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Frente a las alegaciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de que se desataría un “caos” si –como pretende el gobierno– se cancela o invalida el contrato de LUMA Energy, el secretario de la Gobernación y jefe de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Francisco Domenech, aseguró que la administración de Jenniffer González ha hecho al organismo las mismas representaciones que ha presentado públicamente.

“Se le ha dicho categóricamente, y públicamente por la gobernadora, el zar de Energía, Josué Colón, y este servidor, que se está buscando un operador privado sustituto. Esto que radicaron en su moción (la semana pasada) de que (el sistema eléctrico) podría revertir a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no se encuentra en ningún sitio. (…) Hemos dicho todo lo contrario. Y se le ha dicho a la Junta”, subrayó Domenech.

La JSF, al momento, interviene en todos los frentes de batalla judiciales entre LUMA y la administración, incluyendo las dos demandas –una de González y otra de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP)– que buscan invalidar de raíz la extensión del pacto suplementario del operador, ocurrida en 2022, y el caso, incoado previamente por el consorcio, que busca frenar los procedimientos contractuales mediante los que el gobierno intenta probar incumplimiento.

El jueves pasado, LUMA elevó al Primer Circuito de Apelaciones en Boston la decisión de la jueza federal Laura Taylor Swain que dispuso que, por ahora, no intervendrá en los procedimientos vinculados a los supuestos incumplimientos de contrato.

Mientras, en el expediente relacionado con la demanda de la primera ejecutiva, el ente fiscal afirmó que la cancelación del contrato, por cualquiera de las vías, provocaría un “caos” porque no tiene conocimiento de que exista un mecanismo competitivo para sustituir a LUMA con otra compañía privada.

Domenech, en entrevista con El Nuevo Día, se hizo eco de Colón, quien ha dicho que la convocatoria a una licitación abierta se daría una vez se cancele el contrato, durante el período de transición de salida de LUMA, que puede extenderse hasta un año. Hace unos días, el zar de Energía y jefe de la AAPP describió las conversaciones con potenciales candidatos como “informales”, y descartó que se haya activado el mecanismo de “propuestas no solicitadas”, a través del cual empresas pueden realizar ofertas directas al gobierno para entrar en un proyecto de alianza.

¿Bajo qué marco legal se sostienen esas discusiones?, cuestionó este diario al jefe de la Aafaf, cargo desde el que preside la Junta de Directores de la AAPP.

“El ingeniero Josué Colón lleva a cabo esas conversaciones porque, primero, se tenía que saber si había entidades privadas interesadas en venir y contratar con el gobierno de Puerto Rico la operación de la red eléctrica. Aquí, no se están haciendo las cosas de manera no responsable y sin tener cierta certeza. Tiene que haber unas conversaciones preliminares primero para poder decir públicamente ‘mire, se va a contratar un ente privado’. Hay unas entidades privadas, con experiencia en redes como las de Puerto Rico, interesadas. Una vez llegue el momento de que se lleve a cabo un proceso formal, se llevará a cabo”, dijo.

¿Se está llevando a cabo bajo el proceso de propuestas no solicitadas?, inquirió este medio.

“Hay varios mecanismos dentro de lo que es la Ley de Alianzas Público Privadas. (Las propuestas no solicitadas) es uno de ellos. En estos momentos, no puedo entrar en esos detalles. Lo que puedo garantizar es que la contratación de la nueva entidad privada se hará bajo el cumplimiento de ley y, cuando llegue su momento de presentárselo a la Junta, como se hizo con el contrato de combustible de NFE (New Fortress Energy), se presentará. La Junta sabe que estamos llevando conversaciones a cabo”, recalcó Domenech, quien no quiso establecer una “línea de tiempo” para el período que podría tomar materializar una contratación.

Previamente, Colón ha dicho que es viable completar la transición dentro del año que LUMA, por contrato, debe permanecer a cargo de la red, incluyendo una transferencia técnica de menos de seis meses, como ocurrió en la flota de generación al pasar de la AEE a Genera PR.

Domenech reconoció, de otra parte, que la reestructuración de la deuda de la AEE se vio “afectada” durante el tiempo que la JSF quedó con un solo integrante, tras los despidos de seis miembros por parte del presidente Donald Trump, de los cuales tres fueron revertidos eventualmente por el Tribunal Federal.

“Ahora que están todos ellos en funciones nuevamente, estaremos trabajando con los mediadores, la corte de Título III (de la ley Promesa) y la Junta para continuar avanzando en esa reestructuración de la deuda”, indicó.

Por otro lado, aceptó que el gobierno nunca llegó a contratar a Houlihan Lokey, la firma de asesoría a la que, hace casi un año, el propio Domenech atribuyó una extensión a la paralización de los litigios por parte de acreedores contra la AEE.

“Nunca se otorgó. No se terminó otorgando”, se limitó a decir, sin explicar por qué, en febrero de 2025, afirmó que fueron las gestiones conjuntas del gobierno y la firma las que “convencieron a los mediadores” del procedimiento de quiebra aplazar una vez más los litigios.

FUENTE: El Nuevo Día