La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal evalua el impacto financiero de implementar un 40% de descuento en las multas de tránsito
El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Francisco Domenech, confirmó que el gobierno envió la tarde del miércoles a la Junta de Control Fiscal (JCF) la documentación que faltaba para evaluar el impacto financiero que tendrá la amnistía de un 40% de descuento sobre las deudas por multas de tránsito, pautada para entrar en vigor el jueves.
A esos efectos, el ente fiscal dijo a EL VOCERO que se encontraba evaluando la certificación 204 requerida bajo la Ley Promesa correspondiente a la ley habilitadora de este beneficio -Ley 1 del 2026- con un estimado formal de cualquier impacto sobre los gastos e ingresos a las arcas del gobierno central.
“La certificación 204 ha sido sometida a la FOMB (acrónimo en inglés de la junta fiscal), la cual evidencia un impacto fiscal positivo de unos $33 millones al año. El proceso de implementación por parte de DTOP (Departamento de Transportación y Obras Públicas) para la amnistía sigue corriendo su curso”, informó el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), indicó Domenech.
Aunque la ley fue firmada el 1 de enero, la junta fiscal reveló que Aafaf solicitó una prórroga hasta el 25 de marzo para someter la certificación correspondiente ya que la Sección 204(a) de Promesa establece un plazo de siete días hábiles a partir entregar la información luego de la promulgación del estatuto.
Domenech aclaró que la prórroga en ningún momento significó un pedido de paralización de la puesta en vigor de la amnistía.
“Estamos dentro del término dispuesto para someter la misma”, insistió Domenech Fernández.
Deuda millonaria
Según datos de la Oficina de Presupuesto y Análisis Legislativo, la deuda acumulada por las multas asciende a $560.5 millones, distribuidos entre $315.7 millones de principal y $244.8 millones en recargos.
Como parte del proceso evaluativo, la JCF corroborará los datos suministrados por el gobierno para determinar si la implementación de la ley no es contraria al plan fiscal certificado para el gobierno central u algún estatuto de Promesa.
En los casos que dicho proceso arrojó impactos negativos a las finanzas del gobierno, la junta fiscal recurrió al Tribunal de Quiebras bajo el Título III de Promesa para la anulación de leyes. Este fue el caso de las leyes de Reforma Laboral del 2022 y Retiro Digno del 2021.
Oportunidad para miles de conductores
Ante la insistencia del Ejecutivo de poner en vigor la amnistía, el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, indicó que la misma representará una oportunidad para que miles de conductores puedan “regularizar su situación y ponerse al día con sus obligaciones administrativas”.
“El objetivo de esta medida es ofrecer a los ciudadanos una oportunidad real para ponerse al día con sus multas de tránsito, al tiempo que agilizamos procesos administrativos y promovemos el cumplimiento con las leyes de tránsito”, agregó a través de declaraciones escritas el también director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).
González Montalvo recordó que la amnistía tiene una vigencia de 120 días, por lo que la ciudadanía tendrá hasta el 10 de julio para realizar las gestiones correspondientes a través de las plataformas digitales de CESCO Digital y AutoExpreso, así como las colecturías del Departamento de Hacienda, centros de servicio de AutoExpreso y puntos de venta autorizados alrededor de la Isla.
“Exhortamos a todos los conductores con multas pendientes a aprovechar este periodo de amnistía y beneficiarse del descuento dispuesto por ley”, agregó el funcionario sobre el beneficio que aplica a la totalidad de la deuda de las multas, incluyendo el principal, intereses, recargos y penalidades asociados a infracciones, pero no incluye multas impuestas con posterioridad a la fecha de aprobación de la ley o aquellas que constituyan o deriven en delitos graves tipificados en los artículos 5.07 (imprudencia o negligencia), y del 7.02 al 7.05 (manejo de vehículos bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas) de la Ley de Tránsito.
Cabe destacar que la ley no da espacio al otorgamiento de planes de pago para el balance restante tras aplicar el descuento ya que la deuda debe ser liquidada en su totalidad.
En el caso de las multas de AutoExpreso, el descuento aplica únicamente a la multa administrativa y no al pago del peaje adeudado.
Según datos del DTOP, cada 1.5 personas tiene un vehículo de motor en su hogar y en total se estima que existen sobre 2.1 millones de vehículos registrados en Puerto Rico, una de las tasas más altas dentro del territorio estadounidense.
FUENTE: El Vocero
