El secretario de la Gobernación aseguró que los fondos federales para mejoras al sistema de transmisión y distribución no están en riesgo
El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, aseguró que los fondos federales asignados a LUMA Energy para la reconstrucción del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica no se verán afectados del tribunal determinar que el contrato con el consorcio es nulo desde su inicio, según alegó el gobierno en la demanda radicada contra la empresa.
En la demanda radicada el jueves pasado, el gobierno solicitó que el contrato con el consorcio se declare nulo “ab initio” por entender que se extendió de forma ilegal en el 2022.
“Los fondos federales no están para nada en riesgo porque su recipiente es la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Acuérdate que LUMA opera en virtud de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es la Autoridad de Energía Eléctrica la que recibe esos fondos”, sostuvo el también director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Afaaf).
“Todos los proyectos de reconstrucción que se le están haciendo a la red son válidos. Son proyectos de la Autoridad de Energía Eléctrica que, obviamente, al LUMA estar contratada por el gobierno bajo la Autoridad de Energía Eléctrica, se supone que los ejecuten. Así que el pueblo puede estar tranquilo de que ningún fondo ni ningún proyecto de reconstrucción está en peligro”, enfatizó.
La demanda expone que el gobierno y LUMA pactaron un contrato de compensación fija que entraría en vigor tras resolverse la reestructuración de la deuda de la AEE. Al mismo tiempo, se firmó un contrato suplementario concebido como un acuerdo temporero que vencía en noviembre de 2022.
No obstante, el 30 de noviembre de 2020, la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), la Junta de Control Fiscal (JCF) y la Junta de Gobierno de la AEE aprobaron extender el contrato suplementario sin fecha fija de vencimiento.
El recurso que presentó el gobierno reclama que dicha extensión fue ilegal, carecía de aprobaciones esenciales y provocó perjuicio al interés público, por lo que solicitaron a la corte reconocer que ambos contratos expiraron y a decretar una transición ordenada en la operación del sistema eléctrico.
“No son amigos del alma”
“El proceso que se llevará a cabo para sustituir a LUMA es un proceso que está regulado por leyes… y nosotros cumpliremos con el mandato de esas leyes para realizar ese proceso conforme a eso”, indicó el zar de energía, ingeniero Josué Colón, en conferencia de prensa desde La Fortaleza.
“Ahora bien, ¿cómo se llevará a cabo esa transición sin que afecte el servicio y sin que afecte a los clientes? En la petición que le hemos hecho al tribunal, estamos ya… (solicitando) que autoricen un periodo y marco legal que esté debidamente detallado de cómo se va a llevar a cabo”, explicó el también director ejecutivo de la AAPP.
Domenech aseguró que tanto él y Colón, quien recalcó que no firmó la carta de extensión cuando fungió como director de la AEE en el 2021, llevan “meses hablando con compañías” que podrían reemplazar a LUMA, garantizando que se llevará a cabo un proceso transparente.
“Las compañías no son amigos del alma. Precisamente, se están buscando compañías que tengan la experiencia de manejar una red eléctrica como la nuestra y sí, los nombres (de las empresas) y el proceso se va a saber. Tenemos una gobernadora que… cree en la transparencia. En estos momentos, como esas conversaciones todavía se están dando… no se están revelando los nombres. Pero antes de que haya una contratación, tiene que haber un proceso de contratación, y, cuando se dé ese proceso, claramente se va a informar”, puntualizó Domenech.
Cuestionado sobre por qué el gobierno demoró tres años en darse cuenta sobre la posible ilegalidad del contrato, Domenech recalcó que, durante el pasado cuatrienio, “no hubo una fiscalización de LUMA” de parte del exsecretario auxiliar de asuntos energéticos, Francisco Berríos Portela, quien a inicios de año asumió un nuevo puesto en Quanta Services PR, subsidiaria de LUMA.
“Si a alguien hay que preguntarle porque no fiscalizó y después pasó a trabajar a LUMA, es a ese exfuncionario”, puntualizó Domenech.
Por su parte, Colón destacó que, desde que asumió la jefatura de la AAPP, “nos enfocamos en supervisar y fiscalizar las operaciones y el desempeño de LUMA durante todos los meses, y eso no se ha detenido”.
En espera del Supremo
El gobierno también presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, conocido como certificación intrajurisdiccional, para que el máximo foro acoja o asuma jurisdicción sobre el pleito, dado el alto interés público que representa la controversia.
“El Tribunal Supremo todavía no se ha expresado sobre la certificación. Siguen los asuntos tal cual quedaron el viernes, que es que hay una vista el 22 de septiembre a las 9:30 en el Tribunal de Primera Instancia”, indicó Domenech ayer en la mañana.
Mientras que el director ejecutivo de LUMA, José Pérez, afirmó que retarán la demanda, señalando que los equipos legales de la empresa llevan meses planificando estrategias porque, al ser una promesa de campaña de la gobernadora Jenniffer González, anticipaban que se produciría una acción legal para empujar su salida.
FUENTE: El Vocero
