), subió de 0.58 apagones a 8.15 durante el mismo periodo.
“Estas métricas confirman que hoy el sistema es menos confiable a pesar del aumento en gastos y acceso a fondos federales”, reza la moción.
Otro aspecto resaltado en la moción que presuntamente evidencia que no es necesario un incremento tarifario es que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha tenido que transferir más de $900 millones a lo largo de los pasados cuatro años fiscales —$83 millones en 2022, $357 millones en 2023, $418 millones en 2024 y $42 millones en 2025— a LUMA Energy debido a que han reportado gastos por encima del dinero presupuestado para la operación y mantenimiento de la red.
En lugar del incremento solicitado por los operadores privados de la red, el Gobierno propuso que se mantenga en vigor el aumento provisional establecido para recaudar fondos para el pago de las pensiones de la AEE, reducir en un 10% los presupuestos operacionales de LUMA Energy y Genera PR y redirigir el restante del dinero a una cuenta de reserva de emergencia.
“Este enfoque combinado, unido a una disciplina fiscal estricta, permitiría generar suficiente liquidez para atender las necesidades del sistema, cumplir con las obligaciones financieras (de la AEE) y preservar la capacidad operacional y continuidad del servicio”, recalcó en la moción el zar de Energía y la AAPP.
De acuerdo con las agencias del gobierno, las restricciones de liquidez financiera reclamadas por los operadores no son producto de la incapacidad de la tarifa de generar ingresos suficientes, sino de ineptitud, incapacidad de manejar el dinero federal y desviaciones de los presupuestos.
“Aumentar las tarifas bajo estas circunstancias sería inconsistente con la obligación del negociado de asegurar que existen tarifas justas y razonables que estén apoyadas en evidencia sustancial”, sostuvo.
FUENTE: El Vocero
