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Mientras el precio del crudo alcanza un nuevo récord en América al cumplirse dos meses del comienzo de la guerra en Oriente Medio, el calendario de casos en el Primer Circuito de Apelaciones también crece como resultado de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En lo que va de año, GoldenTree Asset Management junto a otros fondos de inversiones también dueños de la deuda pública de la AEE, así como las aseguradoras municipales que respaldan los bonos de la empresa eléctrica –Assured Guaranty, National Public Finance Guarantee y Syncora Guaranty- y otros acreedores han radicado nueve apelaciones relacionadas con el proceso de bancarrota.

Los casos se apilan mientras el foro intermedio federal también lidia con otras disputas del operador eléctrico LUMA Energy, entre ellas, un pleito de clase de consumidores por la imposición del cargo provisional en la factura eléctrica y la demanda incoada por el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) relacionada a la cláusula de relevo de responsabilidad que libró al operador de resarcir a los clientes por la pérdida de sus electrodomésticos. La controversial cláusula se encuentra en el contrato de Operación y Mantenimiento (OMA, en inglés) pactado entre LUMA y la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) hace unos cinco años.

Los nuevos casos se suman a otros 14 radicados en el año 2025, en su mayoría, presentados por acreedores de la AEE inconformes con las determinaciones de la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain o con aquellas de la magistrada Judith Dein, quien tiene a su cargo dirimir asuntos procesales en los casos de Título III de Puerto Rico.

Por tratarse de temas similares, se espera que el foro apelativo consolide buena parte de las disputas pendientes antes de entrar en los méritos de cada controversia.

La nueva disputa en Boston

Cinco de las nueve apelaciones radicadas este año, se produjeron luego de que, en marzo pasado, la jueza Swain denegara la reclamación administrativa de los bonistas liderados por GoldenTree y Assured Guaranty.

Una reclamación administrativa, en esencia, es una solicitud de pago prioritario en un proceso de quiebra. El mecanismo persigue que ciertos suplidores o similares, que aporten capital, vendan bienes o presten servicios a un deudor en quiebra, puedan recibir su paga antes que otros acreedores.

Según la determinación de Boston en el verano de 2024, los bonistas de la AEE están al final de la cola cuando del pago de reclamaciones se trata. En síntesis, estos recuperarían el pago de su acreencia luego de que la AEE cubra todos sus gastos corrientes y ordinarios, incluyendo, por ejemplo, los pagos de los operadores del sistema eléctrico, la compra de combustible, la nómina de la AEE y el pago de las pensiones. Si luego de cumplir con todos esos gastos y otros, queda dinero en caja (es decir, quedan ingresos netos), los bonistas recibirían su parte según la valoración que se haga de la deuda vigente de la AEE todavía pendiente ante Swain.

Los bonistas discrepan de la determinación judicial. Estos entienden –según documentos en corte- que la AEE debe indemnizarles con al menos $3,700 millones porque en la práctica, la empresa eléctrica –con la anuencia de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)- se lo gasta todo para que no haya ingresos netos con qué pagarles. La reclamación administrativa, en consecuencia, daría prioridad a los bonistas dentro de la estructura de pagos corrientes de la AEE.

Según los bonistas, la cifra de 9 dígitos corresponde a dinero que la AEE mal utilizó en gastos corrientes cuando debió reservarlo para nutrir las cuentas y fondos de reserva (sinking fund) de la deuda pública.

Tras analizar los argumentos de los bonistas y las observaciones de la JSF, Swain concluyó lo contrario. En apretada síntesis, la jueza dispuso que la acreencia que poseen los bonistas de la AEE se produjo antes de que la empresa eléctrica se declarara en bancarrota. Por ende, mientras la AEE ha operado bajo el Título III de la ley federal Promesa, los bonistas no han hecho aportación de capital alguno que amerite pagarles primero.

La reclamación 50049

De otra parte, el apelativo federal también tiene ante su consideración una petición del fiduciario de la deuda de la AEE, US National Bank Association.

En agosto del año pasado, el fiduciario de la deuda de la AEE y varios bonistas de la empresa eléctrica acudieron al foro apelativo luego de que Swain concluyera que estos tampoco tienen derecho a recuperar pago alguno bajo el Plan de Ajuste del gobierno central (PDA). Aunque todavía quedan pendientes de resolución cientos de reclamaciones, el PDA es final y en términos prácticos, la modificación de deudas del gobierno central, es decir, la mayor parte de los pagos que recibieron los acreedores se completó en el año 2022.

Considerando la escritura de deuda de la AEE de 1974, Swain concluyó que la AEE es una entidad distinta del gobierno central. También determinó que el gobierno central nunca ofreció garantías a los bonos de la corporación pública y por ende, el pago correspondiente a la reclamación 50049 es cero.

El resultado de ambos litigios podría incidir en la batalla que libran los bonistas de la AEE y la JSF y que también tiene asuntos de derecho que continúan dirimiéndose en el estrado que preside Swain.

El mes próximo Swain podría decidir cómo se llevará a cabo el juicio acerca de la “reclamación contable” de los bonistas. La reclamación contable es un mecanismo para que los bonistas puedan demostrar que la AEE ha malversado los fondos que ha recibido y que debieron utilizarse para pagar a los bonistas. Este podría ser el preludio para calcular cuánto, finalmente, recibirían los bonistas.

Mientras, a petición de LUMA, y pese a la oposición de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Swain aplazó nuevamente, hasta julio próximo, la moción del operador eléctrico para que se destinen unos $200 millones de las cuentas de la AEE al pago de suplidores.

FUENTE: El Nuevo Día