Los 406 proyectos de reconstrucción pendientes tienen asignados cerca de $2,000 millones en fondos federales
Gurabo - Aunque no visualiza, al momento, que se pierdan fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), Eduardo Soria, reveló este martes que el gobierno de Puerto Rico “hace gestiones” para costear con dinero estatal algunos de los 406 proyectos de reconstrucción pendientes y que aún no tienen el aval del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés).
“Hay algunos, los más viejos y los que no se han podido resolver, pues nosotros estamos haciendo las gestiones para ver... Estamos buscando también algunos con fondos estatales, tratar de cubrir el dinero en lo que DHS me lo ha aprobado”, manifestó Soria, a preguntas de El Nuevo Día, tras finalizar su participación en una reunión de la Federación de Alcaldes, en Gurabo.
El listado de proyectos, que tienen asignados cerca de $2,000 millones en fondos federales, espera por la aprobación del DHS desde verano y fue objeto de discusión entre la gobernadora Jenniffer González y la secretaria del DHS, Kristi Noem, en una reunión celebrada el viernes, en la que también participó la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés), Gabriella Boffelli.
El Nuevo Día obtuvo copia de una carta –de cinco páginas– que le cursó la gobernadora a Noem el 14 de enero, previo a su encuentro, en la que le solicita la aprobación de los 406 proyectos pendientes, y para 36 de ellos, que se active un mecanismo que permite redistribuir fondos federales asignados para las obras, lo que se conoce como “fund sharing”, contemplado en la Ley Stafford mediante el Programa de Asistencia Pública de FEMA.
Gobernadora sugiere cambios en FEMA
En su misiva, González, además de elogiar la “visión del presidente” Donald Trump respecto a FEMA, presentó a Noem una serie de recomendaciones sobre la política y requerimientos de la agencia federal para “agilizar los procesos y acelerar los proyectos de reconstrucción”.
Entre esas sugerencias, está modificar el umbral de los proyectos considerados pequeños tras el huracán María (2017), para que, en lugar de un costo de $123,100 o menos, sea de $1 millón, como se estableció para iniciativas trazadas luego del huracán Fiona (2022).
“Puerto Rico es el lugar ideal para mostrar cómo las políticas de la administración Trump para reducir la burocracia y reformar FEMA pueden ayudar a agilizar los esfuerzos de reconstrucción y recuperación”, le manifestó González a la secretaria del DHS en su escrito.
Soria, por su parte, confirmó que la reunión entre González y Noem giró en torno a ese listado de proyectos, pero dijo que no podía ofrecer más detalles porque todavía, a eso del mediodía del martes, no se había reunido con la mandataria, quien regresó el domingo a la isla.
Tras ese encuentro del viernes, se produjo –el mismo día– el despido de Andrés García Martinó, hasta entonces coordinador federal alterno para la recuperación en FEMA.
“Yo no estuve allí, pero que yo sepa, yo no tengo quejas sobre Andrés García personalmente, y entiendo que la gobernadora tampoco, pues simplemente se levantó la bandera de Puerto Rico. No sé qué pasó. Se levantó la bandera de Puerto Rico, y ellos decidieron removerlo”, apuntó Soria.
Pese a múltiples gestiones, no fue posible obtener comentarios de La Fortaleza o de Boffelli, quien el lunes enfatizó, en declaraciones escritas a este medio, que el gobierno estatal no tiene injerencia en las “decisiones sobre personal de DHS o FEMA”.
Mientras, en las oficinas centrales de FEMA en Washington D.C., respondieron a un pedido de información con un correo electrónico automático que recalca que hay un cierre parcial en esa agencia.
Este medio supo, a través de dos fuentes, que el memorando que recibió García Martinó notificándole su despido indicaba que la determinación fue producto de la reunión entre la gobernadora y Noem. Los informantes dijeron, además, que, desde hace algún tiempo, las gestiones de la oficina de FEMA en Puerto Rico en busca de celeridad en los proyectos no eran respondidas por el DHS.
Los 406 proyectos de reconstrucción, a causa de los daños que produjeron los huracanes Irma y María en 2017, fueron objeto de discusión durante la reunión porque, desde agosto pasado, el DHS estableció como requisito que toda obra cuyo costo sea de, al menos, $100,000 debe recibir el visto bueno de la secretaria de esa agencia. Esta nueva exigencia ha sido objetada por alcaldes, que entienden es otra capa de burocracia en la estructura federal.
La carta de la gobernadora a Noem precisa que, de los 406 proyectos pendientes, tres son del Departamento de Educación, 12 de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y 17 de la Autoridad de Energía Eléctrica. Aunque se solicitó, COR3 no proveyó copia de ese listado.
El presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, quien participó también en la reunión de la Federación de Alcaldes, opinó que la destitución de García Martinó no afectará los proyectos pendientes en esa corporación pública. Reconoció que tiene obras detenidas desde verano pasado, en espera del aval de la secretaria del DHS.
“Todas nuestras instalaciones requieren atención. Esta es la oportunidad real que tenemos con los fondos (federales) de hacer lo que no pudimos hacer en años”, dijo González Delgado, al recordar que, desde 2014, la AAA no acude al mercado de valores para emisión de bonos.
Tanto Delgado González como Soria apuestan a los contactos de la gobernadora y las gestiones de Boffelli, en Washington, para disolver el nudo o el estancamiento en el que se encuentran los proyectos pendientes de acción ante el DHS.
El DHS es la sombrilla bajo la cual se encuentra FEMA y otras entidades de gobierno, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y el Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés). La agencia tiene un cierre parcial debido a un tranque por su presupuesto, que también es usado para financiar las operaciones de ICE, incluyendo los arrestos masivos de inmigrantes.
Alcaldes apoyan a García Martinó
En medio de la controversia, alcaldes –rojos y azules– manifestaron su preocupación tras la salida de García Martinó de FEMA y la “incertidumbre” respecto a los proyectos de reconstrucción.
“No tenemos idea de qué va a pasar ahora. Tengo que decir que perdemos a un gran colaborador de los municipios, buen comunicador y buen servidor. No entiendo el por qué de la salida de él, pero nos pone crítica la situación. Todo se ha dilatado en FEMA; esto va a hacer peor la situación”, opinó, en entrevista telefónica, el alcalde de Jayuya, Jorge González, presidente de la Asociación de Alcaldes, que reúne a los ejecutivos populares.
El alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, su contraparte en la Federación de Alcaldes, que agrupa a los novoprogresistas, urgió la designación de un nuevo coordinador federal para evitar dilaciones.
“Nos preocupa porque crea incertidumbre, porque no hay nadie dirigiendo el desastre. Andrés estaba a cargo de lo que era Irma y María. Nos urge”, apuntó Hernández.
El alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, describió a García Martinó como “un amigo para los municipios”. “No sabemos quién viene ahora. Eso es preocupante. Ahora, no sabemos quién viene”, puntualizó.
FUENTE: El Nuevo Día
