El CRIM utiliza parte de los recaudos de la amnistía para saldar miles de préstamos que se pagaban del Fondo de Equiparación
El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y la Autoridad para la Recuperación de la Deuda (DRA, en inglés) llegaron a un acuerdo para reestructurar unos $131 millones en financiamientos que quedaban pendientes en los libros del desaparecido Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
El acuerdo se concretó hace poco más de una semana y, entre otras cosas, permitió que unos 64 municipios cancelaran sus deudas con la desaparecida institución financiera, al tiempo que pone fin a una transacción que se gestionó hace unos 20 años, según la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).
La DRA es la entidad sucesora que heredó los préstamos y activos del BGF. Ello, luego de que, en el 2018, la institución financiera reestructuró sus obligaciones bajo el Título VI de Promesa y cerró sus puertas. DRA, a su vez, actúa como agente de cobro para pagar los bonos reestructurados del BGF.
Como parte de la reestructuración del BGF, que restituyó aproximadamente unos 45 centavos de dólar a los bonistas, se estableció que si los bonos reestructurados -ahora bajo DRA- no pueden honrarse, lo que ya ha sucedido en varias instancias, estos pagos se acumulan para ser efectuados posteriormente.
Según la divulgación de la Aafaf, el acuerdo entre el CRIM y DRA permitió modificar unos $131 millones -en principal e interés- que la agencia tributaria municipal adeudaba, en nombre de los municipios, al BGF.
Específicamente, el acuerdo permitió recortar un 28% del balance adeudado y pagar a la DRA con una combinación de efectivo y bonos.
“El acuerdo alcanzado con estas obligaciones es otro ejemplo claro de que siempre que sea legal y financieramente posible, utilizaremos los mecanismos disponibles bajo Promesa para alcanzar acuerdos consensuales con los acreedores de deuda pública y así evitar litigios costosos y extensos en beneficio de los municipios y sus constituyentes”, indicó en declaraciones escritas el director ejecutivo de la Aafaf y secretario de Estado, Omar Marrero.
Marrero indicó que por tratarse de una transacción consensual no hubo necesidad de reclutar un banco de inversión.
El asesor financiero del CRIM fue Ad Astra Solutions y Ankura Consulting, la firma que ha asistido a Aafaf en el proceso de reestructuración. Pietratoni Méndez & Alvarez fungió como asesor legal.
El acuerdo entre el CRIM y DRA establece que tras la condonación de parte del balance adeudado, el CRIM pagará unos $94 millones en una combinación de efectivo y en plazos de dos y tres años. DRA recibirá unos $62.5 millones en efectivo y la diferencia en la forma de dos notas de tasa variable, con un tope de 6.25%, por $5.2 millones y $26.3 millones, respectivamente.
La amnistía del CRIM
El dinero en efectivo saldrá de la amnistía que el CRIM lanzó el año pasado y que allegó poco menos de $200 millones a la agencia tributaria municipal. Habida cuenta que los recaudos por el impuesto a la propiedad se adjudican por municipio, en las negociaciones con la DRA, el CRIM utilizó el efectivo para saldar lo adeudado por unos 64 ayuntamientos. Aquellos municipios que todavía quedaron con balances serán los que pagarán las notas emitidas.
“El alivio que se obtuvo como resultado de la implementación exitosa del Programa de Cobro de Deudas Morosas es algo que no debemos subestimar”, indicó el director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua Látimer, quien agregó que esa iniciativa permitió resolver “una cantidad sustancial” de lo adeudado por los ayuntamientos.
Según el CRIM, luego del pago a la DRA, los ayuntamientos recibirán unos $124.4 millones por concepto del programa de amnistía y que se entregarán a los municipios a través de las partidas de contribución básica y contribución básica alterna.
Al darse a conocer el acuerdo, el gobernador Pedro Pierlusi sostuvo que el pacto “es consistente con mi política pública de apoyo a los municipios para que puedan continuar los servicios esenciales que le ofrecen a nuestro pueblo”.
“A pesar de los retos que enfrentamos diariamente, y de nuestros desacuerdos con la Junta (de Supervisión Fiscal) estamos enfocados y comprometidos con encontrar soluciones responsables para mantener el bienestar de las partes afectadas como prioridad”, sostuvo por su parte, el presidente de la junta de Gobierno del CRIM y alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri.
El acuerdo entre el CRIM y la DRA se produce justo cuando el Fondo de Equiparación tiene sus días contados. Como parte de las directrices establecidas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el gobierno central debe suspender los subsidios a los municipios que llegaban en la forma de aportaciones al Fondo de Equiparación, una determinación que se alega pone en riesgo la viabilidad futura de decenas de ayuntamientos, cuyos recaudos no son suficientes para financiar la operación municipal.
Una deuda de 22 años
El acuerdo entre el CRIM y la DRA pone punto final a la perdidosa transacción que la agencia tributaria pactó hace poco más de dos décadas bajo la premisa de que tendría la capacidad de recobrar impuestos atrasados.
Para finales de la década de 1990, el CRIM decidió vender sus deudas atrasadas, cuyo recobro se confió a un ente privado, y ante el fracaso de esa gestión, la agencia tributaria municipal se vio obligada a recomprar los gravámenes de impuestos a la propiedad en manos de la Corporación de Financiamiento Público (PFC, en inglés). Para ello, tomó prestado al BGF. Luego, en el año 2000, el CRIM tuvo que incurrir en otro préstamo con el BGF para cubrir los pagos en exceso de remesas municipales. En ambas instancias, el CRIM pagaría al BGF obteniendo la partida particular de los municipios beneficiados.
Fuente: El Nuevo Día
