Intensifican gestiones para la salida de LUMA
El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández, prevé que en el 2026, LUMA Energy será “un hecho del pasado” y el componente de transmisión y distribución de la red eléctrica será manejado por un nuevo operador.
“Aunque va a tomar mucho trabajo y muchas noches, no solo de este servicio y todo el equipo en la secretaría de la Gobernación, de los jefes de agencia, del zar de Energía (Josué Colón) y su equipo en Alianzas Público Privadas, el pueblo de Puerto Rico verá una red eléctrica estable y confiable con reducciones en la tarifa. Por eso es que vamos a continuar enfocados en ese tema en el 2026, ya que es lo que el pueblo de Puerto Rico pide y se merece”, afirmó el funcionario en entrevista con EL VOCERO.
El también director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) destacó que durante los pasados 11 meses, el gobierno estatal levantó un expediente de numerosos incumplimientos contractuales incurridos por LUMA Energy y señalamientos que apuntan a un pobre desempeño a la hora de obtener reembolsos de los más de $12,000 millones en dinero federal disponible para la reconstrucción del sistema eléctrico del país.
“En el 2026, el pueblo puede esperar que LUMA sea un hecho del pasado y se comience la transición para, finalmente, pasar la página de la pesadilla llamada LUMA y tener energía confiable en los hogares para los equipos médicos y que no pierdan la compra en la nevera, al igual que para el desarrollo económico de Puerto Rico”, sostuvo el funcionario.
Domenech Fernández indicó que, paralelo a los esfuerzos para encaminar la cancelación del contrato, la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón, se reunió con “potenciales operadores sustitutos americanos”.
“Esto no se trata meramente de sacar a LUMA, es que el pueblo tenga una red eléctrica confiable y estable al menor costo posible”, insistió el funcionario en entrevista con EL VOCERO.
Indicó que estas gestiones desembocaron en varias estrategias para remover a LUMA del panorama local, comenzando con el envío de una notificación oficial de “incumplimiento persistente” a mediados de julio por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), que desembocó en una demanda presentada por el consorcio en la corte de Quiebras bajo el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa).
El viernes pasado la jueza Laura Taylor Swain desestimó sin perjuicio dicho recurso al concluir que, aunque cuenta con jurisdicción bajo el estatuto congresional, le correspondía abstenerse de intervenir en la controversia, ya que debe resolverse en el foro local conforme al derecho y a lo dispuesto en el propio contrato original entre las partes.
Demandas regresarán al foro estatal
El gobierno también presentó dos demandas a nivel estatal en contra de la privatizadora -una a nombre de la AAPP y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la otra a nombre de la gobernadora y el gobierno de Puerto Rico- con el fin de invalidar el contrato suplementario que se le otorgó a LUMA en 2022, lo que llevó al consorcio a recurrir nuevamente al foro federal con mociones para trasladar (removal, en inglés) ambas demandas a la corte de Quiebras del Título III.
En ambos casos, la jueza Swain ordenó a las partes presentar un informe de estatus conjunto a no más tarde hoy a las 4:00 de la tarde, sin embargo, Domenech Fernández adelantó a EL VOCERO que el gobierno se apresta a solicitar un ‘remand’ para que se devuelvan ambas demandas al foro estatal.
“La juez Swain lleva sus casos bastante rápido y no se demora mucho, por lo que esperemos que en el primer trimestre del 2026 ya ella tome una decisión de devolver estos casos al foro estatal en donde deben estar, porque si nos vamos al contrato original de LUMA, el acuerdo establece que las disputas sobre contrato se verían en los tribunales estatales”, sostuvo.
Domenech Fernández mencionó además que el plan fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal (JCF) para la AEE establece que debe haber un operador privado para el componente de transmisión y distribución que debe rendir eficiencias y alcanzar ciertos niveles de recobro. Ese documento estipula que es el operador el que debe asumir esos roles, pero no establece que es LUMA, por lo que una cancelación de contrato no debe representar una violación de lo establecido.
“Esperamos que una vez la jueza Swain vea los argumentos, determine que ambos casos deben ser devueltos al foro estatal para que sea el Tribunal Supremo y bajo el derecho de Puerto Rico que se discuta nuestro reclamo de que cuando se otorgó ese contrato suplementario en 2022 no se cumplió con varios requisitos, incluyendo el aval de los dos miembros del interés público (en la Junta de Gobierno de AAPP) y ser presentado ante el Negociado de Energía, al tiempo que extiende una alianza público privada a perpetuidad en vez de un término de tiempo específico, tal y como lo dispone la ley”, abundó.
Impedimento para salida de junta fiscal
Por otro lado, Domenech Fernández recalcó que el desarrollo de estas controversias legales se da en momentos en los que LUMA continúa fallando en varios aspectos cruciales como el manejo de la facturación por la venta de electricidad a los abonados de la AEE.
“LUMA ha sido deficiente a la hora de facturar y cobrar por el uso de la luz, lo que ha causado unos retos en términos de la disponibilidad de dinero, no solo para operar el sistema, sino también para determinar cuánto se puede pagar de la deuda (de la AEE)”, insistió.
De manera similar, el jefe de Aafaf denunció que el consorcio continúa arrastrando los pies en la entrega de información necesaria para la presentación de los estados financieros auditados de la AEE y el propio gobierno de Puerto Rico correspondientes al 2023.
“LUMA no ha entregado parte de la información. Estamos vislumbrando que todavía tomará parte del primer trimestre del 2026 para completar esos estados financieros auditados del 2023. Esto demuestra que LUMA no solo afecta el desarrollo económico y el diario vivir de los ciudadanos que residen en la Isla, sino que también impacta el cumplimiento fiscal del gobierno”, agregó.
Según Domenech Fernández, la demora en la entrega de números ha convertido a LUMA en un serio impedimento para lograr la salida de la junta fiscal, ya que los estados financieros auditados son pieza esencial de los requisitos establecidos por el Congreso de Estados Unidos para poner fin al ente de supervisión.
FUENTE: El Vocero
