La jueza federal insiste en establecer el valor de ingresos netos de la autoridad
La jueza Laura Taylor Swain denegó la moción presentada por los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para levantar parcialmente la paralización de los procesos (“stay”, en inglés) del caso de la bancarrota para atender sus reclamaciones sobre alegada falta de protecciones de su reclamación sobre los ingresos netos de la corporación pública.
“La corte ya levantó el ‘stay’ de los litigios en contra de la AEE para dar paso a la reconvención de cuentas (accounting counterclaim, en inglés) habiendo determinado que resolver esto proveerá a los bonistas con el vehículo procesal que persiguen para resolver los asuntos relacionados con el cálculo de los ingresos netos, lo que ayudará a las partes y la corte a resolver muchos otros asuntos interrelacionados al caso de Título III”, expresó la togada durante una vista ómnibus efectuada ayer en la Corte federal del Distrito Sur de Nueva York.
Según Swain, el mecanismo que se estará trabajando durante los próximos meses a través de la presentación de evidencia, reportes históricos de la corporación pública, testimonios de expertos e interrogatorios será esencial para poder establecer el total del dinero al que los bonistas tienen derecho y si existe protecciones adecuadas para evitar que el mismo sea utilizado en gastos relacionados a la corporación pública.
“Esto llevará a una fórmula que permitirá a las partes y la corte determinar si los ingresos netos han existido históricamente, si existen en la actualidad en la forma de fondos disponibles y finalmente el valor de la reclamación asegurada de los bonistas. La información concerniente a su existencia y disponibilidad es pertinente tanto para la evaluación y resolución de la reconvención de cuentas como de las mociones para levantar el ‘stay’ y los procesos de confirmación de un plan (de ajuste de la deuda), incluyendo la determinación sobre si los bonistas tienen protección adecuada”, insistió.
Swain además destacó que los bonistas reconocieron que su reclamación sobre alegada falta de protecciones intercala con la reconvención de cuentas y que el descubrimiento de evidencia de ambos litigios sería el mismo.
Por otro lado, la jueza también falló en contra de otras peticiones sobre alegada falta de protecciones que buscaban la desestimación por completo del caso de la bancarrota y/o la imposición de un síndico para el manejo de las finanzas de la AEE.
“La corte además destaca que los requisitos de tiempo de la sección 362 (e)1 -del Código federal de Quiebras- aplica solo a pedidos de remedios de un ‘stay’ en contra de cualquier acto en contra de propiedad del estado.
“Dado que el potencial que tiene la determinación de la reconvención de cuentas para ofrecer más claridad y promover progreso en el caso de Título III, incluyendo el evaluar la viabilidad del plan de ajuste propuesto y cualquier determinación sobre protección adecuada, el ‘stay’ de litigios se mantiene en pie tal y como está configurado”, ordenó.
Al concluir la vista, la jueza felicitó a las partes debido a que en su más reciente reporte, el equipo de mediación a cargo de las negociaciones en el caso de la bancarrota informó a la corte que las conversaciones habían incrementado.
“Los exhorto a seguir hacia adelante en ambos frentes. El progreso hacia un futuro viable para el sistema eléctrico de Puerto Rico es vital. Llevo nueve años diciéndolo, pero repito: el fracaso aquí en este caso no es una opción”, subrayó Swain, quien pautó la próxima vista ómnibus para el 15 de julio.
Empeñados en ser escuchados los bonistas
En cambio, los abogados de varios grupos de bonistas y acreedores plantearon a la corte que el ‘stay’ no les ha permitido presentar sus argumentos con relación al alegado uso indiscriminado de parte de la AEE de lo que ellos consideran han sido ganancias producto de la venta de electricidad en Puerto Rico.
El representante legal del grupo de bonistas Assured Guaranty, el licenciado Michael Estrada, aludió al debido proceso al exigir a la jueza que le permita adjudicar en sus méritos la reclamación por su derecho fundamental a proteger el dinero que está siendo despilfarrado.
De manera similar se expresó el licenciado Eric Brunstad a nombre del grupo Ad Hoc de bonistas, quien afirmó en corte que los récords mensuales históricos de la corporación pública evidencian que, por años, la AEE ha gastado sus ingresos netos para financiar diversos asuntos.
Brunstad además hizo alusión a la reciente determinación del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) en el caso de revisión tarifaria al señalar que dicho dictamen dejó suficiente espacio para imponer una tarifa que pueda generar “una recuperación robusta” para los bonistas dentro de los parámetros establecidos por la Junta de Control Fiscal (JCF).
En su turno de respuesta, el abogado del ente de supervisión, Martin Bienenstock, rechazó los planteamientos de Brunstad al aclarar que el NEPR no emitió una determinación a largo plazo sobre el costo del kilovatio hora y que a la hora de tomar su decisión no entró en asuntos medulares al caso como el determinar si el Sistema de Retiro de la AEE puede ser considerado como un gasto operacional.
FUENTE: El Vocero
