El ente ordena incluir lenguaje de control que supedita fondos a requisitos como planes, informes y procesos específicos
A pesar de que el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando C. Rivera Berríos, afirmó el domingo que, a diferencia del pasado, su agencia será quien establezca la asignación presupuestaria, la Junta de Control Fiscal (JCF) ordenó al Ejecutivo incluir lenguaje preventivo en el presupuesto entrante que, entre otras cosas, condiciona el otorgamiento de ciertas partidas al cumplimiento de metas específicas.
En una misiva enviada el pasado viernes, el ente de supervisión informó al gobierno que aceptó varias de las reducciones propuestas de varias agencias a pesar de preocupaciones de que esto pueda representar un riesgo en caso de que los costos exceden las proyecciones y que, aunque lo propuesto está en cumplimiento con el Plan Fiscal certificado de 2024, el mismo no se hizo bajo los estándares de contabilidad acordado.
“El gobierno debe someter una Resolución de Fondo General y una Resolución de Fondo de Ingresos Especiales, con detalles de cómo cada apropiación se alinea con la propuesta presupuestaria revisada a no más tardar del 1 de mayo. Estas resoluciones deben incluir el lenguaje de control”, advirtió en la carta el director ejecutivo de la JCF, Robert Mujica.
Detalles por agencia
Como parte de este texto, se especifica una serie de condiciones para que ciertas agencias tengan acceso a fondos específicos como es el caso del Departamento de Educación, al que se le autorizaría una cuantía de $45,173,000 para sufragar gastos de transportación a estudiantes, de llevar a cabo los procesos competitivos para la contratación de los mismos con el apoyo de la Administración de Servicios Generales (ASG).
Otra partida condicionada es una de $15,600,000 para la compra de chalecos antibala por parte de la Policía de Puerto Rico y para la cual la Uniformada deberá primero desarrollar un plan de adquisición por fases anuales que detalle el inventario, calendario de reemplazo y necesidad anual de fondos.
En el caso de la Administración de Familias y Niños (Adfan), la junta fiscal ordenó supeditar una partida de $17 millones para servicios de cuidado sustituto de adultos mayores a que la agencia provea información que permita verificar el estatus de cada caso activo y reportes mensuales detallados de la nómina y proyecciones.
Asimismo, de incluirse el texto, Adfan tendrá que entregar información similar para lograr la aprobación de una partida de $15,253,000 para el Programa de Hogares de Adultos Mayores.
Otras agencias que tendrán restringido el acceso a partidas específicas son el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) -$10,560,000 para el alquiler de bombas de extracción de agua-, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) –$1,177,000 para reclutamiento- y la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) — $11,500,000 para ‘vouchers’ (vales o cupones) para servicio de cuidado infantil.
Gobierno evaluará medidas
“Nosotros vamos a evaluar las recomendaciones que establece la junta fiscal en esa carta y tenemos hasta el 1 de mayo para poder cerrar esa discusión con ellos con el propósito de que al 8 (de mayo) entreguemos el segundo presupuesto certificado por esta administración. Ha sido un trabajo colaborativo y lo vemos desde que ellos dejaron a la OGP establecer las metas presupuestarias del gobierno cuando eso no existía”, expresó Rivera Berríos.
De acuerdo con el funcionario, por los pasados 10 años el ente de supervisión había “secuestrado el proceso de la planificación del presupuesto” a tal punto que el gobierno se mantuvo como un mero espectador del proceso.
“Nosotros retamos eso este año e hicimos que sea la OGP quien establezca la asignación presupuestaria y el gasto a las agencias basados en unos análisis históricos que estamos haciendo desde octubre del 2025”, agregó el jefe de OGP al estimar que la propuesta contempla una reducción de casi $250 millones del gasto público en las agencias a raíz de una directriz de recortar la inversión en servicios profesionales y comprados.
“Por años lo que hemos visto es que la junta fiscal, como los ingresos están aumentando, sube el gasto público en vez de reducir las cargas contributivas y reducir los impuestos. Esta administración lo que está buscando es decirles (a la JCF), ‘para de seguir aumentando el gasto público de acuerdo a los ingresos y vamos a empezar a reducirlo para poder dar alivios contributivos”, insistió Rivera Berríos.
El resumen preparado por la junta fiscal de la propuesta presupuestaria para el año fiscal 2026-2027 establece una distribución de cerca de $13,181 millones para el Fondo General y otros $5,458 millones al Fondo Ingresos Especiales.
FUENTE: El Vocero
