El consorcio no ofreció un motivo para el cambio de fecha
La jueza federal Laura Taylor Swain accedió ayer al pedido de LUMA Energy para volver a posponer la discusión del recurso presentado para que la corte de quiebras -bajo la Ley Promesa- declare como gasto administrativo los más de $202 millones presuntamente adeudados al consorcio por el gobierno de Puerto Rico.
En su moción, el operador del componente de transmisión y distribución de la red eléctrica informó a la corte que acordó con la Junta de Control Fiscal (JCF) remover el asunto de la vista ómnibus del 18 de marzo y discutir el tema en una audiencia pautada para el 20 de mayo.
El consorcio indicó a la corte que se comunicó con las autoridades para las Alianzas Público Privadas y de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAPP y Aafaf, respectivamente) sobre su postura con relación al nuevo cambio de fecha, y que ambas agencias puntualizaron que ya han invertido recursos significativos en la preparación de su respuesta al reclamo.
El consorcio no ofreció un motivo para el cambio de fecha.
“Esta es la tercera posposición con relación al recurso solicitado lo que demuestra que las circunstancias presentadas no reflejan el tipo de inmediatez que justificaría la acción solicitada. Por lo tanto, AAPP y Aafaf entiende que, dada la nueva posposición, LUMA debería retirar su moción sin perjuicio”, plantearon las dependencias gubernamentales en la moción.
A raíz del cambio, las partes con interés en el caso ahora tendrán hasta el 5 de mayo para objetar el intento de LUMA para que se declare como gasto administrativo el dinero que el gobierno le transfiere para el pago de suplidores.
LUMA alega que el “historial consistente de falta de financiamiento por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a las cuentas operacionales” los obligó a dejar pendientes de pago a numerosos suplidores por trabajos realizados en la red que totalizan sobre $202 millones.
De igual forma, dice que la “negativa del gobierno” para destinar más dinero público a la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no le dejó otra alternativa que tomar acción legal “para asegurar que estos suplidores, muchos de ellos pequeñas y medianas empresas locales, reciban el pago que se les adeuda”.
En la mira cargo por pensiones
La jueza Swain estableció el 4 de marzo como la fecha límite para someter documentos en oposición a otra moción presentada a través de la cual se procura levantar la paralización (‘stay’) de litigios relacionados a la quiebra de la AEE. Esto, para discutir una acción de clase que busca invalidar el cargo provisional que autorizó el Negociado de Energía para financiar el Sistema de Retiro de la AEE mientras se efectúa la revisión de la tarifa del servicio eléctrico.
El argumento detrás de la demanda plantea que la ley no habilita al ente regulador a incluir en la tarifa obligaciones no pagadas de la corporación pública para sus pensionados, por lo que el cargo supuestamente constituye una incautación de propiedad privada sin justa compensación y enriquecimiento injusto.
FUENTE: El Vocero
