El recurso judicial responde a evitar tecnicismos procesales
El Gobierno de Puerto Rico presentó ayer una nueva demanda contra LUMA Energy bajo la doctrina conocida como parens patriae, que busca representar directamente los intereses del pueblo y evitar que la controversia sobre la validez del contrato eléctrico quede enterrada en tecnicismos procesales tras la solicitud de traslado al foro federal.
El recurso judicial fue sometido ante el Tribunal de San Juan, luego de que la demanda original quedara paralizada ayer en la mañana a raíz de una petición de LUMA para que el caso se vea ante el foro federal.
En esta segunda demanda, el Estado sostiene que su intervención no responde solo a una disputa contractual, sino a la necesidad de proteger a la ciudadanía ante un servicio eléctrico que califica como “deficiente y oneroso”, prestado bajo una extensión contractual que considera “radicalmente nula”.
Este recurso se diferencia de la demanda original del 11 de diciembre, en varias instancias: aquella era a nombre de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) y de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) mientras que el presentado ayer fue a nombre del gobierno y la mandataria Jenniffer González. Asimismo, la demanda original pedía un interdicto preliminar, que es un recurso de atención expedita y provisional, mientras que la demanda presentada ayer pide una sentencia declaratoria, que tiene un carácter más permanente.
“Ya no es la demanda de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (P3, en inglés) ni de la Autoridad de Energía Eléctrica, es la demanda del gobierno de Puerto Rico contra esta compañía”, expresó González.
El propósito de ambas demandas es invalidar el contrato suplementario actual bajo el cual opera LUMA como encargado del sistema de transmisión y distribución de energía, por entender que en el 2022 se extendió de manera nula.
El martes pasado, LUMA solicitó un “removal” para que la controversia se ventile en el Tribunal Federal, ante la jueza Laura Taylor Swain, quien preside el caso de quiebra bajo el Título III de la Ley Promesa. Según LUMA, ese es el foro “más apropiado para atender este caso”.
“Las recientes acciones motivadas por la política para revertir un contrato legalmente vinculante solo sirven para poner en riesgo todo el progreso real que hemos logrado, perjudicando al pueblo de Puerto Rico al amenazar proyectos críticos destinados a revitalizar y fortalecer la red eléctrica. La acción legal injustificada de la AAPP y la AEE carece de fundamento, considerando que no existe incumplimiento contractual por parte de LUMA. Este tipo de acciones sientan un precedente negativo, generando serias preocupaciones para cualquier empresa que considere operar o invertir en Puerto Rico, y representan un obstáculo innecesario para la economía de la Isla”, dijo el consorcio en un comunicado de prensa en que explicó su petición.
A raíz de la solicitud de “removal” la demanda original quedó paralizada por el juez superior Arnaldo Castro Callejo del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
“La legislación federal dispone que una vez presentada dicha petición corresponde a dicho foro resolver la misma y mientras tanto el tribunal estatal está impedido de tomar acción”, explicó ayer Castro Callejo en una sentencia.
De otra parte, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, explicó que con la nueva demanda, el gobierno busca romper la alegación de LUMA Energy para transferir el caso al foro federal.
“Tras la gobernadora incoar este pleito bajo el gobierno de Puerto Rico, rompe el argumento de (LUMA) de diversidad de ciudadanía que están alegando. Por ende, ciertamente ellos van a tratar de removerlo a la federal porque, como la gobernadora ha dicho, ellos lo que quieren es paralizar cualquier cosa, cualquier cosa que sea en favor del pueblo de Puerto Rico”, comentó.
Mientras que LUMA se reiteró en su postura de transferir el caso a nivel federal.
“Creemos firmemente que el Tribunal Federal del Título III es el foro adecuado y llamado a atender cualquier reclamación relacionada con este asunto. Es importante señalar que tanto el contrato original como su posterior extensión fueron creados, negociados y ejecutados por el Gobierno de Puerto Rico. Una vez que este nuevo documento sea recibido formalmente, nuestro equipo legal lo revisará y responderá a través de los canales legales correspondientes, guiados por el mejor interés de nuestros clientes”, expresó el consorcio de energía en declaraciones escritas ante la nueva demanda.
Qué es parens patriae
La figura de parens patriae permite al Gobierno demandar en nombre de intereses colectivos, aun cuando no sea parte directa del contrato en controversia. En este caso, el Estado argumenta que la operación del sistema eléctrico afecta de forma directa la vida, la seguridad y la estabilidad económica de toda la población, por lo que su intervención es necesaria y urgente.
“El Pueblo de Puerto Rico quedó indefinidamente atado a un contrato con LUMA de forma contraria a la ley y sin los mecanismos de supervisión y resolución que se habían diseñado para proteger el interés público”, plantea el documento judicial.
La demanda añade que la ciudadanía “ha estado sujeta a un servicio deficiente y oneroso, rendido en abierto menosprecio a las necesidades ciudadanas, la salud, seguridad y bienestar públicos”.
En esencia, ambas demandas argumentan que el contrato suplementario que permitió a LUMA operar el sistema de transmisión y distribución eléctrica tenía un término máximo de 18 meses que venció el 30 de noviembre de 2022. No obstante, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y la Junta de Gobierno de la AEE suscribieron una carta para extender el acuerdo de manera indefinida, sujeto a que se resolviera la quiebra de la AEE.
El gobierno alega que esa “Carta-Extensión” es ilegal porque no fue aprobada conforme a las leyes que regulan las alianzas público-privadas, no contó con el aval del Negociado de Energía y eliminó el término fijo que protegía el interés público. Además, permitió que la vigencia del contrato quedara sujeta a criterios “dependientes de la voluntad exclusiva de LUMA” y es por ello que pide que se declare nulo.
Del mismo modo, solicita que LUMA se comprometa a colaborar mediante una transición ordenada, incluyendo hacer la entrega de datos operacionales, expedientes, sistemas, así como la coordinación de personal, “aun en el escenario de terminación automática”.
El Gobierno también pidió “cualquier remedio adicional necesario” para proteger el interés público y que la mencionada transición sea “ordenada y transparente”.
Al igual que en la demanda original, de forma simultánea se pidió al Tribunal Supremo de Puerto Rico que asuma la jurisdicción y pase directamente a resolver la controversia.
En el anuncio de la nueva demanda también participaron el zar de Energía, Josué Colón, y la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres.
“No queremos adelantar nuestras estrategias. Como ha dicho la gobernadora y el secretario de la Gobernación, estamos listos y prestos para cualquier asunto”, afirmó Gómez Torres.
FUENTE: El Vocero
