La propuesta incorpora un aumento de 5% en los costos del programa Medicaid del Plan Vital
El director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, notificó a los presidentes de las comisiones de Hacienda de los dos cuerpos legislativos los riesgos identificados en la propuesta presupuestaria para el año fiscal 2026-2027.
“Como parte del proceso de evaluación, el gobierno ha identificado y atendido proactivamente los principales riesgos fiscales que pudieran impactar la ejecución del presupuesto. En particular, el presupuesto propuesto incorpora un aumento de 5% en los costos del programa Medicaid del Plan Vital, conforme a las proyecciones y análisis fiscales realizados. Además, el gobierno cuenta con reservas identificadas en presupuestos certificados anteriores (‘rollover’) para atender posibles riesgos relacionados con Medicaid, las cuales ascienden a $407 millones”, resaltó el funcionario en una misiva a la que tuvo acceso EL VOCERO.
El proyecto presentado el viernes pasado por la gobernadora Jenniffer González Colón y la Junta de Control Fiscal (JCF) incluye un presupuesto consolidado que asciende a $33,570.9 millones, de los cuales $13,180.5 millones corresponden al Fondo General, $5,457.7 millones al Fondo de Ingresos Especiales y $14,932.6 millones en dinero federal.
Con respecto a la partida del Fondo General, esta representa un incremento de $85.2 millones en comparación con el año fiscal en curso.
“Actualmente, la Junta Fiscal se encuentra evaluando el contrato vigente con los planes médicos o Managed Care Organizations (MCOs), cuyo incremento aproximado de 1.5%, equivalente a cerca de $7 millones, ya está reflejado dentro del aumento de 5% incorporado al presupuesto. Las negociaciones del próximo contrato de los MCOs aún no han iniciado; no obstante, el aumento de 5% ya incorporado en el presupuesto anticipa y mitiga cualquier posible incremento adicional que pudiera surgir como resultado de dichas negociaciones contractuales”, explicó el jefe de OGP.
Rivera Berríos aseguró que OGP continuará monitoreando este asunto, al tiempo que realizará modelos y proyecciones actuariales correspondientes durante las próximas semanas, con el propósito de identificar cualquier riesgo significativo sobre el presupuesto presentado y proponer las acciones correctivas que correspondan.
Otros riesgos considerados en la propuesta presupuestaria son los efectos de la Fase III de la Reforma del Servicio Civil, la culminación de ciertas partidas federales, deficiencias de infraestructura, la necesidad de modernizar los sistemas tecnológicos y las obligaciones de pareo de fondos federales.
“Como parte de esta nueva visión de planificación, la Resolución Conjunta establece varias reservas presupuestarias dirigidas a fortalecer la solidez fiscal del gobierno y a asegurar la disponibilidad de recursos ante necesidades operacionales imprevistas. Entre ellas, se crea la Reserva de Estabilización Presupuestaria, por $51.2 millones, que se nutre de los ahorros identificados durante el proceso de formulación, incluyendo reducciones de gastos operacionales producto de la revisión de gastos a nivel gubernamental, y permite atender deficiencias operacionales que puedan enfrentar las agencias”, resaltó el director de OGP.
Se indicó que también se propuso crear una reserva para atender necesidades de nómina, por $31.6 millones.
En la mira reformas
Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Francisco Domenech Fernández, indicó el domingo a preguntas de EL VOCERO que la partida de $554 millones autorizada por la JCF para emitir los cheques de alivio contributivo no impactará el presupuesto del año fiscal entrante, ya que “se identificaron reservas de años anteriores e ingresos adicionales”.
“Es importante que el pueblo sepa que para el Plan Vital ya este presupuesto tomó en consideración unas reservas del 5 %. En cuanto a los contratos con las aseguradoras para el año en curso, ya se negociaron y están bajo evaluación de la JCF. Eso solo representa un aumento de 1.5%. Los que se tendrían que negociar son para el año prospectivo a partir de septiembre, que es cuando cierra el año fiscal federal”, abundó.
Con relación a las potenciales pérdidas de ingresos propios que podrían experimentar agencias como el Negociado del Cuerpo de Bomberos y los departamentos de Salud y Recursos Naturales en caso de que las funciones relacionadas con la emisión de permisos y certificaciones sean centralizadas en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) —tal y como establece la Reforma del andamiaje de permisología impulsado por el Ejecutivo—, Domenech Fernández dijo que “eso es algo que se está contemplando”.
“Tenemos que ver cómo termina esa Reforma de Permisos para finalmente ver cómo se impactarían esas áreas. No me quiero adelantar porque, como eso está siendo todavía evaluado y la misma gobernadora dijo que está abierto a enmiendas, estamos viendo ese comportamiento”, añadió.
Sobre la reforma contributiva
Este medio también le preguntó al jefe de Aafaf sobre la posibilidad de que la propuesta presupuestaria tuviera ya identificadas las partidas que ayudarían a subsanar los cambios a las tasas contributivas que el gobierno propone establecer a través de su proyecto de Reforma Contributiva, a lo que el funcionario solo dijo que eso es algo que “estamos trabajando y continuaremos hablando durante los próximos meses”.
“Ahora vienen las conversaciones de cómo lograr la reforma contributiva permanente”, insistió.
Sobre la propuesta presupuestaria, Domenech Fernández recordó que es la primera vez desde que el Congreso estadounidense aprobó la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa) en 2016 que el gobierno estatal lidera el proceso de confección del presupuesto del País.
“La junta fiscal revisó y validó los números del gobierno de Puerto Rico y la propuesta se presentó ese presupuesto el viernes pasado temprano en la noche. Auguro que después de estas próximas seis semanas, donde se va a estar evaluando cómo debe ser en la Legislatura, vamos a tener el segundo presupuesto balanceado certificado logrado por Jennifer González Colón, encaminados a cumplir con la Ley Promesa y sacar a la JCF”, subrayó el secretario de la Gobernación.
FUENTE: El Vocero
