La principal excepción fueron las asignaciones al componente de salud, ante las preocupaciones del organismo sobre el financiamiento del Plan Vital
El presupuesto para el año fiscal 2026-2027 que recibió el viernes la Legislatura –producto del acuerdo entre el Ejecutivo y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)– contiene recortes a las partidas provenientes del Fondo General en 17 de las 27 áreas del aparato estatal, aunque en balance exhibe un aumento respecto al plan de gastos corriente, atribuible, sobre todo, a las asignaciones destinadas al componente de salud.
Al remitir el presupuesto a la Asamblea Legislativa, el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, reiteró las preocupaciones del organismo en torno al financiamiento de la tarjeta de salud, si bien las asignaciones de Medicaid para Puerto Rico están aseguradas hasta septiembre de 2027, tres meses después que concluya el venidero año fiscal.
“Observamos que el programa de Medicaid continúa siendo un riesgo significativo al presupuesto del Estado Libre Asociado para el año fiscal 2027. Aunque Puerto Rico, al presente, recibe un porcentaje de asistencia médica federal (FMAP) mejorado, el tope federal estatutario fundamentalmente altera cómo ese pareo opera en la práctica en comparación con los estados de Estados Unidos. Cuando el nivel de gastos excede el tope federal de Medicaid, cualquier costo incremental no recibirá ningún pareo federal y deberá sufragarse enteramente con fondos territoriales. Esto coloca presión considerable tanto sobre el programa de Medicaid como el Fondo General”, advirtió Mujica.
Para el componente gubernamental de salud –que incluye al Departamento de Salud, la Administración de Seguros de Salud y la Administración de Servicios Médicos, entre otras–, se propusieron $1,815 millones provenientes del Fondo General, monto que excede en casi $169 millones la partida del año fiscal corriente. Se trata del aumento interanual más significativo que la JSF y la administración de Jenniffer González propusieron.
Mujica, en su misiva a los presidentes del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, detalló que la partida para cubrir el pareo estatal del Plan Vital representa el 7.7% del Fondo General, que asciende a $13,180 millones, ligeramente por encima de los $13,096 millones el presupuesto corriente.
“Aunque el presupuesto del año fiscal 2027 incluye un aumento de aproximadamente 5% en costos de Medicaid, el gobierno todavía negocia los contratos con las organizaciones de cuidado coordinado (aseguradoras), y al momento no hay suficiente información para determinar el impacto fiscal total para el año fiscal entrante. Si los costos negociados finalmente exceden las cuantías presupuestadas, se requeriría identificar fuentes adicionales para cubrir los gastos”, señaló Mujica.
Bajo la ley permanente, el gobierno federal parea el 55% de los servicios provistos bajo la tarjeta de salud de Puerto Rico, hasta un tope de cerca de $500 millones anuales. Desde 2022, sin embargo, está vigente una ley que eleva el pareo, conocido como FMAP, hasta el 76%, con cuantías que superan los $4,000 millones al año. Esa ley, no obstante, vence el próximo año fiscal federal, que culmina en septiembre de 2027, por lo que, de no lograrse nueva legislación congresional, la asignación a Puerto Rico revertiría a los $500 millones, dejando un precipicio de más de $3,500 millones.
Reducciones al sector educativo
En el presupuesto que considerará la Asamblea Legislativa –cuyos cuerpos llevan meses celebrando vistas con las agencias públicas–, también se propuso un aumento de $159 millones a las partidas bajo custodia del Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se liberarían a propósitos específicos de cumplirse con determinados requisitos fiscales. En total, estas dos dependencias tendrían a su cargo $3,564 millones, frente a $3,404 millones en el presupuesto vigente.
El sistema correccional –que incluye los servicios de salud a confinados– y la Oficina de la Gobernadora son las otras dos áreas que verían aumentos millonarios del Fondo General, con alzas de $17.7 millones y $14.4 millones, respectivamente.
Al otro lado de la moneda, se encuentran el Departamento de Educación, al que se le restarían $63 millones de su asignación vigente de $3,045 millones, y la Universidad de Puerto Rico (UPR), que retornaría a los $501 millones provenientes del Fondo General, después de recibir $561 millones en el año fiscal 2025-2026, una reducción de $60 millones.
Desde marzo, todos los recintos de la UPR han experimentado cierres de portones, en medio de reclamos que se concentran en la salida de la presidenta Zayira Jordán Conde y que se devuelvan las asignaciones gubernamentales al 9.6% del Fondo General, como establecía la ley orgánica de 1966. Los $501 millones propuestos, en cambio, representan, menos del 4% del proyecto de gastos gubernamental.
Otras áreas que reciben recortes incluyen el componente de seguridad (reducción de $41 millones), en el primer año presupuestario desde que la Policía se separó del Departamento de Seguridad Pública, la Legislatura ($10 millones) y la Rama Judicial ($9 millones).
En un vídeo publicado el viernes, González subrayó, sin embargo, que el presupuesto sometido incluye $44 millones para mejorar los salarios de los policías, $15.6 millones para la adquisición de equipo de seguridad en la Uniformada y $20 millones para aumentar los sueldos de oficiales correccionales.
Al considerar los fondos federales proyectos y los fondos de ingresos especiales, el presupuesto consolidado para el año fiscal 2026-2027 aumentará de $32,713 millones a $33,570 millones, un alza de 2.6%.
FUENTE: El Nuevo Día
