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El gobierno de Puerto Rico solicitó a la corte de Quiebras bajo el Título III de la Ley Promesa la devolución al foro estatal (remand) de la demanda presentada a nombre de la gobernadora Jenniffer González Colón para invalidar el contrato suplementario otorgado a LUMA Energy en 2022.

Originalmente la demanda fue presentada el pasado 16 de diciembre ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan bajo la doctrina conocida como ‘parens patriae’ solicitando una sentencia declaratoria para que se declare nulo el contrato por entender que se extendió de forma ilegal, sin embargo, el consorcio pidió el traslado automático de la controversia a la corte federal de quiebras.

“LUMA busca frustrar los esfuerzos del gobierno (estatal) para hacer cumplir sus propias leyes al remover la acción de la gobernadora a esta corte (de quiebras). Esta no es la primera vez que LUMA ha intentado esta maniobra. Lo ha hecho en repetidas ocasiones y ha sido rechazado, incluyendo intentos recientes de remover litigios relacionados al mismo contrato en controversia aquí: el acuerdo de manejo y operación (OMA, en inglés) del componente de transmisión y distribución”, planteó la representación legal del gobierno, que incluye a los licenciados Peter Friedman y Manuel A. Pietrantoni.

Se indicó además que la demanda involucra la aplicación de leyes que nunca habían sido litigadas que gobiernan los acuerdos contractuales bajo el modelo de alianzas público privada (APP).

“La Legislatura de Puerto Rico promulgó leyes especiales que rigen las aprobaciones requeridas para contratos de APP y la extensión de los mismos entre corporaciones públicas como AEE y LUMA. Estos estatutos reflejan un marco regulatorio comprensivo para proteger a Puerto Rico y sus ciudadanos”, argumentó el gobierno.

Asimismo, los abogados plantearon que el traslado de la demanda a la corte de quiebras no cumple con los estatutos de la Ley Promesa ya que en su sección 306 de políticas y regulaciones establece la prohibición de remover cualquier acción civil que ejerza política gubernamental o poderes regulatorios.

“Esto es un ejemplo textual de un gobierno ejerciendo su política pública y poderes regulatorios para proteger a sus ciudadanos de contratos públicos ilegales y no autorizados. El gobierno no busca una recuperación de dinero o propiedad de la AEE como deudor, lo único que busca es reivindicar su capacidad de hacer cumplir sus propios estatutos en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Debido a que Promesa prohíbe el traslado de esta demanda, la misma debe ser devuelta a la corte del Estado Libre Asociado (ELA)”, puntualizó.

De igual manera, los abogados de la gobernadora indicaron que otras secciones de la Ley Promesa y doctrinas sobre abstención judicial requieren también que el caso regrese al foro estatal, incluyendo factores relevantes como que el pleito está relacionado a derechos y poderes de múltiples ramas del gobierno de Puerto Rico y requiere determinaciones en un espectro amplio de la ley y regulaciones locales sobre asuntos contractuales y la operación del sistema eléctrico.

“La gobernadora solicitó que la Corte Suprema de Puerto Rico escuche estos casos directamente en vez de un tribunal de menor rango”, agregaron los abogados.

Cabe destacar que, previo a la presentación de la demanda de la gobernadora, AEE y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) también presentaron un recurso a nivel estatal solicitando invalidar el contrato suplementario de LUMA, pero el consorcio también pidió el traslado del mismo a la corte de quiebras.

Como parte de esta controversia, la jueza Laura Taylor Swain dio a las partes hasta el 2 de febrero para presentar recursos en oposición a cualquier moción de "remand".

Entretanto, la Junta de Control Fiscal (JCF) presentó hoy una moción para intervenir como parte demandada en la controversia basado en el argumento de que el remedio solicitado (la cancelación del contrato) cambiaría el marco legal, fiscal y operación del sistema eléctrico de la isla, lo que pondría fin a la operación privada de la red.

Reacciona LUMA Energy

Por su parte, LUMA Energy reiteró a EL VOCERO su planteamiento de que “el Tribunal federal del Título III es el foro correcto para que atienda toda reclamación relacionada con las acciones del gobierno de Puerto Rico contra el contrato que mantienen para operar y mantener el sistema de transmisión y distribución”.

“Como hemos mencionado anteriormente, el contrato original y su posterior extensión fueron creados, negociados y ejecutados por el Gobierno de Puerto Rico dentro del marco de ley existente, por lo que cualquier cambio o intento de cancelación tendría un impacto en el Plan Fiscal de la AEE”, agregó el consorcio a través de declaraciones escritas.

En ese sentido, la empresa insistió en que “toda acción con motivos políticos” en su contra coloca en riesgo el progreso en el sistema e incluso podría resultar en “retrasos en la restauración de la red eléctrica”.

FUENTE: El Vocero