El organismo federal advierte que el déficit operacional de la UPR podría alcanzar los $420 millones para próximo año fiscal, por lo que deberá considerar aumentos escalonados y reformar su sistema de retiro
Ante un déficit operacional que podría alcanzar los $420 millones, la Junta de Control Fiscal (JCF) insistió en que la Universidad de Puerto Rico (UPR) deberá implementar aumentos escalonados en los costos de matrícula, añadir nuevas tarifas y reformar su sistema de retiro para evitar una hecatombe financiera.
Los señalamientos fueron incluidos dentro de las enmiendas a la versión revisada del plan fiscal del primer centro docente del País que fue certificado recientemente por el ente de supervisión, y en cual se advierte que es necesaria una disminución de un 2% de los desembolsos operacionales que permitirían ahorros anuales de $150 millones.
“Los pronósticos de gastos e ingresos indican que, en la ausencia de medidas fiscales y reformas, la UPR operará con un déficit operacional significativo (previo a servicio de la deuda) que se espera alcance los $420 millones para el año fiscal 2026. Incluso, luego de implementar nuevas medidas dirigidas a promover mayor responsabilidad fiscal y sostenibilidad, la UPR no será capaz de pagar su deuda contractualmente obligada acumulada de $600 millones en su totalidad cuando venza, por lo que necesitará recurrir a una reestructuración de deuda”, advirtió la JCF en el plan certificado que servirá de base para la confección del presupuesto de la universidad.
La versión revisada del plan fue presentada por la propia junta fiscal tras determinar que la documentación sometida por la institución universitaria el pasado 27 de mayo sobre proyecciones de matrícula y suposiciones de ingresos generados por los recintos no cumplió con los requerimientos de la Ley Promesa.
Con relación al rechazo de la información presentada por la UPR, la presidenta de la institución, Zayira Jordán Conde, dijo que respeta el proceso de evaluación, sin embargo, subrayó que la postura institucional es que la sostenibilidad puede alcanzarse “mediante nuevas fuentes de ingreso, eficiencias operacionales y economías estructurales”, aunque no ofreció detalles de alguno de estos mecanismos.
La presidenta de la UPR, además, afirmó a EL VOCERO que la sostenibilidad se puede lograr “sin recurrir a medidas que afecten el acceso a la educación o el bienestar de nuestros pensionados”.
Indispensable aumentar recaudos
Como parte de las enmiendas, la junta reconoció progreso por parte de la UPR en la implementación de algunas de las medidas requeridas desde que se certificó el plan fiscal correspondiente al 2021, pero resaltó el incumplimiento de diversos aspectos como los aumentos en costo de los créditos en programas graduados, la transformación del aparato administrativo y la reforma de las pensiones.
“Aunque el plan fiscal de la UPR del 2021 hizo todos los esfuerzos razonables para añadir ingresos de otras fuentes, algunos aumentos en matrícula son necesarios, dado la magnitud de los retos que enfrenta la UPR. El principio del rebalanceo de ingresos es, ante todo, una oportunidad para asegurarse de que aquellos que pueden contribuir al costo de su educación lo hagan, al tiempo que se protege a aquellos que no pueden”, insistió el ente congresional.
Con el plan fiscal de 2021, la institución educativa implementó una serie de ajustes a sus programas de cursos de nivel subgraduado que elevó a $157 el costo por crédito, al tiempo que se eliminaron 13 de las 16 categorías de elegibilidad de exención del pago de matrícula.
Igualmente, el plan fiscal volvió a reiterar que los estudios actuariales sugieren que el sistema de pensiones de la UPR se dirige a la insolvencia fiscal a largo plazo, por lo que de no haber cambios sustanciales al modelo operativo existe el riesgo de que no pueda cumplir con la totalidad de sus obligaciones con sus pensionados.
“Otras reformas adicionales al plan de pensiones posiblemente serán necesarias si la Universidad no identifica otras medidas de ahorros o fuentes de ingreso”, establece el plan fiscal certificado por la JCF.
Buscan alternativas
Ante los señalamientos, Jordán Conde aseguró que su administración continúa trabajando en identificar e implementar alternativas que fortalezcan la salud fiscal de la institución a largo plazo.
“Como parte de ese esfuerzo, el equipo de la presidencia se encuentra ultimando un plan de trabajo fiscal que servirá de base para el próximo ciclo del plan fiscal y que atenderá, además, el financiamiento recurrente de los nuevos planes de clasificación y retribución de nuestros empleados”, puntualizó la presidenta a través de declaraciones escritas.
“Continuaremos trabajando con responsabilidad, transparencia y visión estratégica para garantizar la sostenibilidad institucional, fortalecer nuestra competitividad y asegurar que la UPR siga siendo accesible y un motor de desarrollo para Puerto Rico”, precisó Jordán Conde.
EL VOCERO solicitó una reacción a la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), María del Mar Rosa Rodríguez, sobre los señalamientos de la situación fiscal de la UPR incluida en el plan, pero al cierre de esta edición la profesora no respondió la petición.
Congresistas se oponen a aumento
En medio de la discusión sobre las finanzas de la UPR, un grupo de congresistas urgió a la JCF a frenar cualquier aumento de costo de matrícula y proteger las pensiones de los jubilados de la institución educativa.
“Durante más de una década, la UPR se ha enfrentado a una crisis fiscal agravada por medidas de austeridad que limitan su desarrollo y la accesibilidad de los estudiantes,” reza la misiva firmada por varios integrantes del Congreso estadounidense incluyendo a Nydia M. Velázquez, Darren Soto, Delia C. Ramírez, Nellie Pou, Alexandria Ocasio Cortez, Adriano Espaillat, Jesús G. García y el comisionado residente Pablo José Hernández.
Indicaron que la crisis a traviesa la UPR no solo afecta al estudiantado, sino que también repercute en todo Puerto Rico.
“El debilitamiento de la educación pública limita la movilidad social, reduce la investigación y afecta a los servicios que la institución presta a las comunidades, poniendo en riesgo el futuro de Puerto Rico”, agregó el grupo de congresistas que mencionó que la institución también opera centros de investigación, centros hospitalarios y ofrece clínicas de salud gratuitas en comunidades.
“Como miembros del Congreso que representamos a la isla o a las grandes diásporas puertorriqueñas, nos sigue preocupando que el Plan Fiscal revisado presentado por el Consejo de Gobierno de la UPR, que permanecerá en vigor hasta el año fiscal 2027, no tenga en cuenta las necesidades actuales de la Universidad”, reza la misiva.
FUENTE: El Vocero
